La principal defensora de los derechos humanos en la frontera sur española, Helena Maleno, ha denunciado haber sido expulsada “violentamente” de Marruecos, donde vivía junto a su familia y donde desarrollaba su labor de apoyo a las comunidades de migrantes desde hace 20 años. Según la activista, el pasado 23 de enero volvía al país norteafricano desde España tras un viaje de trabajo cuando las autoridades marroquíes la deportaron, sin darle ningún tipo de información e impidiéndole tomar su medicación. A su llegada a Barcelona, la esperaban a pie de avión “dos agentes de la Policía Nacional” con su documentación y sus pertenencias, según su relato.
“Fue angustioso, como saben todas las personas que son deportadas de forma violenta. Tenía una medicación que no se me dejó tomar y agravó el estado en el que llegué. Se me envió a una ciudad a la que no vivía”, ha detallado este lunes la activista en rueda de prensa. “El trato fue vejatorio incluso por parte de la compañía Air Arabia. Les pregunté por mi documentación y mis efectos personales, no sabían. Les pedí agua porque estaba mareada y se negaron. Me dijeron que me callase, que no tenía derecho a hablar”.
Tras su deportación, la fundadora del colectivo Caminando Fronteras fue obligada a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad, quien se encontraba en Marruecos cuando su madre fue deportada: “Pasaron 32 días hasta que conseguimos que mi hija saliese del país. Teníamos indicios para saber que también ella estaba en riesgo”. Durante ese tiempo, Maleno asegura haber temido “por la seguridad de la menor” si permanecía en el Estado que la expulsó. Tiene 14 años y ha vivido toda la vida en Marruecos: “Mi niña salió con una maleta y los libros del colegio, diciendo que se los traía para estudiar y que volvería a su casa. Y le dije que no, que volver a su casa no era seguro y que no iba a volver”, ha explicado la activista entre lágrimas.
Maleno acumula años de hostigamiento por su labor. La fundadora de Caminando Fronteras fue investigada por el Tribunal de Apelación de Tánger en 2018 por un supuesto delito de tráfico de personas debido a sus llamadas a los servicios de rescate españoles y marroquíes para alertar de vidas en riesgo en el mar, tras el envío por parte de la Policía española de un expediente sobre su labor durante el gobierno de Mariano Rajoy. En 2019, el juzgado marroquí archivó la causa, pero sus efectos no han acabado, según asegura el colectivo Caminando Fronteras.
La activista denuncia que, desde la apertura de la causa, las autoridades marroquíes le han “arrebatado” la residencia y han rechazado “sistemáticamente” sus peticiones para recuperarla. Finalmente, la policía alauí expulsó a la activista de forma “repentina y violenta”. Para la defensora de los migrantes, su deportación se produce “como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos”.
“Desde abril de 2020, he sufrido 37 ataques: amenazas de muerte, agresiones, seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia” que “han llegado a poner en peligro la vida de mi hija, dice la activista, quien señala a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF Central) de la Policía Nacional y a la policía marroquí como ”responsables“.
Maleno ha relatado con detalle algunos de los episodios de hostigamiento vividos desde abril de 2020. “Han entrado tres veces en mi casa. No a robar, sino que han cogido documentación. Han entrado para dejar claro que pueden entrar hasta lo más profundo de mi vida y pueden hacer todo con mi familia”, describe la investigadora. “Una vez, encima de la mesa tenía un documento donde estaban los horarios de mi hija, como actividades extraescolares y cumpleaños, de los próximos 15 días. Se llevaron ese papel. Lo hicieron para decirme: sabemos dónde está tu hija y sabemos dónde va a estar”.
El origen de su investigación en Marruecos: un expediente policial enviado por España
El proceso judicial marroquí, ya cerrado, tuvo su origen en un investigación policial en 2012 en España por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF Central) de la Policía Nacional. El expediente relacionaba a la activista con una “red de tráfico de personas” por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que han permitido salvar la vida de miles de migrantes.
