Las bandas gástricas o la “muerte en vida” de miles de obesos que pasaron por el quirófano
“Desde que me operé en el año 2006 soy una muerta en vida, me quedé incapacitada para trabajar, me salía comida y líquidos por la nariz y no podía dormir en una cama por los continuos vómitos”.
Estas son algunas de las consecuencias que viene padeciendo Clara Hernández, presidenta de la plataforma de afectados por las bandas gástricas. Ella es una de las miles de personas obesas o con sobrepeso que han sufrido las consecuencias de la implantación de esta anilla de silicona entre el esófago y el estómago, cuya función es reducir la entrada de alimento.
Una técnica que, tal y como informó el espacio 'Focus' de la radio autonómica valenciana À Punt, obliga a volver a pasar por el quirófano al 50% de los pacientes y de ellos uno de cada cuatro personas acaba teniendo problemas graves.
Según Clara Hernández, la aplicación de bandas gástricas como método de adelgazamiento se prohibió en la sanidad pública en el año 2004: “solo en el hospital Doctor Peset de València, de un centenar que pusieron se lo tuvieron que quitar a 95 pacientes”.
Sin embargo, como le sucedió a Hernández, en muchas ocasiones se derivaban los casos a la sanidad privada y en concreto al doctor Vicente Dolz, uno de los principales referentes de esta técnica.
“Solo en la Comunitat Valenciana hay unos 3.000 afectados por la implantación de la banda gástrica entre los años 2002 y 2012, momento en que el doctor Dolz es inhabilitado”, asegura la portavoz de los afectados.
Y es que, uno de sus pacientes falleció a los 45 años en 2008 en la clínica Virgen del Consuelo de València, motivo por el cual la justicia le apartó de su profesión cuatro años.
Un año más tarde, en 2009, falleció una paciente de 19 años en la clínica CIMA de Barcelona, aunque este caso se saldó con una indemnización a la familia, pese a que la Fiscalía solicitaba dos años de prisión y dos de inhabilitación.
Finalizada la inhabilitación, Dolz ha vuelto a la actividad en el Centro de Rehabilitación de Levante, aunque pese a las llamadas de eldiario.es no ha sido posible contactar con él.
Sin embargo, se enfrenta a nuevas demandas de los afectados. El despacho Domingo Monforte Abogados Asociados lleva la representación de una treintena de pacientes.
Según explica el socio director del bufete, José Domingo Monforte, tienen “una demanda vista para sentencia y otra pendiente de juicio”. En función de los fallos, se irán presentando nuevas denuncias: “vamos por la vía civil porque por la penal los dlitos estarían prescritos”.
Monforte ha comentado que las demandas se fundamentan, por un lado, “en una omisión de información, ya que en ningún momento se informaba a los pacientes de los efectos adversos que podía causar la banda, pese a conocerlos porque en países como Estados Unidos dejó de usarse esta técnica”. Por otro lado, “en mala praxis, puesto que una vez realizadas las intervenciones se produce un abandono total del paciente, una falta de control y seguimiento que se traduce en el incrustamiento de la banda en diferentes órganos, lo que obliga a volver a operar”.
Hasta ahora, la sanidad pública valenciana era reacia a hacerse cargo de los afectados que habían sido operados en las clínicas privadas, pero un reciente acuerdo por unanimidad de todos los partidos de las Corts Valencianes posibilitará que todos los afectados sean atendidos en los hospitales públicos.
“Pesaba 150 kilos, solo quería jugar con mi hija”
Clara Hernández decidió operarse en el año 2006 con 35 años sin saber el calvario que le iba a suponer la intervención: “Pesaba 150 kilos y solo quería poder jugar con mi hija de dos años y llevar una vida normal, no era una cuestión estética, sino de salud”.
Según explica, tuvo que pedir un crédito para abonar los 9.500 euros de la operación. “Desde el día siguiente vi que algo no funcionaba bien”, explica, “a los 15 días de la operación volví a pedir consulta porque no podía ni dar un paso, no podía ni tragar saliva ni coger a mi hija de dos años, pero la respuesta que me dio el doctor fue que la culpa era mía, que él ya me había operado y que ya había hecho su trabajo”.
Tras años con problemas de todo tipo, sufrió un desmayo e ingresó en el hospital público Doctor Peset de València, donde por fin le quitaron la banda: “Se me habían caído los dientes de los ácidos estomacales que subían y me salían por la nariz y por los ojos, me dijeron que o me operaban o no lo contaba”.
Sin embargo, los problemas no finalizan con la eliminación del anillo. Hernández explica que está en tratamiento psicológico y que solo puede comer “purés, caldos y alimentos sin azúcar”. Además, añade que con la medicación no puede salir “a comer porque en cualquier momento pueden surgir vómitos” y mucho menos viajar. “Para mí la vida se ha acabado”, sentencia.
La historia de María José Rodríguez es muy parecida a la de Clara, en cuanto a los problemas generados por la banda gástrica. Ella es una de las que ha demandado al médico por daño moral y por falta de consentimiento informado previo a la intervención quirúrgica de 2009 a la que entró para la recolocación de la banda que se le había deslizado y dentro de quirófano el doctor Dolz, sin contar con su autorización, incluso contraviniendo su voluntad expresa de retirar la banda ante cualquier complicación, le colocó una nueva banda, de la que ni siquiera consta el tipo, marca o referencia.
Jessica Cervera, decidió operarse con tan solo 21 años cuando pesaba 98 kilos. Es otra de las demandantes por daño moral por falta de información ante los posibles riesgos de la intervención y, en este caso también, contra el doctor Escartí por mala praxis médica cometida en la cirugía de explante, en la que no suturó la parte posterior del estómago, dejando abiertos los accesos gástricos, y por incumplir la obligación del seguimiento postquirúrgico.
