Ni siquiera una pandemia, que levantó la tapa de las cloacas del sector artístico, ha servido para corregir las deficiencias de la situación laboral de los músicos que en gran medida hacen equilibrios sobre un trabajo precario, intermitente, proclive al fraude y exento de protección. Muchos se quedaron sin acceso a ayudas durante aquel aciago 2020.
Quien dice muchos, dice muchísimos. La Coordinadora Sindical de Trabajadoras/es Músicos (CST-Músicos) cifró en un 90% el número de “invisibles administrativos” que antes de la COVID-19 “actuaban irregularmente sin contrato, sin alta y que, para cobrar, facturaban como falsos autónomos”, apunta Juan José Castillo, director ejecutivo de este sindicato sectorial. Aquellas marchas, manifestaciones, apagones culturales y otras acciones tenían unas ambiciones que no se han completado, aunque el Estatuto del Artista, pausado por el adelanto electoral, ha hecho avances en materia de protección social.
Basta con preguntar por la profesión para percatarse del gran agujero negro que opera desde ni se sabe. El cantautor Nacho Vegas la define con tres palabras “búscate la vida”, y aunque puntualiza que ese no es su caso “ni el de otros que han conseguido labrarse una carrera o al menos subsistir”, sí es el de la gran mayoría: “Las bandas y artistas que empiezan”. José Sánchez, de la Unión de Músicas de CNT, es tajante al respecto y describe la situación como “precaria, sin discusión ninguna” y matiza que “lleva mucho tiempo así y cada vez va a más”.
Un problema que para Elío Ferrán de la banda La Jetée, no es ajeno a “la lógica más turbocapitalista y neoliberal que pretende imponerse en las últimas décadas y que hace desaparecer a la clase media”. Es esta percepción coyuntural la que explicaría que haya “un pequeño circuito de músicos y empresas que copan el mercado y se ganan muy bien la vida” y, en un plano inferior, “una masa enorme en la que se mezclan aspirantes a profesionales y profesionales que aun trabajando en ello, no pueden vivir exclusivamente de su trabajo”, describe Ferrán.
Guillermo McGuill, secretario de Unión de Músicos, dibuja el escenario real aportando cifras que ilustran la precariedad: solo la mitad de los músicos superan en sus ingresos anuales brutos los 14.000 euros, el Salario Mínimo Interprofesional, según una encuesta a medio millar de artistas que encargó esta entidad, con financiación de la SGAE, y que se publicó en mayo de 2022 [PDF]. Pero eso es gracias a que reciben ingresos tanto dentro como fuera de la música. Si nos fijamos únicamente en la retribución de su trabajo como músicos, vemos que la gran mayoría (69%) ingresa por debajo de los 7.000 euros anuales. Solo el 10% supera los 14.000.
Al principio todo era 'en negro', solo cuando la cosa se ponía seria te planteabas ser autónomo, aunque antes de llegar a eso alguien facturaba por ti o te buscabas una cooperativa
Cuando el estudio se fija en los artistas dados de alta como autónomos en la Seguridad Social, encuentra que más de la mitad de ellos (58%) genera menos de 700 euros al mes. Los mileuristas son apenas un 12%. “Al principio todo era 'en negro' ―recuerda Nacho Vegas―, solo cuando la cosa se ponía algo seria te planteabas ser autónomo, aunque antes de llegar a eso se pasaba por un limbo en el que alguien facturaba por ti o te buscabas una figura jurídica con algún vacío legal que te permitiese hacerlo”, dice en referencia a fórmulas como las cooperativas de artistas, a las que recurren un 23% de los músicos, según el citado estudio.
“Era un fraude, sí, pero no había otra manera de hacer música que fuera sostenible”, explica Vegas. “Muchas veces el trapicheo se hacía con la connivencia de la administración”, añade, y aporta como ejemplo “un ciclo municipal en los 90 para artistas emergentes en Xixón en el que a los músicos se les pagaba una cantidad irrisoria mediante un pagaré que tenía tanto valor legal como una servilleta”.
¿Relación laboral o mercantil?
Esta dicotomía entre relación laboral y mercantil entorpece cualquier acuerdo entre sus partes. Se trata de un modelo enquistado, inamovible desde que, en los años 80, se extendieran las actuaciones en bares y plazas. A partir de entonces los empresarios, ya sean gestores de salas, o promotores de ciclos y festivales de ámbito privado o actuando para la administración pública, rara vez contratan a los músicos, por no decir nunca, según indican desde los sindicatos. “La norma es que les exijan factura sin interesarles si están o no dados de alta en autónomos. Y también, casi siempre, les pagan en B”, indica Juan José Castillo, cuyo sindicato lleva años solicitando que se contrate a los músicos para tocar durante las horas en las que se produce la actividad.
