“En la pasada Gala de los Goya, Fernando Velázquez, nacido en Vizcaya, y ganador del premio a la música original por Un Monstruo viene a verme, incluía entre sus agradecimientos uno dedicado a la Escuela de Música de su pueblo”.
Jazmín Beirak, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, ilustra con esta anécdota el éxito de la educación musical no reglada y que, a diferencia del País Vasco, está sufriendo dramáticos recortes en la capital.
La guerra se remonta a 2012, cuando el entonces presidente de la Comunidad, Ignacio González cortó de raíz las ayudas a las escuelas municipales de música y danza. Estos centros habían nacido de la mano de la LOGSE en 1992 para ofrecer una alternativa a la estricta vía profesional de los conservatorios y bastante más económica. Sus paredes llegaron a albergar a 265.000 alumnos en toda España y a más de 38.000 solo en la región de Madrid.
Por entonces la financiación provenía de los consistorios de cada municipio, de la matrícula de los estudiantes y de la Comunidad. En época de vacas flacas, la aportación de esta última se redujo a 6 millones anuales en 2008, que suponía un 16% de media para cada escuela de Madrid. Pero cinco años más tarde no hubo una rebaja en los presupuestos, sino una volatilización. Y así hasta 2017, con Cristina Cifuentes tomando la senda de su -ahora encarcelado- predecesor y sin destinar ni un solo euro a las escuelas municipales.
La financiación por tercios de las escuelas de música y danza no es un capricho de los consistorios, sino que fue recomendada por la Unión Europea en el año 1996 dada la fragilidad económica de este tipo de centros. Y no era ninguna exageración. En cuanto el gobierno regional retiró sus ayudas, decenas de escuelas tuvieron que echar el cierre, privatizarse o establecer unas tasas inasumibles para muchas familias.
Podemos, apoyado por el PSOE, presentará una propuesta no de ley el próximo 1 de junio en la Asamblea de Madrid para instar a la Comunidad a que cambie de opinión. Lo hará avalado por 27 mociones aprobadas en varios ayuntamientos, que exigen recuperar aunque sea un porcentaje del dinero del Gobierno regional y crear un marco legal inexistente en la capital.
“A diferencia del resto de comunidades autónomas, en Madrid no hay ningún reglamento que diga cómo funcionar. Entre 1992 y 2003 PaiÌs Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias, AndaluciÌa, Baleares, La Rioja, Castilla-La Mancha, AragoÌn y la Comunidad Valenciana crearon su marco normativo”, dice Jazmin Beirak.
El argumento esgrimido por el PP es que las escuelas son de competencia municipal, y que los ayuntamientos son los que deberían hacerse cargo de la financiación. Sin embargo, los populares ya apoyaron la ayuda dividida en tres tercios en 2001.
Este detalle provoca una enorme desigualdad entre regiones y municipios, en los que a veces son monitores de tiempo libre sin titulación los que están al mando de las clases. “Muchos profesores no pudieron asumir la bajada del sueldo porque cada vez tenían menos alumnos y no les merecía la pena ni ir a trabajar. El transporte público les costaba más de lo que ganaban”, cuenta Vicente Herguido, presidente de la Asociación Madrileña de Alumnos de Música y Danza (AMAMyDAN).
A partir de 2012, cada centro intentó salvar los muebles como pudo, aunque algunos pueblos no pudieron asumirlo y recurrieron a una subida del 300% en las tasas, como ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, donde los alumnos pasaron de pagar 45 euros mensuales a 140. “En las trece escuelas de Madrid capital había 6.200 alumnos inscritos y se perdieron unos 2.000 o 2.500”, detalla Herguido.
Su asociación no dispone de cifras a nivel regional, puesto que con los recortes también prescindieron del departamento que recogía los datos, aunque han hecho una aproximación de 29.000 alumnos respecto a los 38.000 de hace cinco años. “Aún así las estadísticas no le salieron tan mal al PP. Lo que no cuentan es que muchas de las escuelas cubrieron las plazas con las listas de espera; alumnos de la etapa inicial (más barata) y que querían entrar para poder acceder después a un conservatorio”, revela el presidente de AMAMyDAN.
