Los estudiantes que prendieron la mecha de las protestas en Nicaragua: “La policía nos dispara a quemarropa”
“El pueblo se manifestó. Le dimos una lección a este Gobierno. Ya no hay miedo, eso se ha acabado. Ortega tiene que irse”, dice Carlos Romero, un profesional de 32 años que ha participado en las protestas en Nicaragua. El país centroamericano no volverá a ser el mismo después del 19 de abril. Una reforma a la seguridad social ha sacado a la calle a miles de personas durante seis días de protestas, que en su mayoría han sido reprimidas por el Gobierno de Daniel Ortega.
Hasta el momento, ONG y grupos independientes han registrado al menos 30 estudiantes muertos, centenares de heridos y al menos 200 personas detenidas en las cárceles.
Este lunes, Ortega aceptó abrir el diálogo con varios sectores del país, pero sigue sin mencionar a los jóvenes fallecidos. Ese mismo día, al menos 100.000 personas salieron a las calles de Managua demandando justicia por las muertes y “restablecer la democracia” en el país.
Una de ellas ha sido Francella Cardoza, estudiante de derecho en la Universidad Centroamericana. “Nosotros tenemos el derecho a protestar y ellos nos están reprimiendo, ya no estamos protestando solo por el INSS, estamos protestando por nuestros amigos muertos, ¿quién va a responder por ellos?”, lamenta. “Le arrebataron la vida a nuestros compañeros, esto no va quedar así”.
“Sabemos que la intención que nos mueve es justa y que ahora somos un pueblo que está despierto y dispuesto al cambio”, sostiene Irene, una estudiante que prefiere no desvelar su nombre real.
“Los policías disparan a quemarropa a los estudiantes”
Hace una semana, el Gobierno, encabezado por Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, anunciaron cambios en el régimen de seguridad social (INSS) que aumentaban la cuota que empresas y trabajadores aportan al sistema, y recortaban el 5% de sus pensiones a los jubilados.
Los jóvenes universitarios del país decidieron convocar protestas pacíficas en la capital, que se vieron atacadas en operativos combinados entre la Policía y la Juventud Sandinista, que, según organizaciones de derechos humanos, funciona como órgano paramilitar del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Una concentración de apenas un centenar de personas fue duramente reprimida el 19 de abril, con decenas de heridos, incluyendo periodistas, a los que también les robaron sus equipos de trabajo. Al día siguiente, los universitarios tomaron las calles en repulsa de la violencia. “Ellos lo empezaron. Cuando nos reprimieron se empezaron a unir todas las universidades y ahora estamos en esto”, relata Cardoza.
Los recintos de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Agraria y la Universidad Politécnica, hasta hace poco controlados por el Gobierno, parecían campos de batalla, donde los estudiantes se atrincheraron contra la policía, cuyo objetivo era disipar las protestas. Algunos utilizaron piedras y morteros artesanales. Los estudiantes denuncian que la Policía Nacional utilizó armamento de alto calibre para atacarlos.
“Empezaron a tirar balazos como si fuéramos animales. Lo único que quedaba era correr por tu vida y las casas aledañas nos protegieron. Ellos usaban balas de verdad. Los heridos nos paraban, era espantoso”, relata Cardoza, quien participó en las protestas de la Politécnica.
Junto con las universidades, las ciudades comenzaron a levantarse, también en algunas zonas de mayoría sandinista. Todas fueron atacadas por las fuerzas de seguridad y la juventud pro-Gobierno.
El orteguismo, además, ha acusado a los manifestantes de ser “delincuentes”. En las tres declaraciones que Ortega ha brindado –únicamente a medios oficialistas– se ha referido a ellos como “grupos de pandilleros manipulados por la derecha”. Murillo, por su parte, los ha llamado “minúsculos grupos vandálicos”.
Los jóvenes se defienden de las acusaciones. “No tenemos ningún partido que nos esté pagando. Todas las muertes nos han dolido, los únicos delincuentes son los policías que, a todas luces, tiran a quemarropa a los estudiantes”, sostiene Irene. “El Gobierno es el responsable de estos actos vandálicos y busca crear cortinas de humo con desinformación”, apunta.
