Los años nos muestran, cada vez más, que hay grupos de presión política y económica que no se presentan directamente a las elecciones, pero van incrementando su poder y riqueza. Hay ciudadanos que deben llegar a fin de mes con mil y pico euros de sueldo, mientras les multiplican el recibo de la luz y hay empresas privatizadas que alcanzan beneficios récord o fichan a ex políticos sin experiencia en el sector, pero con una buena agenda de contactos. Cuando empresas como las eléctricas, las petroleras o la banca baten sus máximos en ganancias y la ciudadanía siente que están abusando de su paciencia, el principal reto para un gobernante es defender el interés general. Los poderes públicos deben poner orden en un incremento de las desigualdades que parece no tocar techo.
Entre los principales obstáculos están los vínculos que los más poderosos pueden establecer y que pueden poner contra las cuerdas a gobiernos, periodistas críticos o a quien se interponga en su camino. Hay lazos que van desde las grandes empresas estratégicas, a la política, la justicia o los medios de comunicación que muestran el verdadero establishment. Eso es el poder. Ya no es que entre los poderosos puedan protegerse. Es que crean que la democracia son ellos. Redes de intocables. Poderes que pueden levantar un teléfono y determinar lo que debe ser. Con vocación de mejorar nuestra democracia, el libro “No quieren que lo sepas”, de Jesús Cintora, investiga y denuncia aspectos relacionados con la política, la justicia, las redes clientelares, los servicios públicos o los medios de comunicación que muestran focos de privilegio, poderes en la sombra o resistencias a los cambios.
El caso del rey emérito es un paradigma de vergüenza nacional en los últimos años para la democracia española. Durante mucho tiempo se conocían sus andanzas relacionadas con la corrupción, pero no se hablaba de ello, se ocultaba o se pasaba de puntillas. Lo hicieron medios de comunicación importantes. También poderes políticos y económicos. Estaba bien visto codearse con el monarca o hablar de lo campechano que era, no denunciar sus malas prácticas. Con esta complicidad, algunos buscaban obtener réditos. Otros, simplemente no meterse en problemas. Ser cómplice de esa forma no evitó que Juan Carlos I corrigiera su actitud y respondiese ante la Justicia. Ha quedado impune.
A continuación, reproducimos un extracto relacionado con el caso del rey emérito, su inviolabilidad, el archivo de las investigaciones en España y el papel de los medios informativos:
“Debatía recientemente con un viejo periodista sobre la inconveniencia de contar las malas andanzas del rey emérito. Él era partidario de callar hasta cierto punto. Por aquello de proteger a la Jefatura del Estado, a la Corona, la convivencia entre españoles, garantizar la estabilidad de España y no sé cuántas cosas más. Mi respuesta fue clara y sencilla: precisamente los que más habéis dañado a la monarquía y todo eso que mencionas sois los que durante tantos años conocíais esos malos hábitos del rey y mirasteis hacia otro lado. El problema no es contarlo, lo problemático ha sido ocultarlo durante tanto tiempo. Eso da una sensación de barra libre, de que todo se puede, de que no hay testigos.
La labor del periodismo también es testificar. Debe contribuir a una sociedad avanzada y plenamente democrática, que debe saber, conocer. El periodista ha de ser, entre otras cosas, quien ejerza también una labor de control del poder a través de algo tan sencillo como contarle al pueblo lo que ocurre. Parece simple, pero saben ustedes que siempre hay quienes lo convierten en algo muy complejo. Algo falla, por cierto, cuando quienes callan son premiados y quienes lo cuentan reciben el castigo. Si se incentiva a quienes ocultan la realidad, optan por edulcorarla, pasan de puntillas o miran hacia otro lado, eso también es un mensaje que se envía al mensajero. Eso cotiza, recibirás recompensa por ello. Está bien visto. A ti te conviene. Sigue así. Te irá bien. Palmadita en el hombro. Es el camino… (…).
En España, la Fiscalía concluyó en marzo de 2022 que el Rey emérito ocultó más de 85 millones de euros a Hacienda en distintos paraísos fiscales, pero no se le puede perseguir: por las prescripciones y la inviolabilidad, con la encomiable labor de gobiernos, fiscales, Agencia Tributaria, jueces y paraísos fiscales, como Suiza, donde las autoridades han protegido la ocultación de fondos durante décadas. Exactamente, Juan Carlos I escondió 85.596.266 euros, según estas informaciones oficiales. Defraudó al fisco español al menos 56.097.616 euros. Resumiendo: más de 85 millones ocultos y más de 56 millones de fraude a Hacienda. En los datos oficiales aparecen una serie de cantidades que se denominan “regalos” y varios nombres como intermediarios a los que se llama “amigos”. Uno podría pensar que son testaferros y no obsequios, sino comisiones y otras derivadas de la corrupción, pero entonces sería un mal pensado.
