La jueza emplaza al marido de Silvia Clemente y a su familia a llegar a un acuerdo antes de abrir juicio por vulnerar el pacto de confidencialidad
La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Valladolid ha emplazado al marido de Silvia Clemente, el empresario patatero Javier Meléndez, y a su familia a intentar llegar a un acuerdo antes de proseguir con la demanda por vulneración de un pacto de confidencialidad. Meléndez demandó a sus padres y a su hermano, a los que reclama el pago de 5 millones de euros por, presuntamente, haber revelado detalles de las obras que realizó en la casona familiar de Pedrosa del Rey (Valladolid). El exhorto para llegar a un acuerdo es un trámite previsto en procedimientos civiles que se deja a criterio del juzgador.
Tal y como desveló eldiario.es, Meléndez realizó obras por valor de 1.165.390 euros que transformaron una vivienda de sus padres en un chalet de lujo. En concreto, entre 2010 y 2011 construyó una piscina de agua salada, un jacuzzi, una sauna finlandesa, un comedor acristalado, un cenador con capacidad para 20 personas, una terraza con barra de bar y varios habitáculos más. Las obras se llevaron a cabo sin licencia y acabaron provocando un auténtico cisma familiar años más tarde. En 2015, Javier Meléndez colocó cerraduras en las nuevas instalaciones para que su familia no tuviese acceso, y empezó una escalada de denuncias entre unos y otros. En una de esas demandas, la familia exponía que ni su hijo, ni su esposa, tenían capacidad económica para afrontar ese gasto. Sin embargo, en enero de 2017, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial.
El marido de Clemente, que había conseguido una sentencia que le reconocía el uso y disfrute de las nuevas y costosas instalaciones construidas, renunció a ellas. Los progenitores recuperaron la propiedad y las dos empresas patateras donadas por ellos a partes iguales a sus dos hijos se dividieron: una para cada uno con un acuerdo para la compra de las respectivas acciones.
El acuerdo imponía un pacto de silencio a todas las partes. Si una de ellas revelaba lo ocurrido, indemnizaría a la otra con 5 millones de euros. Pero en septiembre de 2018, Silvia Clemente, que entonces era presidenta de las Cortes de Castilla y León, remitió un burofax a su suegra al que tuvo acceso eldiario.es.
En él, la acusaba de estar realizando “públicamente” comentarios “denigratorios” sobre ella, insultándola “gravemente en presencia de terceros” e incluso acusándola de manera “totalmente infundada con pleno conocimiento de su falsedad y temeridad, de la comisión de ilícitos penales” en el ejercicio de su función pública.
Clemente advertía en esa comunicación de que los hechos eran “constitutivos de posibles delitos de injurias y/o calumnias” por lo que la apercibía mediante el escrito ante “cualquier nuevo hecho similar” del que tuviese noticia. “Ejercitaré en su contra y hasta las últimas consecuencias cuantas acciones judiciales correspondan en defensa de mis derechos”, finalizaba aquella misiva.
La respuesta de la suegra a Silvia Clemente, Consuelo Laguna, fue otro burofax en el que desmentía las imputaciones de Clemente y a lo largo de 14 puntos, desvelaba las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de esas obras.
En noviembre de 2018, Javier Meléndez interpuso una demanda por la vulneración del pacto de confidencialidad. El titular del juzgado convocó una vistilla el pasado 25 de marzo, si bien esta no se celebró por enfermedad de su letrado. Meléndez había solicitado que la comparecencia fuese a puerta cerrada, cosa que rechazó el juez.
Finalmente la vistilla se celebró este miércoles, pero no será hasta el próximo 12 de julio cuando demandante y demandados comuniquen en el juzgado, en otra nueva vista, si han alcanzado un acuerdo. También en este caso se reiteró la petición de que se hiciese a puerta cerrada. La nueva titular del juzgado no accedió.
