La Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), vigente desde 1985, está obsoleta. Ha resistido el paso del tiempo, ha esquivado intervenciones y nadie se ha interesado demasiado por la norma que regula la protección del legado histórico y artístico del país. No previene ni combate ni sanciona con eficacia las prácticas de expolio, no reconoce la consideración de nuevos patrimonios como el cinematográfico, el paisajístico, el industrial o el subacuático. Las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes sin seguir un patrón y, además, se mantiene la segregación de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, que en 2015 aprobó el PP para proteger la tauromaquia, sin el consenso del resto de grupos políticos. Es decir, la Ley de Patrimonio se ha convertido en un desaguisado que nadie atiende.
Había que adecentar la norma para hacerla competente en la actualidad y había que hacerlo de manera urgente. El primer anuncio de los trabajos se hizo en 2018, con José Guirao al frente de la cartera de Cultura; el testigo lo recogió José Manuel Rodríguez Uribes y en ambos equipos hubo un muñidor que fue fraguándola en el silencio de su despacho, el secretario general de Cultura, Javier García Fernández. La primera reforma de la anciana ley se aprobó como anteproyecto a finales de junio. Dos semanas más tarde Uribes y su equipo fueron despedidos por el presidente Pedro Sánchez. Hace unos días Miquel Iceta, actual ministro de Cultura y Deportes, anunció en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que retiraba el anteproyecto porque “había nacido muerto”.
Fue una declaración rotunda y tajante y el ministro no aclaró por qué iba a olvidar el trabajo realizado por el equipo de Uribes en los últimos años. Desde el gabinete de prensa del Ministerio de Cultura y Deportes tampoco han querido ampliar las razones de la decisión. “Como explicó hace unos días el ministro en su comparecencia en el Congreso, se está revisando a fondo el anteproyecto en el que se estaba trabajando, para que incorpore los nuevos tipos de patrimonio (como el inmaterial, audiovisual y cinematográfico, el industrial, los paisajes culturales y el patrimonio subacuático) y que cuente con la colaboración y acompañamiento de las administraciones implicadas en la gestión del patrimonio”, responden desde Cultura a este periódico.
Cultura ha preferido no aclarar a elDiario.es los motivos por los que se ha retirado la ley iniciada por el equipo anterior, ni cuándo presentarán el nuevo anteproyecto. Fuentes del Gobierno aclaran que para esta legislatura van a centrar sus esfuerzos en sacar adelante el Estatuto del Artista y van a aparcar un tiempo la norma con la que las comunidades autónomas han tirado de las orejas al recién llegado Miquel Iceta. La queja unánime (no solo de aquellos gobiernos del Partido Popular) que se le trasladó al ministro se refiere al desprecio con el que han sido tratadas las comunidades en la elaboración de un anteproyecto que les robaba competencias.
Control sobre la protección de los bienes
La idea de Uribes era cambiar el nombre a los conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco e incluirlos en la categoría de nuevo cuño llamada Bien Mundial. ¿Para qué? Para otorgar al Estado un nuevo papel en la gestión de estos bienes. Uno de mayor control, de más peso en la gestión de unas competencias que son exclusivas de las comunidades. El Ministerio quería dejar de ser un mero intermediario entre el bien y la Unesco.
“Hasta ahora la Unesco se ponía en contacto con el Ministerio de Cultura cuando entendía que algún bien de la lista se estaba desvirtuando. Entonces el Ministerio informaba a las comunidades de la amenaza de ser expulsado. Con esta nueva figura lo que pretendemos es que haya más coordinación en la gestión entre las comunidades y el Ministerio. El control y la gestión seguirá siendo de las comunidades. El Bien Mundial solo es un instrumento de coordinación”, explicó a este periódico Javier García Fernández días antes de ser destituido de su cargo.
El Bien Mundial, bandera de Uribes en todos sus planes de gestión, fue el veneno que hizo fracasar a la reforma. Pretendía convertirse en un órgano similar a un Consejo de Administración. García Fernández aseguró que con esta invención no ampliaba las competencias del Estado y que no temía que su reforma acabara en el Tribunal Constitucional. Las comunidades gobernadas por el PP mostraron su malestar tras el anuncio de la creación de la figura “Bien Mundial”. A la portavoz de los populares en la Comisión de Cultura del Congreso, Sol Cruz Guzmán, esta reforma le pareció “un cachondeo”.
“Era un órgano interventor y sin dotación económica. Mero control y cero compromiso”, resume Jordi Tresserras, presidente del Comité Nacional Español de ICOMOS, organismo asesor de la Unesco y muy crítico con el secretismo con el que García Fernández llevó la reforma. Ni siquiera los diputados del PSOE conocían la redacción del mismo. Tresserras cuenta que, cuando se hizo público el anteproyecto, sus miembros enviaron una avalancha de enmiendas contra la propuesta de ley: más de 400 alegaciones en las que se denunciaba, por ejemplo, que no se había incluido siquiera el patrimonio subacuático.
Reiniciar pactando
García Fernández y su equipo del Ministerio no habían contado con las comunidades autónomas pero tampoco con las asociaciones protectoras del patrimonio. La ciudadanía volvía a ser ninguneada en la construcción de las normas. “Claro que no tienen constancia de la reforma. No se ha consultado con nadie. Quien legisla es el Gobierno, no las asociaciones”, respondió fiel a sus formas y a su autoridad incontestable Fernández, catedrático emérito de Derecho Constitucional, de 72 años.
“Ahora el problema al que se enfrenta esta ley obsoleta es que todo apunta a que el actual equipo no va a plantear una nueva reforma. Me temo que se ha quedado en vía muerta, porque hay que montarla de cero, pactando con las comunidades y con las asociaciones”, explica el presidente de ICOMOS España. Tresserras reclama una coordinación de competencias entre las comunidades y el Estado, porque en estos momentos es “un caos”.
Al portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral, Miguel Santiago, no le parecía desafortunada la creación de un órgano estatal que controle la dirección y gestión de los bienes declarados por la Unesco. A Santiago le preocupa la ausencia de planes directores de la Mezquita de Córdoba y de la Catedral de Sevilla. Era “una esperanza” para proteger el patrimonio histórico y cultural de ambos sitios: “Esa figura posibilitaba que en ambos bienes el Gobierno participara en la gestión y se crearan los planes directores, que todavía no los tienen. La Mezquita está funcionando al capricho del Cabildo, sin control ciudadano”. Pero reconoce que ha habido un fallo de forma “enorme” en la tramitación de la norma, porque no se ha buscado el consenso de las comunidades ni se ha respondido a los colectivos ni asociaciones. “Nosotros le mandamos una serie de enmiendas y no nos contestaron nunca”, dice Miguel Santiago.
Álvaro Bonet es el portavoz de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio y coincide en que no podía aprobarse una reforma sin consulta “a la gente que está al pie del cañón y conoce la problemática de la defensa del patrimonio”. “Ha faltado el punto de vista de las asociaciones y desde el Convenio de Faro [de 2005] es de obligada participación de la ciudadanía”, explica Bonet. Echa de menos la valentía del Ministerio de Cultura para actuar contra el expolio, única competencia que mantiene frente a las comunidades. “Solo de esa manera lograremos una protección efectiva. Si no, el patrimonio siempre perderá frente al urbanismo. En las Cocheras de Cuatro Caminos, por ejemplo, el Ministerio de Cultura con competencias para frenar el expolio no actuó”, sostiene Álvaro Bonet.