Cuando el reconocimiento cultural se mide en número de calles y rotondas
La muerte de Almudena Grandes se sintió como un terremoto en la sociedad española. Una sacudida tan grande que afectó a personas que no eran ni lectoras de su obra. La despedida de sus familiares y seguidores en el cementerio civil de la Almudena se cubrió en muchos medios, que también publicaron numerosos obituarios, las librerías casi se quedaron sin ejemplares de sus obras o las de su marido, Luis García Montero. Y también, como es habitual hoy en día, la derecha aprovechó para emprender su enésima batalla cultural en esta ocasión en el campo de los reconocimientos institucionales.
El 30 de noviembre, tres días después de su fallecimiento, el Consejo de Ministros aprobó por Real Decreto la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a la autora. En esa misma jornada, el pleno del ayuntamiento de Madrid aprobó que la escritora tenga una calle en Madrid, pero no el título de Hija Predilecta de la ciudad por los votos en contra de los grupos municipales de PP, Ciudadanos y Vox. Una decisión que la delegada de cultura, Andrea Levy, achacó a falta de consenso e indicó que: “La mejor manera de recordar a un escritor, escritora, es leyéndola”.
Un día después, Concha Andreu, presidenta del Gobierno de La Rioja, anunció que la Biblioteca de La Rioja pasará a llamarse la Biblioteca de La Rioja Almudena Grandes. Y el Ayuntamiento del municipio madrileño de Alcorcón, cuya edil es Natalia de Andrés, informó de que la biblioteca que actualmente se llama El Parque cambiará su nombre por el de la escritora. Ambas mandatarias son del Partido Socialista.
Sería absurdo pasar por alto el motivo ideológico por el que la derecha se ha negado a darle un reconocimiento institucional más alto a la escritora, que era una militante de izquierdas. Pero el apunte de la representante del Partido Popular, pese a sonar a justificación que oculta unos motivos diferentes, también puede llevar a un cuestionamiento. Más allá del ruido mediático, ¿son realmente relevantes para la cultura las políticas de reconocimiento que se quedan en nombramientos? Esa placa en la calle o en la rotonda ¿sirve realmente para que se conozca más la obra de ese autor o autora? ¿O el verdadero reconocimiento sería una compra masiva de sus libros para las bibliotecas, por ejemplo?
Dos líneas complementarias
Carles Vicente, director de Memòria, Història y Patrimoni de l'Institut de Cultura de Barcelona, explica a elDiario.es que la voluntad original de los reconocimientos de nombramiento es homenajear a escritores, escritoras o artistas de cualquier otro tipo. “Normalmente la administración no es la que propone el nombramiento de las calles, sino que hay un colectivo ciudadano o entidades que proponen dar un homenaje a estos personajes a través del nomenclator”, dice. Las medallas, como la del Mérito, sí son cuestión del Ayuntamiento: “Siempre van acompañadas de un acto público de homenaje a la persona interesada o a los familiares que se hace en el Salón de Cent con toda la relevancia que corresponde”, afirma.
Eduardo Maura, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y exportavoz de Cultura de Unidas Podemos, comenta que él diferencia dos tipos de reconocimiento. Por un lado, “el institucional de nombramiento de calles o cruces y la medalla, que tiene relevancia porque, de alguna manera, sirve para poner el nombre en circulación junto a otros muy importantes de la historia cultural” y, por otro, “el de medio o largo recorrido y que podríamos llamar de política cultural”.
En ese sentido, le parece que una buena idea sería “hacer que las obras de estas personas sean, por ejemplo, más asequibles”. “Generar tiradas de libros emblemáticos, en este caso de Almudena Grandes, que puedan adquirirse de manera sencilla y barata aunque con calidad. La propia Real Academia tiene ediciones de este tipo. Esto es habitual en otros países donde realmente la puesta en circulación y la difusión de la obra de la persona fallecida es el reconocimiento a medio y largo plazo”, añade. “O simplemente poner en los presupuestos generales del año que viene algo de dinero para que esas obras se traduzcan a otras lenguas o comprobar que esas traducciones estén actualizadas y en circulación o si hay obras descatalogadas. Eso lo llamaría reconocimiento a nivel de política cultural”, dice.
Por un lado está el reconocimiento institucional con calles, cruces y medallas que sirve para poner el nombre en circulación y, por otro, el de medio o largo recorrido, que podríamos llamar de política cultural
Carles Vicente aclara que en Barcelona “ya en vida hay una voluntad de tener un catálogo en las bibliotecas actualizado y con los principales nombres al servicio de los ciudadanos que van a la biblioteca”. Desde la confianza de un trabajo realizado de manera concienzuda, añade que “sería redundante comprar ejemplares una vez estas personas ya no están con nosotros”. “Ese tipo de política cultural es una cosa más propia de un gobierno autónomo o del Gobierno de España más que de un Ayuntamiento, aunque se pueda dar en algún caso. A pesar de esto, las becas culturales de Barcelona, que se otorgaron motivadas por la COVID el año pasado pero que han llegado para quedarse, había un premio a la traducción de producto literario”, añade.
La relevancia real
Lucía Rodríguez Olay, profesora asociada del departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Oviedo, considera que los nombramientos son importantes para que se mantenga en la memoria colectiva lo que ha escrito el autor o autora. Pero añade que esto no es “incompatible con la compra de fondos bibliográficos o con la inclusión de determinados escritores y escritoras en el currículo”. “De hecho, este último punto debería plantear una revisión profunda de los contenidos que se imparten”, añade. “Hay que actualizarlos, pero no solo con la presencia de nuevas autorías literarias, sino que convendría también revisar los contenidos históricos, filosóficos, científicos y acercarlos al alumnado del siglo XXI con todo lo que ello implica”.
