El juez procesa a Teddy Bautista y otras 10 personas por desviar fondos de la SGAE
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la instrucción de la parte principal de la investigación del llamado “caso SGAE” y entiende que hay indicios suficientes para juzgar a once personas por este asunto, entre ellas el ex presidente de la entidad, Eduardo “Teddy” Bautista.
Bautista está acusado de poner en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE” a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a Microgénesis de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas que en la mayoría de los casos no se llevaban a cabo, causando “perjuicios y pérdidas constantes” para la sociedad de autores.
En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento en delitos castigados con menos de nueve años, el magistrado considera que los hechos investigados son constitutivos de los delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.
Según señala la Audiencia Nacional en un comunicado, la resolución da a partir de ahora un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral mediante la presentación de su escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, que se dirige también contra catorce sociedades mercantiles como responsables civiles, entre ellas Microgénesis SA.
La SDAE, “un mero artificio”
El auto, de 129 páginas, relata cómo Bautista introdujo siendo presidente de la SGAE a Rodríguez Neri y su empresa Microgénesis para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información. En el año 2000 se crea SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores perteneciente a la SGAE) para llevar a cabo la transición de la sociedad de autores hacia un nuevo modelo en esa línea.
“Desde el comienzo SDAE fue concebida como un mero artificio, sin existencia real, con capacidad instalada, sin actividad propia y sin empleados. La única finalidad de SDAE era pues firmar contratos con SGAE para, cada vez con carácter inmediato, ese mismo día, firmar un contrato de idéntico contenido con Microgénesis, burlando el marco estatutario y los mecanismo de control de SGAE”, dice De la Mata.
Añade que no consta que a lo largo de esta relación, que se extendió como un auténtico monopolio desde 1998 a 2011, se realizaran nunca procesos de petición y selección de ofertas de contratación entre SDAE y Microgénesis, ni de que se siguiera la regla de pedir tres presupuestos que existía en SGAE.
Contratos a dedo
Esta situación fue aprovechada, según el auto, por Rodríguez Neri y su pareja María Antonia García Pombo, junto con varios miembros de sus familias y otros investigados, que bajo la dirección de Neri “activaron un entramado de sociedades alrededor de Microgénesis, que les permitió la distribución y apropiación de los fondos de SGAE ”.
“A tal efecto, y mediante estas estructuras societarias interpuestas, armaron un sistema de subcontrataciones entre Microgénesis y tales sociedades y de facturación cruzada entre ellas, que les permitió conseguir unos márgenes de beneficio constantes, con el consiguiente perjuicio también constante para la SGAE, que era la fuente de financiación: aparentes negocios jurídicos mercantiles suscritos entre sociedades interpuestas, por ellos dominadas; contratos de prestación de servicios y de consultoría; facturación justificativa de las operaciones; imputación de costes laborales; concesión de préstamos; fijación de salarios a discreción, etc”, señala el juez, que apunta que a ello se añade que en muchos de los casos las prestaciones objeto de los contratos no se llevaron nunca a cabo.
El auto señala que Bautista fue “el indudable responsable” de estos contratos saltándose las reglas de la SGAE con la colaboración de Enrique Loras García, Director General de SGAE, y Ricardo Azcoaga Quincoces, Director Económico Financiero de SGAE.
Un fraude de decenas de millones de euros
El auto detalla los perjuicios económicos causados a la SGAE. Entre ellos, indica que en el caso de SDAE, entre 2001 y 2011, SGAE ha pagado en total a SDAE al menos 57.154.984,40 euros. Solo de los fondos de SDAE, Microgénesis habría recibido 31.054.784,39 euros.
Las periciales practicadas en relación con el coste de los desarrollos informáticos, por otra parte (pericial elaborada por expertos de UAM), han evaluado que la diferencia entre las cantidades pagadas por SGAE y el coste estimado de los entregables recibidos a cambio por SGAE, supera los 21.5 millones de euros, que constituirían perjuicios sufridos por el Grupo SGAE como consecuencia de los hechos investigados.
El escándalo de la “Operación Saga”
El escándalo saltó a la luz pública el 1 de julio de 2011, tras la detención de nueve personas, en el marco de la “Operación Saga”, autorizada por la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, por un presunto desvío de fondos en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la SDAE.
Entre los detenidos, el entonces presidente de la SGAE, Teddy Bautista, quien tras quedar en libertad con cargos presentó su renuncia al puesto.
En aquel momento, el juez Pablo Ruz, instructor de la causa, dictó prisión eludible bajo fianza para el director de la SDAE, José Luis Rodríguez Neri, presunto cerebro de la trama, así como para Rafael Ramos, quien ejercía el control de la sociedad Microgénesis, la “cúspide” del entramado empresarial creado para el desvío de fondos desde SGAE. Ambos quedaron en libertad tras pagar la fianza.
No fueron sin embargo las únicas detenciones. El 10 de octubre de 2011, la operación Saga se saldaba con un nuevo detenido: Pedro Farré López, ex director de Relaciones Corporativas de la SGAE, que en noviembre de 2014, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y medio de cárcel por cargar en su tarjeta corporativa gastos en locales de alterne en horas nocturnas entre 2008 y 2009, que ascendieron a 40.000 euros.
