De precipicios a tormentas perfectas. Las catástrofes naturales que utilizan los políticos y profesionales de la Cultura para definir la situación del sector suenan demasiado fortuitas. Pero no es un fenómeno aislado. Es consecuencia directa de una gestión que ha bailado entre el ninguneo y la explotación durante años, y que ha querido exprimir sus arcas de mil maneras distintas. Eso vino a decir el socialista Patxi López durante la presentación del Libro Blanco de la Cultura en el Ateneo de Madrid. La denuncia no es nueva, pero por primera vez aparece compilada en 203 páginas de diagnóstico y remedios.
Aunque la voz cantante fuese la del presidente del Congreso en funciones, el texto se remata con la firma de la Plataforma en Defensa de la Cultura. Todas las asociaciones que conforman la PDC llevaban a cabo su campaña individual hasta que, en 2013, unieron esfuerzos. Ahora aprovechan el pulso taquicárdico de la campaña electoral y reivindican un Pacto de Estado “que haga entender que la cultura debe ser incómoda para el poder”.
Los signatarios presumen de neutralidad en su repartición de culpas, pero no evitan cargar tintas contra la herencia de la cartera más polémica de los últimos años: la de José Ingnacio Wert. “La crisis ha sido la coartada perfecta para deshacer la estructura pública y recortar la ayuda privada”. Los recortes presupuestarios fueron el paraguas roto por el que se colaron el 21% de IVA cultural y la incapacidad de afrontar la piratería -más allá de considerar que atenta contra el 7º mandamiento-.
Pero los presentadores también hicieron retrospectiva hasta toparse con una pared de prejuicios mucho más resistente que cualquier legislatura. “En España existe una dejación histórica hacia la cultura”, dijo el político, mientras ponía sobre la mesa el hastío que impide al público congraciarse con una identidad propia. Este desinterés se evidencia más durante los debates políticos que preceden a unas elecciones, como pudimos percibir hace apenas unos meses. La cultura no ocupa minutos en la televisión nacional desde el franquismo por inercias de aquella censura. O al menos esa es la excusa que esgrimen los candidatos ante la comparativa con nuestros vecinos europeos.
En Reino Unido, por ejemplo, la BBC convoca a los secretarios culturales para que debatan en directo y no dependan de la retórica de los líderes. “Estamos cansados de repetir como un mantra que la cultura en muchos países supera a sectores como el de la energía”, decía Luis Cobos, presidente de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España. Cobos habló sin medias tintas de la situación insostenible que sufren más de 80.000 trabajadores por no contar con un Ministerio de Cultura ad hoc. Por eso sus protagonistas no se conforman con las buenas intenciones de López y exigen que el Libro Blanco llegue al Parlamento y las instituciones. “Aunque el resultado de todo lo que hemos pedido ha sido cero”, se lamentaba el portavoz de la AIE.
Este baile de prioridades políticas ha provocado un fenómeno opuesto y nada beneficioso: el de los debates sectoriales. Hemos visto a la Unión de Actores y a otras asociaciones culturales clamando por sus propios intereses y luchando por deshacerse de la etiqueta de subproducto. “En cultura hemos sido demasiado individualistas”, admitió José Miguel Fernández Sastrón, novísimo presidente de la SGAE.
Por eso, expertos y ciudadanos decidieron abandonar su particular juego de tronos para reunirse durante cinco meses y alumbrar un texto que rezuma optimismo. La culminación de este proceso coral, como decíamos, sería un pacto entre varias fuerzas políticas para conseguir que las artes se conviertan en una auténtica cuestión de Estado. Nada nuevo bajo el sol. Repasamos ahora los cuatro puntos calientes -y algo fantasiosos- que subraya el Libro Blanco de la cultura.
El 'casi seguro' del IVA cultural
Mariano Rajoy dijo en diciembre que “veía margen” para rebajar el IVA cultural, pero que lo prioritario era tocar el IRPF. Una buena metáfora de la situación construida en acrónimos. Después, José María Lassalle recogería el testigo para utilizar un eufemismo más esperanzador: “casi seguro” que lo bajarían. Ante tales respuestas, la Plataforma en Defensa de la Cultura siguió los inclementes pasos de las manifestaciones, declaraciones y cartas abiertas contra la subida del impuesto.
“Este aumento no tiene comparación posible en el entorno europeo, ya que duplica ampliamente la media de la UE, el 5% en Francia, el 7% en Italia, el 10% en Alemania y el 13%, en Portugal”, describen en el texto. Tras esta retahíla de cifras, el documento abre paso a varias reflexiones sobre el “desprecio por parte de lo más rancio de nuestra clase política”. El máximo exponente de esta repulsa, según ellos, es el IVA reducido del que disfruta la pornografía frente al 21% de cualquier película española.
Ley de Micromecenazgo
La urgente Ley de Mecenazgo se encuentra en stand by desde que se presentaron los presupuestos de 2014. Fue entonces cuando introdujeron el concepto de micromecenazgo -una rebaja fiscal con la que que el ciudadano podrá deducirse el 75% de los 150 primeros euros que dedique a la cultura- como una cura apta para todos los bolsillos.
“Ya no hace falta ser rico para ser mecenas: si eso no es una ley de mecenazgo -presumía en su día Lasalle- que baje Dios y lo vea”. Sin embargo, el Libro Blanco no compra ese argumento. Patxi López aludió al documento para reclamar unas medidas que hagan honor a los mecenas durante la próxima legislatura. Un asunto espinoso y que implica a varias carteras, pues las competencias se extienden en buena parte al Ministerio de Hacienda y, en menor medida, al de Justicia.
¿De qué comen los artistas?
Aunque es un tema que dio mucho que hablar a los partidos de la oposición durante la campaña, desde la PDC hacen hincapié en la defensa del artista como ciudadano indefenso. Indefenso ante los exiguos beneficios que reciben del streaming, unos contratos intermitentes que ponen en riesgo sus derechos laborales y el acceso a las pensiones, y ante una maquinaria empresarial opaca.
Esta parte del texto infiere la necesidad de crear un Estatuto del Artista -como bien reconocieron todas las formaciones hace unos meses-. Pero también exige actualizar la Ley de Derechos de Autor, “para adaptar la normativa a cada situación específica de la creación cultural, y acabar con la persecución fiscal del mundo de la cultura”.
La prueba del algodón del PIB
En el Libro Blanco reconocen que es curioso el desinterés político ante un sector que supone un 3.4% de los ingresos en nuestro país. Según la Unesco, España tiene “una fuerte concentración de creadores” y un conjunto único de monumentos, escuelas de arte y algunos de los museos más visitados del mundo. Para el Gobierno en funciones, sin embargo, cultura es sinónimo de pérdidas.
“Lo cierto es que las industrias culturales han llegado a representar antes de la desdichada crisis, sin contar la enseñanza, casi un 4% del PIB nacional y han sostenido 625.000 puestos de trabajo. Una cifra nada desdeñable para actividades que se han visto obstaculizadas en las dos últimas legislaturas de una administración hostil y cuyos resultados están a la vista”.