La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ve con buenos ojos que la Supercopa de España se juegue el próximo enero en Arabia Saudí. Aunque aún se desconoce si el país árabe será finalmente la sede elegida para disputar el torneo en el que se enfrentan cada año el ganador de la Liga y de la Copa del Rey, el periodismo deportivo sitúa esta opción como la preferida del presidente de la Federación, Luis Rubiales.
La simple idea de llevar una competición oficial española a un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos ha desatado la polémica. “Nosotros defendemos la igualdad de género”, dijo la ministra portavoz, Isabel Celáa, cuestionada por la posibilidad de celebrar la competición en un país donde persiste profunda discriminación contra las mujeres, aunque fuentes del Gobierno matizaron posteriormente que la organización es competencia exclusiva de la federación.
Desde Amnistía Internacional han insistido en que antes de sentarse a negociar los contratos para un evento de estas características con Arabia Saudí, se deberían tener en cuenta las situación de los derechos de la población y piden a la RFEF que se lo replantee. “Es un país que tiene un larguísimo historial en contra de los derechos humanos”, ha dicho Carlos de las Heras, portavoz de la ONG.
La controversia era previsible. Críticas similares estallaron el pasado enero, cuando Italia decidió celebrar su Supercopa en este país del Golfo. Entonces, surgieron las acusaciones de complicidad con lo que en inglés se llama 'sportswashing' [lavado de cara deportivo], como se denomina a la estrategia de utilizar la organización de eventos deportivos o el patrocinio de equipos para mejorar la cuestionada reputación de un país, tapando su historial de abusos. Varias voces han cuestionado anteriormente este uso en el caso de Arabia Saudí, pero también de otros países como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Rusia o Israel.
La vulneración de los derechos de las mujeres, la represión de las voces disidentes o los ataques contra la guerra de Yemen son algunos de los abusos mencionados con más frecuencia para oponerse a la celebración de eventos deportivos en Arabia Saudí, un país gobernado por una monarquía absoluta que concentra los poderes ejecutivo y legislativo. El rey es elegido por su predecesor entre los descendientes varones del fundador del país. En 2017, el monarca Salman bin Abdulaziz al-Saud nombró a su hijo Mohamed bin Salman como príncipe heredero, destronando al primo mayor del príncipe. Los partidos políticos están prohibidos y la Justicia tiene muy poca independencia.
Acusaciones de crímenes de guerra en Yemen
Desde 2015, Arabia Saudí ha recibido una lluvia de acusaciones por su desvastadora intervención militar en Yemen. Recientemente, el presidente del grupo de expertos de la ONU ha denunciado que “las violaciones contra civiles yemeníes continúan sin cesar tras cinco años de conflicto, con un total desprecio por la difícil situación de la población”. En su último informe, estos especialistas responsabilizan abiertamente a las autoridades saudíes, que lideran la coalición contra los hutíes en el país árabe, de posibles crímenes de guerra y también cuestionan la legalidad del suministro de armas desde países como EEUU, Francia o Reino Unido al considerar que “perpetúan el conflicto y el sufrimiento de la población”.
La lista de vulneraciones documentadas es larga: bombardeos indiscriminados, asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, reclutamiento de niños. Sus ataques aéreos han impactado contra autobuses, hospitales, mercados, instalaciones de agua, viviendas. Según la ONU, más de 65.000 personas han muerto o han resultado heridas en la guerra de Yemen, una cifra que incluye 16.000 muertes de civiles. De acuerdo con los datos de Yemen Data Project, desde que se formó en marzo de 2015 para combatir a los rebeldes hutíes, la coalición ha lanzado cerca de 20.200 bombardeos por los que han fallecido 8.623 civiles.
Riad también ha impedido el acceso a ayuda en medio de la peor crisis humanitaria del mundo. El grupo de expertos de Naciones Unidas apunta a que los miembros de la coalición pueden haber utilizado el hambre como método de guerra. Las organizaciones humanitarias alertan de que Yemen, el país más empobrecido de Oriente Medio, se encuentra al borde de la hambruna. Las cifras se cuentan por millones: más del 80% de la población, unos 24 millones, depende de la asistencia humanitaria para sobrevivir.
Alto uso de la pena de muerte
Arabia Saudí es, también, uno de los mayores verdugos del mundo. El pasado abril, Amnistía Internacional alertó de una “alarmante escalada” del uso de la pena de muerte el el país tras la ejecución de 37 personas declaradas culpables de cargos de ‘terrorismo’. Desde la organización han acusado al Estado saudí de utilizar la pena capital como arma política contra la minoría chií. En 2018, según recopiló AI, Arabia Saudí llevó a cabo un total de 149 ejecuciones, el tercer mayor número del mundo, por detrás de China e Irán. 60 de ellas eran por delitos de drogas.
