El pasado lunes, a partir de un informe remitido por el Ministerio de Educación y Cultura a la Fiscalía de Madrid en 2012, saltaba la información sobre el posible fraude de varias productoras para conseguir más ayudas estatales. Según reproducía El País, la maniobra se realizaba engordando las cifras de la taquilla, ya que hasta este año el sistema de financiación de las películas era a posteriori, es decir, una vez estrenada. Cuantos más espectadores se obtenían así se cobraban las subvenciones y se establecía su cantidad.
Sin embargo, toda la cuestión plantea muchos interrogantes: ¿por qué se hace público ahora, a menos de un mes para las elecciones, un informe de 2012 sobre fraude en el cine? ¿Por qué se conoce ahora que el caso está en cuatro juzgados madrileños y que hay nombres conocidos investigados? Este miércoles se celebra el juicio contra Miguel Bardem – sobrino de Pilar Bardem y primo de Javier y Carlos Bardem-, por las infracciones en la película El rey de la montaña. Sin embargo, será un juicio de conformidad puesto que ya se pactó la devolución de las ayudas. Otros productores que continúan bajo investigación son Enrique Cerezo, José Frade, Enrique González-Macho, José Luis Garci, Luis Miñarro y Gerardo Herrero.
La pugna entre Hacienda y el cine
El episodio entra una vez más en la pugna que durante los últimos cuatro años ha existido entre el mundo del cine y el Gobierno. Ya en febrero de 2013, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro manifestó durante una comparecencia en el Senado que “algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos”, palabras que no llegó a rectificar. En octubre de aquel mismos año achacó la crisis del cine a “la mala calidad de las películas” y no a los recortes –hasta un 12.4% al Fondo de la Cinematografía en aquel año- ni al IVA, que había sido aumentado hasta el 21% en 2012. Tampoco matizó sus declaraciones.
En julio de 2014 dimitió Susana de la Sierra, hasta entonces máxima responsable del ICAA. Su decisión se produjo por “las trabas”, en palabras de González Macho, entonces presidente de la Academia de Cine, que de la Sierra estaba teniendo por parte del Gobierno durante la elaboración de la Ley de financiación del cine y en la negociación con los productores para las desgravaciones fiscales.
Precisamente, en septiembre de este año la propia De la Sierra declaró que “el cine tiene que ser una excepción al libre comercio” y recordó que mientras en España las ayudas no pasaban de los 50 millones de euros en Francia pueden alcanzar los 700 millones de euros. De la Sierra fue sustituida por Lorena González, que no ha hecho ninguna declaración a este respecto. .
Cada vez menos ayudas y sin Ley de Mecenazgo
Mientras sigue en curso la investigación de la Fiscalía, este Gobierno tampoco puede sacar pecho de las subvenciones otorgadas al cine. En 2013 se concedieron 44,2 millones de euros (para películas estrenadas en 2011) mientras que en 2012 (para las películas de 2010) habían supuesto 64,4 millones de euros, es decir, 20 millones menos. Para las películas estrenadas en 2012, se estableció en 34,4 millones de euros y para las de 2013 la cuantía fue de 24,3 millones de euros. En 2014, 78 películas y 105 empresas se llevaron 53,5 millones de euros en subvenciones. El informe correspondiente a este año aún no se ha publicado.
Pero no sólo en la amortización de los largometrajes ha habido recortes. Según los datos, que se pueden comprobar en el BOE, en las ayudas para la participación de películas españolas en festivales se ha pasado de 1.184.057 euros en 2011 a 294.200,8 euros en 2014. En la producción de largometrajes sobre proyecto, de 8 millones en 2014 a 4.747.277,27 en 2015. En cortometrajes realizados, de 1.216.102,94 euros en 2011 a 323.786,45 euros en 2014. La curva de las subvenciones continúa en descenso.
A ello se suma que, en materia de desgravaciones fiscales, este Gobierno también ha tenido sus encontronazos con los productores. Durante meses, estos creyeron que se podría llegar al 25%. Sin embargo, en agosto de 2014 el acuerdo situó la desgravación en la producción en el 18%, para aquellas que no sobrepasen el millón de euros, y el 20% para las que rebasen esa cifra hasta los tres millones de euros. Y todo ello sin que haya habido ninguna Ley de Mecenazgo como prometió el PP allá por 2011.
“Casos puntuales”
El lunes el presidente de la Federación de Productores (FAPAE), Ramón Colom, manifestó en una nota que los casos de fraude eran puntuales que no debían extrapolarse a toda la industria. Ayer martes, el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, también intentó rebajar el tono manifestando que los casos eran “excepcionales” y que no se estaba hablando de un “fraude masivo”. Pero, ya ha salido a la luz tras una legislatura en la que pese a las críticas constantes al cine por parte del Gobierno, ni se han aumentado las ayudas ni ha habido sustanciosas mejoras en el apoyo a la producción de los filmes. La última pregunta, por tanto, es a quién beneficia la publicidad del informe del fraude.