La ley valenciana contra la ludopatía que teme la patronal del juego: control del acceso, la publicidad y la distancia de los colegios y sin créditos a jugadores

Los locales de juego en la Comunitat Valenciana no tendrán publicidad, ni salas de fumadores, deberán estar aislados de otros establecimientos similares y a 850 metros de distancia de centros educativos. No podrán dar créditos rápidos a los jugadores, deberán controlar el acceso y tener visible la información sobre la ludopatía. Los bares, por su parte, deberán tener sus tragaperras controladas por un mando a distancia similar al de las máquinas tabaco. Se acabó la barra libre.  

La ley valenciana del juego y prevención de la ludopatía, que previsiblemente aprobarán las Corts Valencianes este próximo jueves, inquieta a la patronal del sector y a sus recién creadas asociaciones satélite. Los portavoces de los grupos parlamentarios han debatido 241 enmiendas en total para una ley compleja que ha despertado la ira patronal en plena desescalada del confinamiento por la pandemia de la COVID-19.

La geografía valenciana se ha visto en los últimos años poblada por una abundante oferta de locales de apuestas. Entre 2013 y 2019 los salones de juego han aumentado de 250 a 518, en muchos casos situados a poca distancia de centros educativos. Así, el reciente Informe sobre Adicciones Comportamentales, elaborado por el Observatorio Español contra las Drogas y las Adicciones, concluye que el 4,7% de los estudiantes españoles presentaría un posible juego problemático (7,6% en hombres y 2% en mujeres).  

La nueva ley (la anterior data de 1988) establece para los locales de juego una distancia mínima de 850 metros “en el trayecto peatonal más corto por vial de dominio público” a centros educativos. La medida, si finalmente es aprobada, supondría la máxima restricción que se ha regulado hasta ahora en España, para espanto de la patronal del juego y del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.  

El texto legislativo pretende así “reducir la exposición de las personas menores de edad -en particular, adolescentes- a la oferta de juego -especialmente, las apuestas deportivas- en sus itinerarios diarios de asistencia a los centros educativos, y con ello la normalización de estos establecimientos como modelos de ocio”, indica la exposición de motivos que han pactado los partidos del Pacte del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) en una enmienda de aproximación. 

Además también prohíbe abrir salones de juego y locales específicos de apuestas en los espacios que la Ley de Servicios Sociales Inclusivos define como “vulnerables” (“aquellos que por sus características urbanísticas/residenciales, sociales, laborales o económicas, precisan de una actuación integral”). 

Los establecimientos de bingo, salones de juego y casas de apuestas deberán mantener una distancia mínima entre si de 500 metros para reducir su “concentración espacial” en enclaves urbanos. Además, quedará prohibida la concesión de créditos, bonificaciones o asistencia financiera a los jugadores. 

Los locales de juego deberán tener hojas informativas sobre recursos contra la ludopatía y la publicidad en el exterior del local o en medios de comunicación públicos queda prohibida. Además, la Generalitat Valenciana restringirá la publicidad, la promoción o los patrocinios del juego en el ámbito de sus competencias.

El texto regula el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego en la Comunitat Valenciana y obliga a mantener un control en todos los locales de juego. Los salones de juego tendrán un plazo de seis meses para realizar las obras necesarias para el control de acceso. 

La ley valenciana del juego y prevención de la ludopatía prohíbe la instalación de máquinas de juego en terrazas, vías públicas o en las zonas exteriores de establecimientos de hostelería. Estos locales sólo podrán contar con dos máquinas de juego tipo B (tragaperras) y deberán incorporar un sistema de activación y desactivación por control remoto, similar al de las máquinas tabaco, bajo la responsabilidad del personal encargado del local. La tragaperras, además, no podrá emitir sonidos o luces durante el tiempo en que no esté siendo utilizada. 

La ley también elimina la posibilidad de instalar nuevas máquinas auxiliares de apuestas a excepción de los establecimientos que estén en el periodo de vigencia de las autorizaciones concedidas antes de la aprobación del texto. Los locales que incumplan la nueva normativa en materia de máquinas de juego tipo B tendrán un plazo de un año para adaptarse. 

No habrán nuevas autorizaciones para instalar máquinas tragaperras en un periodo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley. La proliferación de este tipo de máquinas y el aumento de la adicción al juego “aconseja el establecimiento de una suspensión temporal de nuevas autorizaciones”, señala la exposición de motivos consensuada por los partidos del Botànic.

Aunque la medida “no será de aplicación en aquellos casos en que sea necesario un cambio de emplazamiento del establecimiento de juego para cumplir con el requisito de distancia”. Así, señala el texto, “posibilita la renovación de autorizaciones de los establecimientos de juego y la continuidad de su actividad”. 

Los establecimientos de juego tampoco podrán habilitar espacios para fumar o clubes de fumadores. Los casinos tendrán un número máximo de dos salas apéndice (una posibilidad que el Gobierno autonómico del Partido Popular sirvió en bandeja al sector). La nueva regulación de los casino de juego suprime las limitaciones de las autorizaciones que una misma empresa puede tener en todo el territorio valenciano.

La Generalitat centraliza a partir de ahora el control del juego a través de dos órganos. La Comisión del Juego, de carácter consultivo, contará con la participación de sindicatos y patronales del sector y con asociaciones para la prevención de la ludopatía, el Consell de la Joventut u organismos de investigación universitaria.

Por otro lado, la Comisión Técnica de Coordinación Interadministrativa, que incluye a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se encargará de elaborar, en el plazo de un año, y llevar a cabo el seguimiento de la Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico. 

La ley también regula la tributación del sector e introduce una nueva exención a las rifas, tómbolas o combinaciones aleatorias con “arraigo popular” o que sean de “carácter tradicional”. Además, también legaliza la situación de las apuestas en la pilota valenciana con un sistema provisional que “permita un cierto control”.