Jueces, fiscales y expertos contradicen los argumentos de Pedro Sánchez para bloquear en puerto al Open Arms

El barco de rescate de inmigrantes Open Arms de la ONG Proactiva sigue atracado en el puerto de Barcelona sin permiso para zarpar. A través de una prohibición administrativa de Capitanía Marítima, que depende del Ministerio de Fomento, el Gobierno hacía efectivo hace una semana un cambio de criterio sobre los barcos de las ONG de rescate. Solo 18 días antes del veto, el Ejecutivo había abierto el puerto de Algeciras para el desembarco del Open Arms, que había trasladado durante la semana de Navidad a 311 personas rescatadas en aguas de Libia. Tras el anuncio de que el barco de rescate no zarparía, la extrema derecha de Italia y su ministro Salvini lo han celebrado como una victoria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestionado por este cambio de criterio en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, ha defendido “las tres líneas” que, dice, priman en su gestión de la inmigración: “Derechos humanos, seguridad y legalidad”. En referencia a la retención del barco de rescate Open Arms, el presidente ha defendido que “su compromiso con los derechos humanos es inequívoco” pero “siempre junto a la legalidad y seguridad”.

Así, Sánchez relaciona la denegación del permiso de salida del buque de rescate con una cuestión de legalidad y seguridad, como ya adelantaban este martes fuentes del Gobierno a eldiario.es: “Ahora que se confirma el cierre de los puertos” de países como Italia o Malta, que no permiten el desembarco, “hay que revisar la estrategia de seguridad. Si sabemos que el barco va a ir [hasta aguas de Libia] y va a tener que cruzar más distancia, estás incumplimiento todos los convenios del mundo”, han asegurado desde La Moncloa.

Jueces, fiscales y expertos, sin embargo, cuestionan en este caso la estabilidad de al menos dos de los tres pilares que Sánchez destaca de su política migratoria: la legalidad y los derechos humanos. Tras la decisión de la Capitanía Marítima de Barcelona de impedir la salida al barco de rescate de migrantes, cada vez son más las voces del ámbito jurídico que exigen al Gobierno el levantamiento del bloqueo.

La asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha condenado este miércoles la resolución por la que se justifica la denegación del despacho del barco con las largas distancias que se ve forzado a recorrer para desembarcar a las personas rescatadas tras el cierre de los puertos italianos. “El incumplimiento habitual del resto de países de su deber de auxilio no puede atribuirse a quien precisamente presta ese auxilio”, han respondido desde la organización.

“Hacen recaer sobre ellos responsabilidades ajenas”

El análisis de la asociación de jueces coincide con la crítica elaborada por la Unión de fiscales por la Democracia (UPF). Para ambas organizaciones, la resolución hace pagar a justos por pecadores. La Capitanía Marítima “les impide la salida haciendo recaer sobre ellos la responsabilidad de actos ajenos” porque “establece que el Open Arms se ha visto obligado a navegar miles de millas para encontrar un puerto seguro pues los países más cercanos al lugar del rescate (Italia y Malta) negaron el acceso a sus puertos”.

Lo mismo defiende Teresa Font, experta en derecho marítimo. La abogada asegura que la Capitanía “parece que se ha extralimitado al denegar el despacho” al buque y considera que la decisión “no se sostiene administrativamente”. “Lo que subyace son cuestiones de política migratoria, alegando incumplimientos que son de los Estados en sus obligaciones de acoger”, añade la letrada, quien ha asesorado a la ONG Open Arms en otras ocasiones.

“El despacho es un acto administrativo por el que la administración, siempre que el buque reúna los requisitos técnicos de seguridad y tripulación suficientes –que hasta ahora habían sido aprobados–le autoriza a salir a navegar”, apuntala. “Hablamos de la teoría de los actos propios: si se ha estado despachando a esta embarcación en base a las mismas condiciones técnicas, ¿qué ha cambiado ahora para que no se autorice?”, se pregunta la abogada.

Font, socia del bufete Mestre Abogados, indica que para denegar el permiso para zarpar del puerto “no es oponible una situación hipotética [que el Open Arms rescate a personas en peligro y se vea forzado a poner rumbo a España por el cierre de puertos más cercanos] porque el despacho debe ceñirse a la verificación de los requisitos para el tipo de actividad que desempeña, que son labores de observación y vigilancia, y a las condiciones necesarias” para el manejo del buque.

Jorge Antonio Quindimil, profesor de Derecho Marítimo Internacional de la Universidad de A Coruña, también emplea este argumento para deslegitimar la resolución administrativa. “La Capitanía Marítima está imponiendo medidas preventivas y no es su función. Ha denegado el despacho anticipando algo que no se ha producido. No puede dejar un buque en puerto porque sospecha que vaya a rescatar a 500 millas y los gobiernos cerrarán sus puertos”, explica.

El experto insiste en que “cualquier buque tiene la obligación de rescatar si se encuentra a personas en peligro en el mar”. Tan solo hay un límite, asegura: “Que el rescate suponga un riesgo grave para la tripulación”. No obstante, para el profesor, “corresponde al patrón del buque valorar el peligro de esa operación”.