En 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias recopiladas por la UCRIF Central al no deducirse indicios de delito de la investigación, pero estas habían sido enviadas por España a la justicia marroquí con anterioridad, lo que derivó en la apertura de la causa contra Maleno en Marruecos, donde reside la activista. Tras varias citaciones judiciales, el juzgado marroquí confirmó en 2019 la inexistencia de “indicios de delito” contra la defensora de los migrantes y archivó la causa.
La defensora de derechos humanos no se siente protegida por el Gobierno español, dado que el inicio de su proceso judicial en Marruecos vino de la mano de un informe policial del que, denuncia, “no se ha investigado por el Ministerio del Interior ni se han depurado responsabilidades”. Durante los últimos años, la activista ha recibido el respaldo tanto desde Exteriores, a través de la Embajada de España en Marruecos, como de Derechos Sociales, sin embargo, considera que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska no está haciendo lo suficiente para apoyarla. “Creemos que hay versos libres dentro del Estado español, nuestra sensación es que, como pasó con mi dossier [el expediente policial español contra la labor de Helena Maleno] , determinadas personas dentro del Interior siguen actuando de forma impune. Mi criminalización comenzó ahí y, desde entonces, quienes hicieron esos dossieres cloaca y siguen en sus puesto sde responsabilidad pública. Hemos pedido que investigue lo que pasó, por salud democrática, y no han logrado hacerlo. A pesar de la buena voluntad que nos ha mostrado una parte del Gobierno, la persecución ha seguido”.
“Interior jamás nos ha dado una respuesta”
La organización internacional Front Line Defenders, especializada en apoyar a las defensoras de los derechos humanos en procesos de criminalización, considera que el Estado español no ha cumplido con su deber de proteger a Maleno. “Nos ha sorprendido que, mientras reconocen la labor de Helena en la defensa de los derechos humanos y consideran que su persecución es injusta, luego no han reaccionado. Cuando ha sucedido la deportación, no hemos recibido muchas reacciones. Es decepcionante”, ha valorado María San Martín, de la ONG.
“Interior jamás se ha querido reunir con nosotras. Jamás nos ha escuchado y jamás nos ha dado una respuesta”, apunta Maleno. “Tenemos miedo del estado español, de sus instituciones. Desde que supe que hay un dossier hecho por la Policía española, tan oscuro, tuve miedo. Siento más miedo que protección”.
La reconocida defensora de derechos humanos también ha estado acompañada en la rueda de prensa de la actriz Alba Flore, así como del periodista y activista antirracista Moha Gerehou, quienes han apoyado a la fundadora de Caminando Fronteras. “Dentro de la políticas racistas, en el momento en que defiendes los derechos de las personas migrantes acabas convirtiéndote en foco de la criminalización”, ha dicho Gerehou, quien también ha sido atacado en redes sociales por su activismo. “Defender a las personas migrantes del racismo estructural es un riesgo ante el cual nos sentimos completamente desprotegidos”, ha añadido.
Por su parte, Alba Flores ha apoyado el trabajo “esencial” de Helena Maleno. “Si ella no estuviese, no sé cómo nos íbamos a enterar de lo que sucede en la frontera”, ha afirmado la actriz, quien ha puesto voz a su libro 'Mujer de Frontera'. Según la activista y Front Line Defenders, tras la publicación de esta obra, en la que la defensora describe con detalle el proceso de persecución sufrido y su labor en la frontera, los ataques contra ella han ido en aumento.
Con el apoyo de varias organizaciones, Caminando Fronteras ha enviado una carta a Pedro Sánchez, para solicitar “el cese de la criminalización” y la depuración de “responsabilidades en las instituciones pertinentes para evitar ”las acciones persecutorias contra su persona“. En su misiva, también pide al Ejecutivo la protección de la activista y de su familia, así como ”la reparación de los innumerables daños instigados“ contra ella y su familia.
A través de un sistema de alertas, su ONG, Caminando Fronteras, ha permitido el rescate de miles de personas que trataban de llegar en inestables embarcaciones a las costas españolas. Por su denuncia social, la portavoz de Caminando Fronteras ha sido galardonada con más de 20 premios de derechos humanos nacionales e internacionales y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Islas Baleares.