El pianista James Rhodes ha anunciado en redes sociales la creación de una fundación de ámbito social desde la que, entre otras cosas, colaborará con bancos de alimentos, pagará la luz de residencias y hospitales, ayudará en albergues y otorgará ayuda psicológica. Rhodes ha explicado que ha dado la instrucción a su abogado para su fundación, y que le llevará “unas semanas” para estar “operativo” debido a la “cantidad asombrosa de papeleo para completar y certificar”.
El artista quiere que esté lista cuanto antes, y también ha iniciado una consulta en Twitter para preguntar a sus seguidores dónde quiere que se gaste el dinero de la fundación. “Creo que es mejor para todos regalar dinero que comprar mierda que realmente no necesito”, ha asegurado y pedido ideas en forma de respuestas a su comentario o de mensaje directo.
Tres horas después, James Rhodes ha cerrado “las respuestas” debido al gran número de comentarios recibidos. “Estoy abrumado por la cantidad de personas que se ofrecen a ayudar. Gracias. Responderé en privado a su debido tiempo. Creo que el apoyo psicológico y el apoyo/compañía a los de la tercera edad son prioritarios. Sois lo más. Juntos, más fuertes”, ha comunicado en Twitter.
El pianista lleva seis años en España, y en 2020 logró por fin la nacionalidad española, lo que calificó como el mejor regalo de su vida. El músico saltó a la popularidad por sus conciertos, pero especialmente por su libro de memorias Instrumental, editado en España por Blackie Books y en el que contaba cómo fue víctima de abusos durante su infancia y cómo su vida ha estado marcada por esa tragedia, también cómo escuchar a Rajmáninov en bucle durante su adolescencia y descubrir el Adagio de Bach en un ala psiquiátrica le ayudó a combatir sus demonios y a transformar su vida.
Su testimonio y sus memorias hicieron que incluso se bautizara como ley Rhodes la ley de protección a la infancia frente a la violencia, aprobada en el Congreso de los Diputados el año pasado, que incluye medidas de prevención innovadoras, y cambios en la duración de los delitos de abusos sexuales para evitar que prescriban antes de que la víctima dé el paso de hablar. A partir de ese cambio se comienza a contar cuando la víctima tiene 35 años y no 18, para evitar el archivo de muchas denuncias.