Para dictar sentencias e imponer condenas, las autoridades admitieron “confesiones” que podían haber sido obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, de acuerdo con la organización internacional. A menudo, se juzga en procesos sumarios sin asistencia ni representación letrada, y sin servicios de traducción para extranjeros. En estos momentos, la ONG se centra en la situación de tres jóvenes —Ali al Nimr, Dawood al Marhoon y Abdullah al Zaher— “que permanecen condenados a muerte y en peligro inminente de ejecución”. “Todos ellos eran menores de 18 años en el momento de sus presuntos delitos”, recalcan.
También hay voces, como Human Rights Watch, que a nivel judicial denuncian “violaciones sistemáticas del debido proceso y los derechos de un juicio justo, incluido el arresto arbitrario” en la Justicia saudí. “En ausencia de un código penal escrito o regulaciones estrictamente redactadas, los jueces y fiscales pueden condenar a las personas por una amplia gama de delitos bajo cargos generales, como ‘tratar de distorsionar el reputación del reino”.
Persecución de la disidencia
Las organizaciones internacionales critican la “represión incesante” del régimen saudí contra críticos del gobierno, académicos, defensores de los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. No se permite la existencia de partidos políticos, sindicatos o grupos independientes de derechos humanos, y las autoridades procesan y encarcelan a quienes crean o participan en organizaciones sin licencia. Todas las reuniones, incluidas las manifestaciones pacíficas, están prohibidas.
Hace un año, el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí de Estambul. Nunca se ha encontrado su cuerpo. Tras seis meses de investigación la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, sostiene que el asesinato “fue resultado de un plan elaborado” y “premeditado” bajo la supervisión y con el respaldo de altos cargos de la monarquía.
Activistas feministas encarceladas
El país ha saltado a titulares de todo el mundo por el encarcelamiento de varias activistas feministas que habían peleado por el fin la prohibición de conducir o el sistema de tutela masculina. En mayo de 2018, las autoridades saudíes iniciaron una serie de detenciones, acusándolas en un primer momento de delitos como “socavar la seguridad nacional”, según figuró en los medios estatales. Algunas han denunciado torturas -descargas eléctricas o flagelaciones, según AI- y abusos sexuales durante los meses que permanecieron recluidas. También han estado en régimen de incomunicación.
Varias de ellas han sido liberadas temporalmente hasta que se dicte sentencia aunque otras permanecen detenidas, como la destacada activista Loujain al Hathloul. Dice que cuando fue capturada le vendaron los ojos, la arrojaron al maletero de un automóvil y la llevaron a un centro de detención, la torturaron y amenazaron con violarla y matarla, según explicaron familiares suyos a The Guardian. “Loujain ha sido brutalmente torturada y acosada sexualmente”, ha denunciado recientemente su hermana en Twitter.
Las mujeres se enfrentan a una profunda discriminación por el hecho de serlo en el reino ultraconservador, con el sistema de tutela masculina como una de sus máximas expresiones, supeditando en la práctica sus derechos a la decisión de sus padres o maridos. En agosto, Arabia Saudí anunció reformas para suavizar algunas restricciones, como poder obtener un pasaporte para viajar sin autorización de su ‘guardián’, o registrar el nacimiento de hijos, informar de la muerte de un pariente y solicitar documentos como el libro de familia, algo limitado hasta ahora. En enero de este año, por primera vez, pudieron entrar en un estadio de fútbol en el país.
En los últimos años, el controvertido príncipe heredero Mohamed bin Salman ha impulsado una serie de medidas encaminadas a relajar algunas de las restricciones a las mujeres saudíes como parte del proceso de cambio de imagen que quiere propiciar en el exterior. El Gobierno saudí ha ido presentando esos cambios a bombo y platillo, como la autorización de conducir para las mujeres, vigente desde hace algo más de un año. Sin embargo, mientras vende este cierto aperturismo, en paralelo, han desatado la represión de las activistas que llevaban tiempo defendiendo los derechos de las mujeres.
“Si Arabia Saudí quiere mostrar al mundo que está de verdad dispuesta a mejorar los derechos de las mujeres, las autoridades deben retirar todos los cargos formulados contra las personas defensoras de los derechos de las mujeres que han desempeñado una función decisiva presionando en favor de este tipo de reformas por medio de su activismo. Deben dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas por luchar en favor de estos derechos absolutamente básicos”, afirma Lynn Maalouf, directora de investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional.
Explotación de trabajadores migrantes
Al igual que en otros países de la región como Qatar, que está organizando el Mundial de Fútbol de 2022, en Arabia Saudí, muchos trabajadores migrantes sufren abusos y explotación, enraizados en el sistema kafala que vincula los permisos de residencia de los empleados a los jefes, que tienen que dar su consentimiento para que puedan cambiar de trabajo o abandonar el país. Esto abre la puerta, denuncia HRW, a que algunos empleadores confisquen pasaportes, retengan salarios y obliguen a los migrantes a trabajar en contra de su voluntad.