La Comisión Europea desoye las críticas y sigue adelante con el acuerdo alcanzado con Túnez para que refuerce el control de la frontera -la salida al mar de los migrantes- a cambio de cerca de 1.000 millones de euros. A pesar del cuestionamiento que ha llegado desde varios estados miembros y de los grupos políticos de la izquierda, Bruselas ha desbloqueado 127 millones de euros para ese país cumpliendo la petición de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que apremió a Ursula von der Leyen a poner en marcha cuanto antes el memorando de entendimiento (MoU) que ambas firmaron con Túnez, junto al primer ministro holandés, Mark Rutte, en julio.
“En apoyo de la aplicación del Memorándum de Entendimiento (ME) sobre una asociación estratégica y global entre la UE y Túnez, la Comisión anuncia hoy 60 millones de euros de apoyo presupuestario a Túnez y un paquete de asistencia operativa en materia de migración por valor de unos 67 millones de euros, que se desembolsarán en los próximos días”, ha anunciado la Comisión Europea en un comunicado. Los primeros 60 millones corresponden a programas que ya estaban en marcha. En cuanto a los fondos específicos para migración, 24,7 millones ya estaban en programas de 2022 y 42 millones forman parte del paquete de 105 millones prometidos a Túnez en verano.
Ese acuerdo suponía 150 millones de euros a Túnez de ayuda inmediata al presupuesto estatal sin condiciones y 105 millones de euros destinados a aumentar el control de los flujos migratorios. Otros mil millones de euros están planificados como préstamos.
“Este nuevo paquete proporcionará el reequipamiento de buques de búsqueda y rescate, vehículos y otros equipos para la guardia costera y la marina tunecinas, la protección de los migrantes en Túnez en cooperación con el CDHNU y el retorno y la reintegración desde Túnez a los países de origen, en cooperación con la OIM. También está previsto el suministro de nuevas embarcaciones, cámaras térmicas y otras ayudas operativas, junto con la formación necesaria”, recoge el comunicado del ejecutivo comunitario.
La intención de Bruselas es “avanzar rápidamente en la aplicación del memorando”, a pesar de las críticas que ha recibido dentro de la UE. Las fuerzas progresistas se han revuelto contra el acuerdo y han exigido su retirada. Dentro de los 27 han surgido críticas por el modus operandi del Gobierno de Von der Leyen y denuncian que no se han seguido los procedimientos requeridos de consultas previas en contra del criterio de la Comisión Europea, que sostiene que ha informado a los estados miembros desde el inicio de las negociaciones.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presionado para que el acuerdo se ponga en marcha lo antes posible ante el incremento de las llegadas al país a través del Mediterráneo. Una delegación de la Comisión Europea visitará Túnez la próxima semana para abordar “las acciones prioritarias” del despliegue de ese MoU, que básicamente tienen que ver con repeler a las personas migrantes que tratan de llegar a Europa.
Otra de las críticas que ha emergido por el acuerdo tiene que ver con la deriva autoritaria del Gobierno, algo a lo que no alude Bruselas en ningún momento. La Defensora del Pueblo de la UE ha llamado la atención al respecto y ha cuestionado el acuerdo por falta de garantías en el cumplimiento de los derechos humanos en ese país. “Los contratos siempre tienen cláusulas sobre derechos humanos”, ha asegurado este viernes la portavoz de la Comisión Europea para la Vecindad, Ana Pisonero.