Lo que exigen las plataformas y los grupos parlamentarios que defienden la supervivencia de estas escuelas es que no se cubra la situación de muchas familias con un tamiz de porcentajes. “Ahí no se refleja la realidad, la de muchos alumnos que lo tuvieron que dejar y les afectó muchísimo. Tuvimos reportes de fracasos escolares, problemas psicológicos, e incluso cierta rebeldía en el hogar”, se lamenta Herguido.
El PP, con los conservatorios
“Nosotros lo que planteamos es recuperar el presupuesto del año que más hubo, que fue en 2007. En ese momento, la aportación de la Comunidad de Madrid era entre seis y siete millones de euros”, indica la representante de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Jazmín Beirak ya interpeló al Consejero de Educación y Cultura, Rafael van Grieken, en en octubre de 2016. “¿Qué acciones desempeña la Comunidad para apoyar las escuelas de música y danza de la capital?”, preguntó ella en la Asamblea de Madrid. “El Gobierno regional proporciona, a aquellas escuelas que lo solicitan, asesoría técnica y orientación en aspectos tanto académicos como de funcionamiento”, contestó él.
La posición de los populares madrileños no ha variado ni un ápice casi un año después. “La Comunidad de Madrid ayudó a establecer estas escuelas y, desde 2012, enfoca sus recursos en competencias propias: los conservatorios profesionales de música y danza”, cuentan desde el departamento de prensa de la Consejería. Insisten en que es responsabilidad de los ayuntamientos y se agarran a “la ley de racionalización del gasto de las administraciones, para evitar duplicidades, y en la ley orgánica de educación, que recoge la prestación de servicios de cada organismo”.
Beirak, aún así, se muestra optimista ante la proposición no de ley del próximo jueves. “Se han presentado mociones en 27 municipios y se han aprobado en casi todos menos en dos. En general, el PP está votando a favor o se están absteniendo. Entendemos que el partido autonómico tiene que ser sensible a lo que demanda, no solo el resto de grupos parlamentarios, sino su propio partido”, dice esperanzada. “El siguiente capítulo serán los presupuestos para 2018. Ahí veremos si se alcanza un acuerdo”.
Sin embargo, el Gobierno regional no concibe un cambio de postura. “A día de hoy esto es lo que se va a defender desde la Comunidad de Madrid”, dicen con toda seguridad, aprovechando también para recordar que invierten “un total de 35 millones de euros en la oferta de las enseñanzas profesionales de música y danza”.
Las pérdidas sociales
“En Tres Cantos, los alumnos asumen el 65%. En Paracuellos han aumentado un 30% las tasas a las familias. En Ciempozuelos, uno de los referentes a nivel estatal y con un proyecto pedagógico realmente bueno, hicieron el primer ERE local y echaron a todos los profesores. Hoy hay monitores de tiempo libre. En Navalcarnero, se redujo de 32.000 euros de presupuesto en 2006, a 18.000 en 2012”. Todos estos ejemplos los enumera Beirak a modo ilustrativo, aunque hay muchos más.
Una muestra de que esta educación musical no reglada funcionaba en muchos municipios y daba la oportunidad a niños y no tan niños (se aceptan personas de hasta 99 años) de acercarse a este arte sin más pretensión que la de disfrutar y ejercitar el músculo creativo. “Se pierde la parte sociocultural, la relación que se establece con la ciudadanía en los conciertos o los eventos del pueblo”, recuerdan desde AMAMyDAN, donde también hacen hincapié en la merma de instrumentos menos populares. “Se quedan los que interesan a las empresas: el piano o la guitarra”, critican.
Pero, sobre todo, se pierde una oportunidad accesible de crear aficionados. España va a la cola de la enseñanza musical (donde solo se cursa una hora a la semana en Primaria) y las nuevas generaciones cada vez están menos motivados a practicar este arte, como hobby y sin presiones laborales. “El objetivo de la enseñanza en cultura debe ser mucho más amplio que la mera búsqueda de salidas profesionales”, recuerda la diputada de Podemos.
“Quizás acercar el arte y la cultura a la ciudadanía permite generar nuevos públicos que sostengan en el futuro al sector y a la industria. Eso es hacer política cultural”, remata Jazmín Beirak.