Aref Al Shargui leyó la noticia en sus redes sociales. La información corrió entre los residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), hastiados tras meses de encierro en Melilla: el Tribunal Supremo confirmaba a finales de julio el derecho de los solicitantes de asilo en las ciudades autónomas a moverse por todo el territorio español. Atrapado durante un año, el hombre yemení creyó que su bloqueo había terminado. Compró un billete de ferry con destino Málaga, preparó su documentación, y el 12 de agosto se plantó en el puerto melillense con sus escasas pertenencias. La respuesta fue la de siempre.
El joven no superó el control policial. “Me pidieron un permiso de la Policía y, para que me lo den, me dicen que necesito una plaza de acogida en la península”, cuenta Aref, en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde reside desde su llegada a la ciudad.
El de Aref es el primer caso documentado de denegación de salida a la península tras la decisión del Tribunal Supremo, que a finales de julio concluyó en dos sentencias históricas que los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla tienen derecho a la libre circulación por España una vez admitida a trámite su petición de protección internacional.
Casi tres meses después de las sentencias, ningún solicitante de asilo ha podido salir de las ciudades autónomas por su cuenta, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, organizaciones que llevan años denunciando ante los tribunales casos de bloqueo. Aunque las llegadas terrestres por esta ruta han caído un 67% en lo que va de año, Melilla sigue desbordada por la negativa de Interior a trasladar a los migrantes a otros puntos del país.
Hacinados
Los 1.362 residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), entre ellos 230 de ellos solicitantes de asilo, viven hacinados en un espacio habilitado para albergar a 780 personas. A ello se suman 300 migrantes (44 solicitantes de asilo y cuatro refugiados) albergados en la plaza de toros de la ciudad, convertida en centro de acogida de emergencia; y otras 50 personas de perfil vulnerable (dos de ellas, demandantes de protección), alojadas en un hotel de la ciudad.
La decisión del Supremo permite a los demandantes de protección internacional salir por su cuenta, sin necesidad de hacerlo a través de salvoconductos gestionados por el Ministerio del Interior, aprobados a cuentagotas, pero en Melilla no se percibe cambio alguno. De la puerta del CETI, entran y salen sus residentes con rostro apático.
Aref, tras más de un año de estancia en la ciudad, sigue moviendo cielo y tierra para salir de aquí. Ha llamado a todas las puertas, ha hablado con distintos abogados y organizaciones, desesperado ante las imágenes enviadas por su familia que muestran, dice, su casa derruida por las bombas en su país. “Siento que nadie me escucha”, confiesa el yemení con frustración. “Mi situación en Melilla es trágica. Huyo de la guerra para sacar a mis hijos de Yemen”, cuenta el joven, de 29 años, originario de la ciudad de Dhala, situada en el suroeste del país. La tensa situación del conflicto en la zona empujó a su familia a trasladarse a Ibb: “Los transferí porque estaban bajo bombardeos y enfrentamientos militares”.
La única obligación de los demandantes de protección a la hora de ejercer su libertad de circulación por España es, según el Supremo, “comunicar los cambios de domicilio” a la autoridad competente, como marca la Ley de Asilo. El Tribunal no detalla el momento en que los solicitantes deben informar sobre su nueva vivienda ni la manera de hacerlo. Cuando se trata de demandantes de protección localizados en territorio peninsular, basta con avisar a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) una vez materializado el cambio de hogar; pero las sentencias no lo especifican y a esa ambigüedad se aferra Interior para impedir el paso a solicitantes como Aref.
Según detallan fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, las secretarías de Estado de Seguridad e Interior ultiman la modificación de la instrucción interna que rige la documentación exigida a los solicitantes de protección internacional con el objetivo de “acomodarla a la sentencia”. Interior asegura que, tras el fallo, un demandante de asilo que intente cruzar desde las ciudades autónomas puede hacerlo “si avisa de un domicilio”. Los detalles sobre cuál es la manera de informar sobre esa nueva residencia se desconocen. Según fuentes del Ministerio, serán determinados en la próxima orden.
De Yemen a Sudán
Aref cuenta que no es la primera vez que migra. Cuando estalló la guerra en Yemen, las fuerzas de los hutíes y el gobierno intentaron reclutarlo, según su expediente de asilo, al que ha accedido elDiario.es. Ambos ejércitos, asegura, le amenazaron: “O se iba a luchar con ellos o le mataban”, detalla el documento. Esta fue la razón por la que huyó a Sudán, donde intentó estabilizarse, hasta el golpe de Estado contra el presidente Omar al-Bashir, cuando decidió encontrar otro lugar donde asentarse con su familia, relata. Esta vez a Europa, a través de Melilla.