El investigador de políticas públicas de la memoria (UPO) Rubén Díaz, desarrolla vía correo electrónico que los nombramientos institucionales pueden hacer que la obra de la autora o autor homenajeado sea “más reconocida, y más valorada a largo plazo, sin duda”. “Más conocida, no necesariamente. Para eso se necesita la participación de políticas culturales y educativas públicas sólidas. Me refiero aquí a políticas culturales públicas como las formas de intervención del Estado en el sector de la cultura… todo lo que tenga que ver con las decisiones y acciones de las instituciones que administran los poderes del estado para salvaguardar, difundir, garantizar el acceso o promover las expresiones y productos culturales. Que el canon sea plural y democrático, y tenga un reflejo real en la sociedad, en la educación. Estoy de acuerdo con que el mero reconocimiento institucional es insuficiente para cuidar y valorar la obra y la figura de la persona reconocida. Es una puesta en escena que debe estar respaldada más allá del gesto político”, dice.
La idea de la placa, entendida como premio, como recompensa a una vida, está bien en la medida en que mide la apertura de las propias instituciones, pero no activa nada más de por sí
En la misma línea, Guillermo Zapata, guionista, escritor y ex Concejal Presidente de distrito en el Ayuntamiento de Madrid, sostiene para este periódico que “lo más positivo es que haya realmente una política de memoria. La idea de reconocimiento más conservadora (de izquierdas o de derechas, pero conservadora) es la idea de la placa, el nombre de la calle, etc. entendida como premio. Como recompensa a una vida. Eso está bien en la medida en que mide la apertura de las propias instituciones, pero no activa nada más de por sí. Necesitas también una política de permanencia, de persistencia, que explique los nombres, que haga viva la memoria literaria de las ciudades, que la sitúe y active sobre todo el deseo de leer, las comunidades lectoras, etc”.
El valor simbólico
Otro punto a tener en cuenta, más allá de la difusión de la obra, es la importancia simbólica que tienen estas acciones de nombramientos que también configuran la vida de una ciudad. “El reconocimiento es un acto de dimensiones éticas con el que se identifica o no una sociedad. Reconocer activamente mediante, por ejemplo, este tipo de gestos en el espacio público, la obra y la figura cultural de una persona es, en sí mismo, un proceso de selección que otorga relevancia y valor social, cultural y político. Además, asegura que, al menos por un tiempo, dicha obra o persona pase a formar parte de la memoria y la identidad cultural de una sociedad”, afirma Rubén Díaz.
Y continúa: “De ahí que no se deba tomar a la ligera. En el espacio público se inscribe el resultado de una lucha simbólica por prescribir el sentido, el relato, el imaginario de la comunidad, que siempre es conflictivo. Por eso no da lo mismo cómo se llamen las calles ni los museos ni los colegios. Independientemente de su indudable relevancia cultural, estos gestos de canonización son expresiones públicas de las relaciones de poder político y producciones de sentido social”.
En el espacio público se inscribe el resultado de una lucha simbólica por prescribir el sentido, el relato, el imaginario de la comunidad, que siempre es conflictivo. Por eso no da lo mismo cómo se llamen las calles ni los museos ni los colegios
Aquí se podrían incluir todos los acuerdos y desacuerdos que están teniendo en la Comunidad de Madrid en relación a la figura de Almudena Grandes. Pero también el esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Barcelona que está haciendo para feminizar el nomenclator de la ciudad. Según Carles Vicente, “hay un déficit evidentísimo en la equidad de género del nombre de calles que viene de muchos años atrás, y hay una voluntad política de que, en la medida de lo posible, las nuevas vías se dediquen a mujeres que hayan destacado por su trabajo o su labor o su presencia en la sociedad”.
Y la lucha en la que el actual alcalde de Oviedo Alfredo Canteli y su equipo de Gobierno han librado para reponer los nombres de personas relacionadas con el franquismo, como el General Yagüe, que el anterior Gobierno municipal había eliminado. El Ayuntamiento que rige la ciudad a día de hoy interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Gobierno autonómico que obligaba a dicha retirada de nombres para cumplir la Ley de Memoria Democrática de Asturias. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado dicho recurso y le ha impuesto las costas.
Hay un déficit en la equidad de género del nombre de calles que viene de muchos años atrás, y una voluntad política de que las nuevas vías se dediquen a mujeres que hayan destacado por su trabajo o su labor o su presencia en la sociedad
Zapata opina que “las acciones institucionales de reconocimiento hablan más bien de las propias instituciones, de la forma que tienen de reconocer (o no) una obra. Tienen que ver más con el luto, el respeto, etc”. “En estos días, por ejemplo, la reacción a la muerte trágica de Almudena Grandes habla de la noción que tiene la derecha de las instituciones, no como un espacio de inclusión, abierto, sino como algo que les pertenece de forma ideológica, que funciona en la clave ‘los míos, los otros’. En cualquier caso, esas son políticas de reconocimiento puntuales, no son políticas públicas para dar a conocer autores, de fomento de la lectura, etc. Yo creo que es bueno distinguir esas dos cosas”, concluye.
Por su parte, Maura apunta que estas acciones forman parte de otro debate: “Esto tiene más que ver con que en los últimos 15 años, posiblemente a partir de la crisis de 2008, la derecha se ha lanzado con una fuerza tremenda a dar las llamadas batallas culturales. Es la estrategia de larga duración de una parte del espectro político de la derecha mundial que lo está haciendo además en todas partes. En Canadá, lo mismo que con el Brexit, con Almudena Grandes, con la memoria histórica… es una estrategia que está totalmente en boga”.
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