“Aunque todas esas hipótesis hayan sido un histórico, el barco no se autoriza para ese fin. Si en las labores de vigilancia se ven en la obligación de rescatar, esto no se planifica, no sabes a cuánta gente vas a transportar ni que no vas a encontrar un lugar seguro para desembarcarla. Es presuponer que eso va a ocurrir: no se puede prever, ni se puede exigir a ningún barco que lo haga”, completa Font.

El Gobierno de Pedro Sánchez defiende el bloqueo del buque bajo una necesidad de revisar la estrategia de seguridad ante la “confirmación” de que Italia y Malta no facilitarán puerto y que el Open Arms tendría que hacer más millas de las estipuladas. “Hay que tomar medidas porque si no eres responsable” si ocurre algún accidente, señalan desde el gabinete del presidente.

Font difiere de la justificación lanzada por fuentes de Moncloa. “Si pasara algo con el barco correctamente despachado, habría que exigir responsabilidades a los Estados –más cercanos– que no lo admiten”, apunta la abogada. Es decir, la experta apunta a Malta e Italia, los gobiernos que impiden el desembarco de personas rescatadas en sus aguas próximas.

Más allá de analizar las concreciones de la resolución administrativa, el portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, resalta que “las cuestiones burocráticas y administrativas no priman sobre las obligaciones de derecho internacional humanitario”, como el salvamento de personas en peligro en el mar.

En este caso, añaden desde la asociación, “no solo está en juego su derecho a navegar sino que pone en riesgo la vida de las personas migrantes a quienes rescata, ante la pasividad de quienes están obligados a actuar en virtud del derecho internacional humanitario”.

Sin embargo, otros expertos en derecho marítimo defienden que la Capitanía Marítima “cumple estrictamente la legalidad”. Desde un punto de vista mercantil del derecho del mar, el catedrático Juan Luis Pulido defiende que, al tratarse de una solicitud administrativa, “al capitán marítimo no le compete estudiar el cumplimiento de la legislación en materia de derechos humanos o en relación a los refugiados sino si el buque cumple con la normativa en las circunstancias actuales”.

En este sentido, considera que “independientemente de quién sea la responsabilidad del cierre de los puertos”, el Capitán Marítimo “tiene que observar si ha cumplido con los protocolos de seguridad, contaminación, etc. Y en este caso ha entendido que los incumple”, considera. Su visión, que excluye el punto de vista del derecho internacional humanitario, apuesta por que las personas rescatadas pueden ser desembarcadas en Libia al tratarse de un puerto “próximo accesible”, algo descartado por organismos internacionales y convenios de derechos humanos firmados por España, al tratarse de un puerto en el que la vida de las personas auxiliadas no está a salvo.

El especialista en Derecho Internacional Marítimo Jorge Quindimil difiere con contundencia de la perspectiva de Pulido. “Es necesario tener en cuenta el derecho internacional” y, en base a diferentes convenios ratificados por España, “Libia no puede ser nunca un puerto seguro”.

El profesor destaca que “si las desembarcas en Libia incumples un derecho básico de derecho de los refugiados: el principio de no devolución”. Aunque este principio no se encuentre en la normativa específica del Derecho del Mar, añade, es una norma “básica que tienen que aplicar los Estados”.

“Y un patrón no solo aplica a bordo del barco las leyes del mar, sino también los derechos del país de pabellón. Deben aplicarse también las leyes del Estado de bandera”, recuerda el profesor.

Exigen que España denuncie el cierre de puertos

Tanto la asociación de jueces como de fiscales exigen al Gobierno levantar el bloqueo del Open Arms, pero también dar un paso más y denunciar los incumplimientos detectados por parte de Estados europeos ante el órgano competente para su sanción. “Pedimos una respuesta firme y valiente, denunciando ante el Tribunal Internacional del Mar (Hamburgo) los incumplimientos de sus obligaciones por los Gobiernos obligados, así como que lidere una respuesta europea coordinada y respetuosa con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, solicitan desde la UPF.

En este sentido, la Unión Progresista de Fiscales han advertido que “el despacho de un buque debe ser un acto administrativo, no político, y limitarse a comprobar cumple los requisitos necesarios para la navegación y la actividad que pretende realizar”. No obstantes, para la asociación de fiscales la resolución se sobrepasa de sus obligaciones y “constituye de facto una medida cautelar preventiva que impide al buque navegar hasta aguas próximas a Libia, principal puerta de entrada de inmigrantes por mar a Europa y convertidas ahora en una fosa común mortal”.

Las críticas también llegan desde el ámbito político. Esta semana, los senadores Sara Vilà y Joan Comorera, de En Comú Podem, han exigido la comparecencia en el Senado del ministro de Fomento para dar explicaciones sobre el bloqueo del buque de rescate. Por su parte, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Compromís y Ciudadanos han registrado distintas baterías de preguntas acerca de la resolución.

Pocos meses antes de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el PSOE exigió al ejecutivo de Mariano Rajoy que interviniera en defensa del Open Arms tras su retención por parte de la Justicia italiana. Además, varios diputados y europarlamentarios socialistas han participado en misiones de observación de la ONG catalana y han defendido su derecho a salvar vidas en medio del Mediterráneo central. Tras el bloqueo del buque, no han hecho declaraciones al respecto.