El caldo de cultivo de la extrema derecha valenciana: la guerra identitaria del PP

Un día de principios de diciembre de 2014, un policía local de Gelida en excedencia se lanzó al foso de los leones en el zoológico de Barcelona con uniforme militar de camuflaje. El hombre, afectado por un trastorno mental, fue rescatado de las fauces de las fieras gravemente herido. Entonces se supo que había protagonizado varios episodios histriónicos con anterioridad, como la quema de una senyera estelada el 11 de septiembre en Barcelona o una protesta contra el aborto en Valencia el 9 de octubre vestido de soldado nazi.

Pero su actuación valenciana no había sido advertida como algo extravagante porque se camufló en un tipo de suceso más amplio y desgraciadamente más habitual en las celebraciones del Día de la Comunidad Valenciana.

Fue el último 9 d'Octubre de la era del PP, dado que al año siguiente tanto la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya habrían perdido el poder. Durante la denominada “procesión cívica”, en la que se traslada la senyera desde el Ayuntamiento hasta la estatua de Jaume I, hubo saludos a la romana, exhibición de simbología fascista, consignas nazis, insultos a los representantes de las formaciones de izquierda y amenazas de mandar a Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat de Catalunya, a la cámara de gas.

En ese contexto, la estrafalaria presencia del trastornado expolicía vestido de nazi adquirió visos de autenticidad. La Delegación del Gobierno se limitó a considerar que las fuerzas del orden y el dispositivo de antidisturbios habían conseguido “el objetivo básico de evitar choques”.

El actual alcalde de Valencia, Joan Ribó, entonces en la oposición, denunció que una militante de Compromís y una amiga fueron agredidas por elementos ultras al acabar la procesión. Y criticó a la alcaldesa Barberá por haber apuntado con su discurso anticatalanista a los partidos y militantes de izquierda. Tanto los socialistas como Esquerra Unida del País Valencià reclamaron sin éxito que se abriese una investigación por unos altercados que suponían una evidente incitación al odio. No hubo detenciones.

El asunto no era nuevo. Se repetía cada 9 d'Octubre, con mayor o menor intensidad, desde los tiempos de la transición a la democracia, en los que grupos anticatalanistas actuaron en la calle en connivencia con la extrema derecha nostálgica del franquismo como una auténtica fuerza de choque contra la mayoría de izquierdas en las instituciones y las reivindicaciones nacionalistas. El alcalde de Valencia de aquellos años, el socialista Ricard Pérez Casado, fue uno de los blancos principales de las iras de aquellos grupos.

La virulencia de una batalla identitaria en la que se acusaba de “catalanistas” y “traidores” a todos aquellos -fundamentalmente las formaciones de izquierda y valencianistas, el mundo de la cultura y las universidades- que defendían que el valenciano es la misma lengua que el catalán y apoyaban su promoción, declinó en términos generales tras la llegada de la derecha al poder, impulsada por un discurso maniqueo de valencianos buenos y malos que se consolidó durante largos años de triunfalismo, euforia y grandes eventos bajo los que se desplegaba un sistema de corrupción que acabaría en desastre colectivo.

En cuanto las dimensiones de ese desastre quedaron en evidencia y se abrió paso la idea de que las dos décadas largas de poder del PP llegaban a su fin, los grupos ultras, que nunca dejaron de estar presentes en la procesión cívica y acosaron a menudo a los participantes en la tradicional manifestación de la izquierda y los nacionalistas la tarde del 9 de octubre, así como en otros actos o manifestaciones de la izquierda y el valencianismo, subieron de nuevo el volumen de su agresividad.

Ya con la izquierda en el poder, una izquierda en la que tanto el PSPV-PSOE como Compromís (en el que se integran militantes del Bloc con simpatías hacia el nacionalismo catalán) y Podemos se han esforzado por eludir el enfrentamiento identitario, el conflicto independentista en Catalunya ha venido a arrojar gasolina sobre unas brasas extremistas que nunca se apagaron. Se ha podido comprobar con las agresiones ultras en la manifestación del pasado 9 d'Octubre. La novedad ha sido que, esta vez sí, ha habido detenciones. Una docena larga de fascistas sobradamente conocidos de la policía han desfilado por comisaría mientras la Fiscalía ha abierto una investigación.

La exaltación es sin duda el caldo de cultivo de la extrema derecha. Una exaltación históricamente fomentada en la sociedad valenciana por la derecha parlamentaria sin complejos. Por ejemplo, tres días antes del episodio del 9 d'Octubre de 2014, el último en el poder, el PP convirtió Valencia en la capital de un homenaje a la bandera española en el que participaron todas las autoridades y Barberá hizo de madrina de una rojigualda regalada por Fabra a la Guardia Civil. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, había advertido apenas dos meses antes en una conferencia organizada por FAES, del riesgo de que la llegada de un gobierno 'tripartito', “radical de izquierdas y procatalanista” pudiera hacer que “la agitación independentista” de Cataluña y el País Vasco prendiera en la Comunidad Valenciana e incluso en Baleares.

Esa advertencia constituye todavía hoy el núcleo del discurso del PP valenciano, que ahora lidera Isabel Bonig, mientras el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, se esfuerza por tender puentes con una Catalunya estigmatizada. Un PP que dejó como legado de los últimos estertores de la legislatura pasada una norma más que sintomática, la Ley de Señas de Identidad, que preveía retirar cualquier subvención pública a quienes no adecuaran “sus actuaciones al pleno respeto de la individualidad de la lengua valenciana” o se manifestaran contrarios a “los festejos taurinos tradicionales”, entre otras cosas.  La ley fue derogada por las Corts Valencianes en enero de 2016 entre protestas de los diputados del PP.

Por si había alguna duda, el pasado jueves, pocas horas después de que dos decenas de ultraderechistas acosaran a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en su propia casa con la excusa de defender la unidad de España, el expresidente del Gobierno José María Aznar afirmaba en un acto organizado por FAES en Valencia que “las mismas fuerzas ideológicas, los mismos sentimientos rupturistas que han quebrado la convivencia en Cataluña quieren actuar ahora en la Comunidad Valenciana y con los mismos objetivos”. La estrategia incendiaria continúa.