Con Juan Carlos de Borbón en Emiratos Árabes Unidos, se esperaba que le archivaran las investigaciones, porque iba anunciándose poco a poco en distintas filtraciones a la prensa. Así como para ir preparando el terreno ante la opinión pública. Finalmente, el anuncio del carpetazo llegó en mitad de la guerra de Ucrania. El fiscal daba por finalizadas las tres investigaciones sobre el emérito y quedaba archivado. Era el resultado tras años de noticias sobre el rey moviendo dinero por países como Suiza, el trasiego de maletines con billetes, la compra de inmuebles de lujo con la amante Corinna o los viajes y relaciones con los multimillonarios sátrapas del Golfo. (…)
Con lo publicado por la fiscalía general del Estado, un servidor consulta a un inspector de Hacienda y se encuentra con que:
En cuanto a la fundación Lucum y el cobro de 100 millones de dólares, la fiscalía del Tribunal Supremo reconoce que ha apreciado la comisión de delitos contra la Hacienda Pública por el concepto del IRPF de 2008 a 2012 y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de 2008 y 2010. Esto supone la comisión de hasta siete delitos contra la Hacienda pública. No obstante, se consideran no perseguibles, sin reproche penal, por prescripción de cuatro de ellos: el IRPF de 2008 a 2011. No estaría prescrito en el caso del ejercicio de 2012, con el IRPF, por tratarse de una cantidad tan elevada y, por lo tanto, estaríamos ante la posible comisión del tipo agravado del delito fiscal. Lo que supone que tendría un plazo de prescripción mayor, de diez años (prescribiría el 1 de julio de 2023). Aquí, le aplican a don Juan Carlos I de España que es inviolable.
Los importes defraudados con los cinco delitos por el concepto del IRPF suponen un total de cuota no declarada y defraudada de 2.339.553,02 euros. Los dos delitos fiscales del impuesto de donaciones serían con una cuota no declarada y defraudada de 53.758.063 euros. El total defraudado asciende a 56.097.616 euros. Los hechos que suponen ese fraude están relacionados con el “regalo” de 100 millones de dólares recibido en 2008 y los intereses y rendimientos obtenidos por ese dinero en estos ejercicios, que suponen importes muy elevados. Además, la Fiscalía recoge también otro “regalo”, del Sultán de Bahrein en 2010 con el ingreso de 1.895.250 euros en la cuenta de la Lucum.
Además de estos siete delitos, la Fiscalía analiza otros más como posibles. Plantea que el monarca, como autoridad o funcionario público, tiene prohibido aceptar “regalos” de cualquier tipo, por lo que su conducta es susceptible de integrar el tipo delictivo del cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 422 del Código Penal. Máxime con la cantidad del “regalo” del que hablamos. Lo apunta sobre los dos “regalos” recibidos, tanto en 2008 como en 2010 de los países del Golfo. Se entrega ese dinero por el hecho de ser autoridad y su función. Y lo que supone que, entregar esa fortuna no se hace porque sí, sino “para causar un estado de gratitud en el receptor” que pudiera favorecerle en el futuro. Por lo tanto, sumamos otros dos delitos. Descarta, con los datos que hay, que se pueda demostrar que le pagaran comisiones por la construcción del AVE a La Meca. No obstante, si es un “regalo”, lo hace suyo, por lo que en todo caso debería tributar por ello y por los rendimientos obtenidos.
La Fiscalía también apunta la posibilidad de la comisión del delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal, reconociendo “actos susceptibles de integrar alguna de las conductas” de este delito, que en todo caso cesarían en 2012 con la prescripción. Apunta certeramente al hecho que supone el blanqueo en ese año, cuando se produjo la transferencia de la totalidad del dinero recibido en las cuentas de Lucum a la cuenta de Solare de Corinna. Hablamos, por lo tanto, de un total de hasta nueve delitos cometidos y queda la puerta abierta a otro de blanqueo. La ausencia de reproche y persecución penal, además de la prescripción, se basa en que en toda esa acción delictiva concurre la aplicación del artículo 56.3 de la Constitución española, que la Fiscalía interpreta de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo (…).
La Fiscalía reconoce que ha cometido un mínimo de nueve delitos y que no se le puede perseguir por no haberse investigado en plazo los prescritos y, fundamentalmente, por estar protegido por la inviolabilidad. Igualmente llama la atención el concepto de “regalo”, que, de ser cierto, el Rey no integró en Patrimonio Nacional, sino que lo hizo suyo y sin pagar impuestos por ello.
¿Realmente el Rey emérito recibió todos esos “regalos” de amigos, primos y demás y fue de forma altruista? El monarca aparece en muchas publicaciones como titular de una amplía fortuna. ¿Dónde está ese dinero?, ¿no gastó nada? Es una cuestión fundamental saber si realmente, en definitiva, estamos hablando de mecanismos de ocultación del dinero, de su origen y de su titular. Puede que alguien decidiera que se pagaran unas pequeñas cantidades regularizadas, antes que reconocer que esa fortuna era completamente suya y se ha obtenido también durante los años en los que el rey era inviolable. Estamos una sucesión hechos susceptibles de actividades corruptas. Y, si contemplamos la hipótesis de la fortuna oculta, esta produce importantes beneficios en forma de intereses y similares. Igual que cualquier español declara sus intereses del banco, cabe preguntarse, ¿qué también pasa con las rentas e intereses que produce una gran fortuna como esta?
La regularización respecto a Zagatka puede no ser veraz ni completa. Tanto por lo que estamos presentando como hipótesis del afloramiento de la gran fortuna, como por un hecho mucho más conciso: no queda acreditado que en este caso la tributación por IRPF sea la procedente y pueda serlo el Impuesto de Donaciones, al encontrarnos ante nuevos “regalos”, como ha declarado en repetidas ocasiones el conocido como “primo” del rey, el señor de Orleans.
Y, al margen de las explicaciones técnicas, resulta un escándalo que un “rey emérito” se haya librado de todas las andanzas descritas. Más otras que muy probablemente no conozcamos.