Aunque los enfrentamientos cesaron la noche del domingo, unos 100 jóvenes de la Universidad Politécnica aún resisten dentro del recinto y es el único centro donde se mantienen las protestas.
Siguen las protestas
Aunque Ortega anunció la derogación de la reforma del seguro social, el descontento con las políticas del Gobierno sigue movilizando a todos los sectores de la población, en un país donde un tercio de la población vive en la pobreza, según el Banco Mundial. “Esto es la punta del iceberg. Durante 11 años el régimen ha violado los derechos de los nicaragüenses en muchos aspectos”, explica la exdiputada y analista política, Edipcia Dubón.
Ortega acumula múltiples acusaciones que van desde denuncias de fraudes electorales hasta la negligencia con los desastres ambientales, pero hasta hace poco había ejercido su mandato en una relativa paz. Ahora se encuentra arrinconado por la propia población, sin líderes visibles ni estructura organizativa. Este lunes, miles de personas salieron a las calles en todo el país vestidas únicamente con los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua.
Ortega, quien también fue presidente del país durante la revolución sandinista de los años 80, llegó nuevamente al poder en 2006 y durante años solo había dialogado con los representantes de la empresa privada. Ahora se ha visto obligado a incluir a muchos sectores, incluyendo a los universitarios.
Sin embargo, los estudiantes aseguran que seguirán la lucha. “Primero vino la protesta, ahora viene la organización. No queremos seguir poniendo solo los cuerpos. El diálogo que esperamos es uno que responsabiliza a la Policía como principal autor de los asesinatos”, indica Irene. “Queremos que renuncie la jefa de la policía, el jefe del Ejército, y que renuncie Ortega. Él no nos representa”, reclama.
Ataques a la libertad de prensa
Después de la protesta en la que la Juventud Sandinista y la Policía robaron y golpearon a los periodistas, el Gobierno, a través del ente estatal de telecomunicaciones TELCOR, canceló las señales de canal 100% noticias, canal 12 y canal 23. Los sitios web de los medios independientes La Prensa y Confidencial, experimentaron ataques cibernéticos. Representantes de ambos medios responsabilizaron a “los enemigos de la libertad de prensa”.
El 21 de abril, en la ciudad de Bluefields, en la costa Caribe, el periodista Angel Gahona fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras transmitía las protestas en vivo en Facebook. Todavía no se conoce quién fue el responsable.
La UE, Naciones Unidas y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, han pedido al Gobierno que detenga la represión. Muchos lo consideran una de las peores masacres de los últimos tiempos en Nicaragua. “La matanza de manifestantes, incluidos varios jóvenes estudiantes, que salieron a ejercer sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, será recordada como uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de la nación”, dijo Erika Guervara-Rosa, directora de AI para América Latina.
La esperanza en el relevo generacional
Durante años, los jóvenes en Nicaragua habían sido duramente criticados por una supuesta “apatía” hacia la realidad nacional. Ahora que han logrado doblarle el brazo al Gobierno de Ortega, múltiples actores han reconocido a las nuevas generaciones. No obstante, la naturaleza espontánea y autoconvocada de las manifestaciones recientes, pone en jaque el futuro de las demandas sociales.
Según Dubón, el escenario se complica por una oposición política fragmentada y devaluada. “Ortega va a trabajar para atacar y desarticular la movilización juvenil porque está obcecado y no puede entender que haya una sensación de hartazgo de su régimen”, indica.
Según la encuesta más reciente de la firma Cid Gallup, más del el 50% de la población nicaragüense no simpatiza con ningún partido político. Por ello, los jóvenes, aseguran que ya se organizan para buscar a sus representantes. “Queremos que haya nuevas personas cuyas manos nunca hayan sido manchadas de sangre. Tenemos mucha esperanza de que la situación en nuestro país cambie”, sentencia Irene.