El acuerdo migratorio entre la Unión Europea (UE) y Túnez se ha hecho esperar varias semanas, pero al final fue sellado el pasado domingo en este país, que desde principios de 2023 es escenario de una preocupante deriva autoritaria y racista bajo el mando del presidente Kais Said, que sin embargo se ha convertido en un socio prioritario europeo.
Según el pacto, que tendrá que ser ratificado por los Estados miembros, Túnez recibirá 105 millones de euros para luchar contra la migración irregular y los traficantes de personas, que en los pasados meses campan a sus anchas en las costas surorientales del país, desde las que se alcanza más fácilmente la isla italiana de Sicilia.
Las pateras que zarpan desde las costas tunecinas han aumentado en lo que va de año, superando a las que salen desde la vecina Libia, debido a un mayor control de las fronteras por parte de las autoridades libias en virtud de un acuerdo con Italia de 2017 que promueve las interceptaciones de los migrantes en el mar y su devolución a tierra, donde son encerrados y sometidos a todo tipo de abusos.
Durante el pasado fin de semana, el barco Geo Barents, de la ONG Médicos Sin Fronteras, que opera en aguas del Mediterráneo Central, socorrió doce embarcaciones, once de las cuales habían salido desde Túnez, y pudo rescatar a un total de 462 supervivientes, tal y como ha informado a través de Twitter. Esas personas han sido llevadas a Italia, el país del sur de Europa que está recibiendo el mayor número de migrantes desde esta primavera.
En lo que va de año, ya han desembarcado en Italia más de 75.000 migrantes, frente a los menos de 32.000 que lo hicieron en el mismo periodo de 2022. Este mes de julio, llegaron cientos e, incluso, más de un millar de personas en un solo día, según los últimos datos del Ministerio de Interior. Muchos proceden de África subsahariana, siendo los más numerosos los de Costa de Marfil y Guinea, seguidos por los egipcios, que parten de Libia o Túnez.
Los tunecinos no son la mayoría de los migrantes que han alcanzado Italia, sino que ocupan el sexto lugar, con más de 5.000 nacionales del 1 de enero al 14 de julio de 2023.
Las condiciones de Túnez
Túnez ha dejado claro que no va a actuar como la “guardia fronteriza” de la UE y que recibirá de vuelta sólo a sus nacionales que alcanzaron la UE de forma irregular. Fuentes comunitarias, citadas por la agencia de noticias italiana ANSA, han afirmado que el memorando “no hace referencia a la repatriación de los no tunecinos, que hayan transitado por Túnez” procedentes de otros países. Asimismo, “las autoridades locales han expresado claramente su voluntad de no convertirse en un centro de acogida de los migrantes irregulares que sean repatriados desde Europa”. Las fuentes han informado de que las operaciones de repatriación se irán “perfeccionando” con el tiempo.
La agencia ANSA también ha revelado que el acuerdo conlleva el equipamiento de la Guardia Costera tunecina, con nueve embarcaciones nuevas y 17 mejoradas. Según las fuentes consultadas por esa agencia de noticias, la UE espera que Túnez sea capaz de llevar a cabo más interceptaciones de las pateras que salen de sus costas, pero no prevé el establecimiento de una zona SAR (búsqueda y rescate) de competencia tunecina, por lo que sus guardacostas no llevarán a cabo labores de salvamento marítimo.
“La lógica del memorando de entendimiento es que la UE ofrecerá al Gobierno tunecino asistencia financiera y cooperación, en varios sectores, a cambio de que éste refuerce el control migratorio”, explica a elDiario.es Hussein Baoumi, defensor de los derechos humanos en el Norte de África y Oriente Medio ante la UE de Amnistía Internacional (AI). Agrega que el texto es “bastante vago” y que la UE no ha conseguido incluir “la devolución a Túnez de nacionales de terceros países que han llegado a la UE”.
Tampoco incluye una mención explícita al préstamo de casi 2.000 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros) que Túnez negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que los tunecinos han sido “muy firmes” en rechazar las condiciones de ese organismo, según Baoumi. Sin embargo, del paquete de más de 1.000 millones de euros prometido por la UE, Túnez no recibirá la mayor parte hasta que lleve a cabo reformas socioeconómicas, que el memorando no detalla pero que serían parecidas a las que exige el FMI al Gobierno de Said.
El monto que sí recibirá este año sin condiciones es de unos 150 millones de euros de ayuda inmediata al presupuesto estatal, para aliviar la crisis financiera, además de los 105 millones de euros destinados a aumentar el control de los flujos migratorios.
Desde España, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado positivamente el pacto entre la UE y Túnez porque “va en el sentido” de abordar el “desafío” de la migración desde África hacia Europa y hacerlo “de una forma sostenible”, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Europa Press.
“Repetición de errores”
“Probablemente veremos una repetición de lo que hemos visto en el norte de África, en Egipto y en Libia, donde la UE ofrece legitimidad, financiación y asistencia técnica a los vecinos de la orilla sur (del Mediterráneo), mientras esos Gobiernos se vuelven cada vez más represivos”, advierte el representante de Amnistía Internacional. Baoumi cree que “la UE seguirá mirando hacia otro lado” frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por Túnez, y “siendo cómplice de algunas de las violaciones, aportando financiación, asistencia y equipamiento a las autoridades tunecinas”.