A su lado, en una explanada de tierra seca próxima al centro que les agobia, Burhan Aldeen, muy agitado, atropella sus palabras al narrar una historia similar. Agarra su móvil para mostrar una foto tras otra: una casa derrumbada en Saná, varias publicaciones de Facebook acerca de sus años como “prisionero” de las fuerzas hutíes, la suciedad acumulada en los baños del CETI, imágenes de sus dos niñas...
“Tengo mucho miedo”
“He salido de Yemen por la guerra, para buscar la libertad, pero ahora estoy encerrado en otra guerra, una psicológica”, resume Burhan. Enrabiado, agacha su cabeza y señala su cabello: “Antes de entrar en el CETI, mi pelo era negro. Ahora es blanco”, ejemplifica el yemení, quien denuncia las malas condiciones del centro, entre las que incluye la imposibilidad para cumplir las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios en un centro que ya acumula más de 100 casos positivos.
Burhan dejó su país, en conflicto desde 2014, con el objetivo de conseguir un trabajo en España y sacar a su familia de la guerra. Hasta llegar al paréntesis melillense. Sus hijas y su mujer siguen en Saná, la capital de Yemen, y él vive con la ansiedad de no estar. No estar en casa, con ellas, ni estar dando pasos en su proyecto migratorio para reunirse en Europa. No estar en ningún sitio donde sentirse útil.
A 5.500 kilómetros de distancia, habla con su familia a diario, “para controlar cómo se encuentran y reducir la presión psicológica”, explica unos días después por mensaje. Evita pensar en su mayor temor: “Tengo mucho miedo, están bajo ataques aéreos de misiles, en la ciudad de Sana'a, que está bajo el dominio de milicias”.
En Melilla todo está parado. La prolongación de su estancia en una ciudad convertida en prisión tantos migrantes bloqueados, le empuja a plantearse regresar a la devastación de su país. “En Yemen, no garantizo mi seguridad personal, ya sea de la persecución de las milicias o de la guerra, pero si me dan a elegir entre la permanencia en este centro o el regreso a la guerra de Yemen, prefiero volver”.
“Al menos estaré con mi familia si algo malo ocurre”, explica el hombre, que trabajaba como arquitecto hasta el estallido del conflicto. Sus quejas son repetidas en cada una de las instalaciones donde el Gobierno central y melillense acogen a migrantes ante el colapso de la acogida derivado del bloqueo de los traslados. Un egipcio a las puertas de la plaza de toros, una mujer marroquí, victima de violencia de género y asmática a la que impiden la salida a pesar de tener disponible un domicilio de un familiar en Málaga... Nadie sabe cómo salir de esta ciudad tras la nueva sentencia.
“Los requisitos de Interior incumplen la sentencia”
Tanto el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado consideran que Interior incumple las sentencias del Supremo con la imposición de requisitos a los solicitantes de asilo que pretendan viajar a la península. “Realiza una interpretación errónea y contraria al espíritu de las sentencias, que no contemplan ningún requisito para salir de Ceuta y Melilla”, defiende Paloma Favieres, coordinadora del servicio jurídico de CEAR.
“La sentencia es muy clara: el ministerio actuaba en contra de la legalidad al impedir la libre circulación a los demandantes de asilo en Ceuta y Melilla. Como solicitantes de protección tienen la obligación de avisar de cualquier cambio de domicilio, pero el fallo no dice que su derecho a la libre circulación esté supeditado a ello”, considera María Vieyra, abogada del SJM en Melilla.
Varias de las personas entrevistadas por elDiario.es preferían apartarse del CETI antes de ser entrevistados. En Melilla, donde la arbitrariedad suele reinar en muchas de las decisiones que les afectan de forma directa, los migrantes tienen miedo a denunciar su situación. Temen, dicen, dar la cara. Si solo Aref ha intentado cruzar por sus propios medios a la península es porque la “opacidad” de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras “les disuade”, según apunta apunta Vieyra.
“Hay gente que va a preguntar a comisaría, pero las indicaciones no son claras, y no se atreven, tienen miedo: conocen el funcionamiento de las administraciones de Melilla y temen sufrir represalias”, concluye la letrada.