El sábado por la noche, los primeros supervivientes rescatados por el Ocean Viking comenzaban a descender, uno por uno, al muelle de Lampedusa mientras sonaban las notas de I will survive, procedentes de una discoteca cercana. Las autoridades italianas les habían asignado esa misma mañana un lugar seguro donde desembarcar. Ante la que ha sido su primera prueba en la política de cierre de puertos, el nuevo Gobierno había prometido una “solución rápida y adecuada”. La espera se acortó respecto a las anteriores situaciones de parálisis que se han vivido durante el último año, con las ONG de rescate vagando durante varios días, incluso semanas, en alta mar.
Pero el Ejecutivo italiano comenzaba a despejar las dudas sobre cuál será, de momento, su postura a partir de ahora: las instrucciones solo vinieron después de alcanzar un acuerdo previo con varios países europeos para reubicar a los rescatados, la misma solución que se viene utilizando para poner fin a los bloqueos provocados por el cierre de puertos decretado por Matteo Salvini. Los migrantes asistidos por el Ocean Viking esperarán en la isla a ser trasladados a los Estados que se han mostrado dispuestos a acogerlos. Algunos se quedarán en Italia y otros serán recibidos por Alemania, Francia, Luxemburgo y Portugal, según confirmó el ministro del Interior francés.
“Hemos pasado de la 'disuasión proactiva' a la 'disuasión implícita'. Diría que ahora los puertos no están completamente abiertos, en lugar de 'cerrados'. Con Salvini, hubo intentos de negar activamente un puerto seguro a las ONG. Con el Gobierno actual, en cambio, hay un enfoque de 'esperar y observar'. El Ejecutivo no proporciona un puerto seguro hasta que los países de la UE lleguen a un acuerdo sobre la reubicación después del desembarco”, sostiene en declaraciones a eldiario.es el investigador Matteo Villa, del Instituto Italiano para estudios políticos internacionales (ISPI). “Es una situación algo mejor que antes, pero aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar un desembarco rápido y predecible”.
El sistema utilizado por Italia se ensayó por primera vez poco después del portazo al buque Aquarius en junio de 2018. Días después, otra ONG alemana, Lifeline, rescató a 234 personas en peligro. La historia sonaba similar: la negativa de Malta e Italia, seis días en el mar, mal tiempo y un buque que superaba su capacidad máxima. Pero la respuesta fue distinta: Malta daba permiso a la nave humanitaria tras alcanzar un acuerdo para reubicar a los solicitantes de asilo entre varios países europeos.
Desde entonces, ha sido la solución más frecuente para dar una salida a situaciones de estancamiento en las que las condiciones a bordo no hacían más que deteriorarse, con supervivientes cada vez más desesperados. Ante todo, se trata de acuerdos puntuales caso por caso, forzados por la práctica de los países más cercanos de prohibir o retrasar el desembarco en sus puertos. En todo este tiempo, como resultado, la incertidumbre ha marcado el final de cada operación de salvamento que hasta hace algo más de un año habían sido coordinadas por los guardacostas italianos.
No solo se ha aplicado para buques humanitarios, también para naves militares (es el caso de la patrullera Gregoretti, el pasado julio). Tampoco han sido soluciones inmediatas, han venido después de días, también semanas, de largas negociaciones mientas las naves permanecían en punto muerto en alta mar con condiciones cada vez más difíciles. Según datos de Villa, la duración media de las crisis desatadas en el Mediterráneo durante la gestión de Salvini fue de nueve días.
Cómo funciona
Por lo general, tras la negativa de Italia y Malta a abrir sus puertos, algún Estado miembro ha solicitado a la Comisión Europea que coordinara un pacto que agilizara el desembarco. Así, la participación de la institución comunitaria ha dependido de que algún Gobierno lo requiera formalmente, como quedó en evidencia cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negó a pedir en Bruselas que se activaran las negociaciones para poner fin al último bloqueo del Open Arms.
A través de este sistema, los Estados de la UE -que a veces mantenían conversaciones informales previas- han pasado a negociar la distribución de los rescatados a bordo. Según se ha informado tras cada pacto, han participado en ellos países como Alemania, España, Francia, Portugal, Malta, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Rumanía y Noruega.
Una vez acordado, varios días después, el Gobierno de Malta y también de Italia, los puertos más cercanos, anunciaban su disposición a recibirlos y posteriormente reubicarlos en el resto de países. De acuerdo con datos recabados por el ISPI, hasta mediados julio de 2019, no todos los migrantes a bordo entraron en estos acuerdos: el resto de los Gobiernos europeos se comprometieron a recibir en sus países solo a uno de cada dos supervivientes llegados a Malta e Italia tras estos pactos, 1.030 de 1.957.
Una vez en tierra, la atención mediática sobre qué ocurre con los rescatados suele decaer. Organizaciones como el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) han criticado que algunos países de desembarco “han privado arbitrariamente a personas de su libertad y han obstruido el derecho a solicitar asilo”. Es el caso de Malta, donde varios buques han logrado llevar a los náufragos desde el verano de 2018 tras las negociaciones entre Estados. “Las personas desembarcadas son detenidas en el centro de recepción inicial de Marsa sin que se les permita presentar una solicitud de asilo”, aseguran.