Si los músicos fueran mis trabajadores, podría exigirles que vistieran un uniforme o incluso el repertorio, pero esto no es así, no lo son
Alberto Grandío, presidente de ACCES, asociación que reúne a más de 175 salas de conciertos, defiende el modelo mercantil apelando a una supuesta ausencia de dependencia de la actividad artística: “Si fuera yo quien los asegurara, serían mis trabajadores y podría exigirles que vistieran un uniforme o incluso el repertorio, pero esto no es así: no son mis trabajadores” y traslada dicha responsabilidad a los músicos o a sus agencias de contratación. José Sánchez, tiene una visión opuesta sobre la laboralidad y argumenta recurriendo al Estatuto de los Trabajadores que “en su artículo 2, sección 1 y letra e indica que las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales son personal laboral que tiene una relación especial con su contratador”, un debate que considera muerto pero “es encendido constantemente por una industria interesada en beneficiarse de no cumplir las leyes”.
A los noveles, sí
La sempiterna polémica propició, hace unas semanas, que UGT, CCOO, CNT y CST-Músicos emitiesen un comunicado conjunto para aplaudir “el giro laboral que supone el Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou” al incluir en las bases del concurso el alta en la Seguridad Social para sus ganadores, y animaban al festival a “extender el contrato laboral a todos los artistas participantes”.
Javier Arnaiz, director de Mad Cool Festival, asegura que la medida fue implantada “no solo con la primera edición de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, sino con todas las ediciones del consolidado talent de bandas”. El motivo por el que a estos artistas noveles sí se les contrata es porque se trata de “artistas que no tenían representantes ni agencias detrás”, a lo que añade que es su “labor darles de alta para ofrecerles las condiciones laborales que cumplan la legislación vigente”. Juan José Castillo cree más bien que ha sido “la actuación de la Inspección de Trabajo, consecuencia de distintas denuncias sufridas por el festival” la que ha propiciado, de manera reciente, la contratación.
Al respecto de la contratación del resto de artistas del cartel, el director de Mad Cool aclara que se realiza “a través de las agencias, management o las empresas de los propios artistas” que entiende tienen “cerrados sus acuerdos laborales con sus representados y/o trabajadores” y son con las que se establecen “acuerdos contractuales”.
El artista autónomo
En el caso de que un músico entienda que debe cotizar bajo el régimen de autónomos, surge esta pregunta: ¿se gana lo suficiente para asumir su cuota de autónomos? (Pasados los dos primeros años con una tarifa plana de 70 euros, la cuota mínima está en menos de 200). Solo un 19% de los compositores y un 30% de los intérpretes emite facturas como autónomo, según el estudio de Unión de Músicos.
Elío Ferrán no cree que el debate deba enfocarse en esta cuestión sino en “si es justo que esa sea la relación laboral y recaiga todo el riesgo y obligaciones sobre los músicos”. En el caso de su banda, desvinculada de agencias, sí reconoce emplear la fórmula mercantil: “Lo hacemos todo nosotros, facturamos a las salas y no nos vuelven a ver”, pero sí entiende que “unos músicos que tengan una relación más continuada con una empresa que les lleve el booking [contratación], deberían ser empleados de esa empresa, porque si no estaríamos ante la figura del falso autónomo”.
Solo un 19% de los compositores y un 30% de los intérpretes emite facturas como autónomo, según el estudio de Unión de Músicos
Nacho Vegas, por su parte, lo tiene muy claro: “Los músicos somos trabajadores y trabajadoras, eso es inobjetable”, definición en la que incluye “al personal técnico y a toda la gente que trabaja en escenarios u oficinas y que hacen posible que sigan existiendo conciertos”, para terminar dándose contra un muro, “lo que ocurre es que en nuestro sector la patronal está desdibujada o atomizada”, se lamenta.
A la búsqueda de la patronal
Y aquí surge una segunda pregunta: ¿Quién es la patronal? Promotores, salas, agencias, sus distintas asociaciones... nadie asume ese papel. Es más, huyen de la terminología propia del lenguaje sindical, extremo que dificulta e incluso impide cualquier negociación laboral para el sector. Un problema evidenciado en el Convenio Colectivo de aplicación para personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos, firmado el pasado mes de marzo, 11 años después de su antecesor y con la ratificación única del lado de los empresarios, de España de Noche, una federación de discotecas y salas de fiesta.
“La mayoría de ellas no programa música en vivo ―objeta Guillermo McGuill, el portavoz de Unión de Músicos― y este es uno de los principales problemas: los que nos pagan no están constituidos como patronal, no hay interlocutor”. El presidente de la asociación de salas, por su parte, asegura no conocer el citado convenio ni guardar relación con España de Noche, “ellos son locales nocturnos, nosotros somos salas de música en vivo, aunque en algunos casos, pocos, coincida la licencia de discoteca”, motivo por el cual afirma no sentirse representados en él. Un argumento que, como proclama McGuill, serviría a las empresas para eludir su cumplimiento: “Se lo presentarás a una sala o a un festival y te dirán ‘esto a mi qué me importa, no te contrato y ya está’”.
