El Parlamento valenciano aprueba la ley contra la ludopatía pese a las presiones del sector y el intento de boicot

Pese a las presiones de la patronal, las concentraciones de empresas y sindicatos de salones de juego y los intentos de boicot y paralización de la derecha y la extrema derecha, el Parlamento valenciano ha aprobado este jueves la llamada 'Ley del Juego', con 52 votos a favor, 37 en contra y 10 abstenciones.

La norma, que ha pasado un verdadero camino de obstáculos, establece limitaciones a las nuevas casas de apuestos, distancia mínima entre locales de ocio y centros educativos y limitación a las máquinas recreativas tipo B (tragaperras). Comenzó a tramitarse en la pasada legislatura y su aprobación se vio interrumpida por el adelanto electoral primero, por el estado de alarma después.

La ley, que salió en 2017 de la conselleria de Hacienda de Vicent Soler, modifica la norma anterior, datada en 1988 y totalmente obsoleta respecto a nuevas modalidades de juego como las apuestas online. Tiene como objetivo prioritario la prevención de la ludopatía y la protección a los menores. Así, establece que los locales de juego no tendrán publicidad, ni salas de fumadores, deberán estar aislados de otros establecimientos similares y a 850 metros de distancia de centros educativos. No podrán dar créditos rápidos a los jugadores, deberán controlar el acceso y tener visible la información sobre prevención de la ludopatía. Los bares, por su parte, deberán tener sus máquinas recreativas con los reclamos sonoros y luminosos apagados y controladas por un mando a distancia para evitar el juego en menores.

Las limitaciones de la ley han encendido a los lobbys del juego. Tanto el lunes como este jueves, cuando se ha debatido y votado la norma, una asociación de trabajadores de salones de juego se han concentrado a las puertas del Palau dels Borja, sede de las Corts. La plataforma SOS Hostelería, presidida por el dueño de una empresa de máquinas recreativas ha incrementado sus comunicados de prensa en los que asegura que la norma supondrá un fuerte impacto sobre el empleo en el sector hostelero. Un argumento que han comprado sin pudor en el PP, Ciudadanos y Vox, que han solicitado la retirada de la ley en varias ocasiones, relacionando este impacto con el de la crisis de la COVID-19. Estos grupos han llegado a solicitar a la cámara parlamentaria un informe jurídico sobre la legalidad del voto en esta norma, que debe aprobarse a distancia por las limitaciones de aforo del pleno.

Los partidos que forman la mayoría progresista -PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV- han denunciado presiones de los lobbys del juego desde el primer momento. El diputado de Podem, Ferrán Martínez, criticaba la campaña de “acoso y derribo” y la proliferación de noticias falsas y datos sesgados.