El organismo denuncia que las personas “permanecen detenidas de facto en el centro sin que se les reconozca la condición de solicitantes de asilo hasta su traslado a otros países, por períodos que en algunos casos llegan a los dos meses”. De acuerdo con las cifras del ISPI, de las 1.030 reubicaciones comprometidas hasta mitad de julio, los países de la UE habían acogido a 840 personas. “Tienden a cumplir sus promesas, pero el ritmo no es tan rápido”, sostiene Matteo Villa.
El enfoque “barco por barco” ha sido muy cuestionado, ya que, aunque permite poner fin a los bloqueos, son pactos ad hoc que suelen venir con días de retraso, no de un mecanismo predecible y estable que sea automático y evite la improvisación tras cada operación de salvamento, como reclaman las ONG y organismos como Acnur. Es decir, mientras tal sistema no quede establecido, el final de cada rescate las organizaciones humanitarias sigue quedando a merced de la voluntad de los Estados de iniciar conversaciones y participar en la redistribución.
Después de la decisión del Gobierno italiano, que las organizaciones humanitarias valoraron positivamente, la crítica fue la misma: “Tener que esperar de varios días a varias semanas no es tolerable. Instamos a los Estados europeos a establecer un mecanismo efectivo, coordinado y predecible que garantice puertos seguros de desembarque para las personas rescatadas en el mar”.
Próxima reunión en La Valeta para fijar un mecanismo
Mientras el Ocean Viking permanecía en aguas internacionales, desde el Ejecutivo liderado por Giuseppe Conte insistían en que pretenden “continuar con una gestión multinivel, estructural y no de emergencia” y promover un pacto europeo para establecer un mecanismo automático de redistribución de los supervivientes rescatados.
El momento no es casual. El próximo 23 de septiembre, los representantes de Interior de Alemania, Francia, Italia y Malta se reunirán en La Valeta para discutir la puesta en marcha de un sistema de desembarco y reparto automático, según adelantó el diario italiano La Stampa. Al encuentro también asistirá el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, como ha confirmado la Comisión Europea a eldiario.es. La idea es que más países se sumen en el Consejo de Asuntos Internos de la UE en Luxemburgo, el 7 y 8 de octubre.
Sobre la mesa está la posibilidad de establecer un sistema de cuotas previo para reubicar a las personas rescatadas. En los últimos días, los medios italianos han difundido los detalles de un documento que esboza un “programa de reasignación predictiva temporal”, en el que por el momento, los Gobiernos francés y alemán se han comprometido a aceptar al 25%. Algunas de las cuestiones por resolver son, por ejemplo, si solo acogerán a solicitantes de asilo o a todos los rescatados, como demanda Italia, o cómo casará la propuesta con el Reglamento de Dublín, la normativa europea que obliga a los refugiados a pedir protección en el país comunitario donde haya quedado registrada su huella por primera vez.
“Hay un intento de avanzar hacia un enfoque más predecible, aunque todavía no muy 'razonable”, opina Villa. Para el investigador, la pelota ahora está en el tejado de los demás países de la UE, que “tendrán que demostrar ahora que la solidaridad lograda durante el anterior Gobierno italiano no va a disminuir a medida que Italia suavice su propia posición”. “Si empiezan a retractarse de sus propios compromisos, va a ser difícil para el actual Gobierno italiano justificar [internamente] su postura más suave”, recalca.
A finales de julio, el presidente francés Emmanuel Macron ya anunció la participación de al menos ocho países comunitarios en el proyecto, que ha sido impulsado por Francia y Alemania. Desde aquel día, en la gran mayoría de los acuerdos a los que se ha llegado para poner fin a las emergencias en el Mediterráneo suelen sonar varios nombres propios: Francia, Alemania, Portugal, Irlanda o Luxemburgo.
Sin embargo, la propuesta ha continuado desde entonces en proceso de negociación por parte de los Estados miembros. El mandatario francés aseguró en aquel momento que otro de los propósitos será impulsar mecanismos conjuntos de devolución de las personas que no tienen derecho de asilo a sus países de origen, “de forma voluntaria u obligatoria”.
Entre los participantes confirmados por el presidente francés no estaba España, indicó un portavoz de Exteriores a Europa Press. El Gobierno español rechaza que la iniciativa franco-alemana esté diseñada para aplicarse únicamente sobre las personas rescatadas en la ruta del Mediterráneo Central (Libia-Italia). Para España, el dispositivo debe extenderse a los migrantes localizados en su intento de llegar a suelo español y griego. Del mismo modo, el Ejecutivo de Sánchez apuesta por no limitar el sistema a las operaciones llevadas a cabo por ONG, sino que englobe también las realizadas por organismos públicos, como Salvamento Marítimo.