En su opinión, el memorando del 16 de julio reitera el mensaje que la UE viene transmitiendo: “El control de la migración es el principal objetivo de la política exterior europea hacia los vecinos del sur del Mediterráneo y está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario y pagar cualquier cifra, y ofrecer legitimidad a gobiernos extremadamente represivos para evitar que los migrantes lleguen a Europa”. Por ello, Baoumi considera que “la UE ha perdido su credibilidad” y “contradice sus valores” democráticos.
El defensor de derechos humanos cree que, en estos momentos, los líderes europeos tienen la vista puesta en las elecciones de mediados de 2024 y quieren “mandar un mensaje a los electores de que están adoptando una línea dura frente a la migración”, pero no están logrando disminuir el flujo de migrantes desde el norte de África: “Sólo están haciendo que (el negocio de) los traficantes sea más lucrativo y que los migrantes sufran más”.
Pone como ejemplo a los ciudadanos egipcios, que siguen emigrando en grandes números, pero ya no lo hacen desde su país sino que toman rutas más largas y más peligrosas, después de que las autoridades hayan intensificado el control de las costas mediterráneas, gracias también a la colaboración europea. Aun así, los egipcios fueron el grupo más numeroso de todos los que llegaron a Italia el año pasado, unos 20.000 o más del 20% del total de migrantes, pero el Gobierno del presidente Abdelfattah Al Sisi presumió de que ningún barco había zarpado desde Egipto desde septiembre de 2016, después de que se produjera el último gran naufragio frente a sus costas, en el que murieron o desaparecieron cientos de personas.
Migrantes abandonados en el desierto
El entendimiento entre la UE y Túnez llega tras meses de denuncias por parte de ONG locales e internacionales y de las agencias de la ONU del maltrato y persecución que sufren los migrantes subsaharianos en este país, cuya población es mayoritariamente árabe aunque hay un pequeño porcentaje de tunecinos negros.
Desde que el pasado febrero el presidente Said hiciera un discurso incendiario contra las personas negras procedentes de otras partes del continente, estos han sido perseguidos y reprimidos por las fuerzas de seguridad, y también por los propios ciudadanos, en medio de un clima de hostigamiento y terror.
A principios de julio, las tensiones entre la población local y los migrantes africanos estallaron en la localidad de Sfax y alrededores, en el este del país y uno de los puntos de salida hacia Europa. Después de incidentes violentos entre las dos comunidades, cientos de migrantes y refugiados subsaharianos fueron deportados de forma ilegal a la frontera de Túnez con Libia, y abandonados en una zona desértica sin apenas comida o agua. La ONG Human Rights Watch ha denunciado que fueron arrestados de forma arbitraria y que sufrieron abusos durante su detención y expulsión.
Un informe publicado este miércoles por la organización de derechos humanos recoge los testimonios de siete de los deportados, los cuales dijeron que los uniformados tunecinos los abandonaron en el desierto sin suficiente agua o comida. Algunos fueron devueltos a Túnez una semana más tarde, pero otros todavía se encuentran en tierra de nadie sin asistencia o están desaparecidos. En vídeos cedidos por HRW a la cadena de televisión CNN, se pueden ver las condiciones en las que han estado durante días y semanas estas personas, que suplican que alguien las ayude.
HRW destaca en su informe que, incluso antes de la reciente oleada de arrestos en la zona de Sfax, varios de los entrevistados por la ONG fueron arrestados por el color de su piel, independientemente de su estatus legal.
Una decena de ONG tunecinas también ha denunciado la “purga” de subsaharianos, que fueron llevados desde la provincia de Sfax a “lugares desconocidos” en la frontera entre Túnez y Libia, “con temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados y abandonadas a su suerte sin ayuda ni recursos”, según un comunicado de las organizaciones y otras regionales e internacionales. En el texto, señalaron que “las políticas que externalizan las fronteras europeas hacia los países del sur del Mediterráneo y la obligación de estos de jugar el papel de guardias fronterizos han contribuido notablemente a la dramática situación actual”.
A pesar de todo, el llamado ‘Equipo Europa’, formado por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y los primeros ministros de Italia y Países Bajos, Giorgia Meloni y Mark Rutte, no hizo mención a esos hechos el pasado domingo cuando anunciaron el memorando en Cartago, su segunda visita a Túnez en cinco semanas. Meloni ya había viajado sola al país y ha ejercido mucha presión para que la UE financie al Gobierno de Said, sustituyendo al FMI, y evitar una mayor crisis económica que empuje a más personas a cruzar el Mediterráneo.
En esa línea, Von der Leyen aseguró que el paquete de ayuda es “una inversión en la prosperidad y estabilidad comunes, y en las generaciones futuras” que, en el caso de las tunecinas, se encuentran en una situación cada vez más asfixiante y sin perspectivas de futuro, tal y como vienen denunciando activistas políticos y la otrora vibrante sociedad civil de Túnez, aplastada y silenciada por el presidente Said.
Según señala en un artículo la analista Lorena Stella Martini, del centro de investigaciones European Council on Foreign Relations, el memorándum intenta establecer un marco de cooperación entre la UE y Túnez, en el que se promueva “el desarrollo sostenible del país y el potencial de su población, contribuyendo así, en última instancia, a frenar los flujos migratorios hacia Europa”.
Sin embargo, los resultados se verán sólo a medio plazo mientras “hay un intento mucho más directo y a corto plazo de detener los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo central”, agrega. “Teniendo en cuenta las experiencias europeas previas con este modelo de cooperación y los antecedentes de Túnez en el trato de los migrantes (…), la compatibilidad entre ese marco y el respeto de los derechos y la dignidad de los migrantes está muy en duda”, afirma Martini.