Casi nunca contratan y para cobrar suelen pedir factura a pesar del nuevo convenio. Además, en muchos sitios no tienen ni equipo para pinchar y te exigen que te lleves el tuyo
Quien sí se congratula de la firma del convenio es la artista Marta Fierro (Eme DJ), que agradece a CST-Músicos el haberles “hecho ganar las categorías profesionales de DJ Selector, DJ Live y DJ de Música Electrónica” aunque reconoce que de poco sirve, dado que “casi nadie lo cumple, a no ser que lo exijas y entonces empiezan a ponerte problemas o te dejan de llamar”. Considerados artistas, la actividad de los disc-jockeys tampoco está exenta de prácticas abusivas y así lo constata Fierro: “Casi nunca contratan y para cobrar suelen pedir factura a pesar del nuevo convenio” y añade que “en muchos sitios no tienen ni equipo para pinchar y te exigen que te lleves el tuyo”. Conviene recordar, además, que es práctica habitual para el conjunto del colectivo, sean músicos o dj, el hacerse cargo de sus gastos de desplazamiento y de alojamiento al no estar incluidos en las condiciones que firman para sus bolos. Otro detalle más para su lista de agravios.
Medidas en marcha
Las escasas medidas adoptadas por la administración para atajar estas reclamaciones históricas no parecen satisfacer a nadie. Tanto Grandío de ACCES como McGuill de Unión de Músicos coinciden, por ejemplo, en la necesidad de reducir todavía más la cuota de autónomos fijada en 161 euros al mes para aquellos que no sobrepasen 3.000 euros al año en ingresos. Esta nueva cotización es una de las medidas estrella del RDL 1/2023, que parte del esperadísimo Estatuto del Artista y que ha levantado suspicacias entre los sindicatos. Juan José Castillo lo ve demasiado “orientado al trabajo autónomo” y pronostica que “se incrementarán los falsos autónomos y los impagos a la Seguridad Social”. José Sánchez también advierte de este cariz al señalar que “las agrupaciones que participan en las comisiones del Estatuto del Artista tienen cierta relación con la industria musical o bien compran los marcos que esta plantea” pero celebra, al mismo tiempo, avances como “la compatibilidad de la recepción de remuneraciones por derechos de propiedad intelectual con las jubilaciones, algo que resuelve situaciones auténticamente dramáticas”.
Los músicos, por su parte, añaden otros antídotos a la situación. Elío Ferrán apuesta firmemente por el proteccionismo, pues considera que “la cultura en general y la música en particular no debería ser un sector sujeto a las reglas de mercado”. Nacho Vegas incide en la propia responsabilidad de su colectivo al que “le falta conciencia de clase” y él se decanta por “el asociacionismo, el sindicalismo y la solidaridad entre el sector”, aunque es consciente de que “mayormente brilla por su ausencia” por lo que interpela al gremio para “dialogar con los diferentes agentes de la industria musical y no cortarnos a la hora de denunciar los abusos de ciertas partes”.
Para Marta Fierro la única medida necesaria es “que la patronal cumpla con la ley”, extremo que también defiende Castillo al subrayar la ya existencia de un marco jurídico, el que aporta “el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo, el Régimen General Especial de Artistas y todos los ajustes del RDL 5/2022” y emplaza a las empresas públicas y privadas a cumplirlo.
La situación de las salas
Pero el asunto no es tan sencillo. Al otro lado se otea un grave problema que afecta a las salas. El paulatino desmantelamiento del tradicional circuito de conciertos en favor del modelo de macrofestival ha traído como consecuencia la tendencia a requerir el pago de un alquiler a aquellas bandas que quieran tocar en sus espacios. Alberto Grandio defiende que “el colectivo de salas hace muchos más conciertos al año que el mejor festival” y, sin embargo, “estos pueden recibir entre seis y ocho millones de euros” de dinero público, lo que estima injusto por tratarse de negocios “ya de por sí rentables, estando en manos de grandes empresas”. Grandio apela a la concesión de subvenciones con la rotundidad de que “si no hay salas, no hay bandas”.
Salvando las distancias, las salas sí cuentan con iniciativas financiadas con dinero público como son Cultura de Sala o Girando Por Salas (GPS). Esta última, activa desde 2010, ha sido objeto de no pocas críticas. Castillo no pestañea al afirmar que GPS “ha sido desde su origen un fraude en toda regla y en todos los aspectos” y asegura que “ninguna de las marcas vinculadas a la del GPS reconoce su participación como organizadora, ni el propio INAEM”, ambigüedad con la que se esquivaría formalmente el artículo 1 del RDL 5/2022 para no dar de alta a los artistas en la Seguridad Social. Añade, además, que “artistas y grupos aspirantes no participan hasta presentar su correspondiente alta en la Seguridad Social”, por lo que considera que su implantación tiene graves efectos sobre los derechos laborales de los músicos, auspiciados desde la misma administración. En la misma línea se pronuncia Sánchez al considerar que “lo que debería ser un trampolín para artistas emergentes acaba siendo un chiringuito para diversas salas de conciertos, asociaciones de músicos, entidades de gestión y promotoras”.
Lo realmente grave es que este desolador e irresuelto panorama, complejísimo, de infinitas aristas que se desbordan en el tintero, tiene consecuencias para la profesión y, por extensión, en el tejido cultural del país. Por ejemplo, la amateurización, y el enquistamiento de unas condiciones precarias debido a la pasión que sustenta esta profesión, así como el estancamiento de las reclamaciones, ante la que los músicos reclaman que hay una falta de “escucha”.