Jamie Spears, el padre de Britney Spears, ha renunciado a seguir como tutor legal de la cantante, un cargo que ostentaba desde hace más de 13 años y por el que llegó a controlar todos los aspectos de su vida.
En unos documentos entregados este jueves en la Corte Superior de Los Ángeles, la abogada del padre de la artista ha confirmado que está de acuerdo con delegar esa función a otra persona, lo que no anularía la tutela de Britney pero dejaría fuera de la misma a su familia.
“Sin embargo, aun cuando el señor Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio como tutor sea lo mejor para ella”, indica el documento, cuyo contenido por difundido primero por el diario TMZ y confirmado después por la revista Variety. Muchos de los seguidores de la artista acusan desde hace tiempo a su progenitor de tener encerrada a la cantante, lo cual dio nacimiento al movimiento conocido como “free Britney”.
Britney Spears suplicó ante el juez el fin de la tutela: “No soy feliz”
Britney Spears consideró que su padre debería estar preso debido a la tutela legal por la que desde hace 13 años controla todos los aspectos de su vida y sobre la que suplicó a la justicia que llegue a su fin. “Quiero mi vida de nuevo”, llegó a implorar la estrella durante una intervención telefónica en un juzgado de Los Ángeles, que marcó la primera vez que Spears se opuso públicamente a esta figura legal que comenzó en el año 2008, tras una mediática etapa marcada por un comportamiento errático.
Fue la propia cantante, que actualmente tiene 39 años de edad, quien pidió hablar. Nadie sabía lo que iba a decir en su primera aparición ante la justicia desde 2019. “No había vuelto a intervenir porque en la audiencia anterior no me sentí escuchada”, arrancó Spears.
La artista retrató la tutela como una especie de secuestro del que se beneficia su familia y un grupo de abogados que llevan años recibiendo el dinero que ella ha ganado con su “duro trabajo”. La fortuna de Spears, valorada en más de 50 millones de dólares, paga todos los costes derivados de esta figura legal.