Han pasado 45 días desde que, el pasado 9 de julio, agentes del Instituto Armado me sacaran brutalmente de mi coche, me cachearan de manera humillante, me insultaran y faltaran al respeto, me arrancaran el teléfono móvil de las manos, me quitaran mis equipos fotográficos y videográficos, me dejaran incomunicado en un zulo en condiciones infrahumanas durante cinco horas y aprovecharan ese tiempo para registrar mi vehículo y romper la cerradura de la puerta del conductor. Y todo ello con la única excusa de que soy periodista y, como tal, estaba intentando buscar imágenes e información acerca de un salto de inmigrantes a la valla de Melilla (es decir, que al parecer intentaba hacer mi trabajo). Un salto que se produjo una hora y veintisiete minutos antes de que a mí me parara la Guardia Civil y en una zona que distaba varios cientos de metros del olivar donde yo me encontraba, desde el que, por cierto, no se puede divisar el vallado fronterizo debido a la lejanía y a la espesura de los árboles.
Después de más de un mes y medio, siguen sin devolverme mi teléfono y mis equipos por lo que me es imposible realizar mi trabajo, ya que como periodista, fotoperiodista y productor de televisión freelance, o autónomo, me es indispensable estar comunicado y disponer del material que me permite ganarme la vida honradamente.
Como no tienen nada contra mí, y sabedores de las atrocidades e ilegalidades que han cometido conmigo, ahora pretenden confundir a las autoridades judiciales acusándome de revelación de secretos y de un posible delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Pretenden utilizar mi cargo como presidente de la Asociación de Reporteros y Artistas Solidarios (AREAS) y mi amistad y colaboración con entidades defensoras de los derechos humanos y de los inmigrantes, como es el caso de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) o la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla (APDHM), para dejar entrever connivencia entre las personas que desde España arriesgamos nuestro tiempo y nuestro dinero para el bienestar de los más necesitados con las presuntas mafias que trafican con inmigrantes subsaharianos.
Yo sí respeto a todas y cada una de las personas como a mí mismo y me parece deplorable la actividad de las mafias; imagino que cualquiera con un mínimo de dignidad se sentiría tan dolido como yo si tratasen de vincularle con quienes se lucran y explotan la desgracia ajena, algo que nada tiene que ver con el ejercicio periodístico del que, efectivamente, trato de sacar lo necesario para pagar el alquiler y la comida, que es para lo que da. Otra cosa es que yo aproveche mi profesión para contar las historias que considero importantes y denunciar lo ilegal en lo que a mí me enseñaron como una función periodística básica. Igual de repugnante que estas mafias me parece que haya quien, teniendo que ser garantía del orden público, se salga de él y mantenga una conducta muy alejada de lo ejemplar. A mi juicio, el policía y el guardia civil, como el político y el juez, no deben ser nunca inmunes a la aplicación de la ley: es más, como defensores y garantes de los derechos del resto de ciudadanos deben ser los más sujetos a ella. No puede hacer cumplir la ley quien no la cumple, pues queda completamente deslegitimado para ese fin y además eso sí que representa un peligro para la sociedad por la que se supone que han de velar.
Quiero creer que las instituciones no están manchadas y que son sólo unos pocos los que dan vida a las cloacas del sistema democrático. Esa minoría intenta ahora manchar el buen nombre de los miembros de las organizaciones no gubernamentales, señalando la condición de activista como si de delincuentes se tratasen y pretenden quitarse de en medio, señalando con el dedo de la imputación, a todo aquel que les resulta incómodo porque denuncia y evidencia las irregularidades que se cometen en esta ciudad con los que más protección necesitan.
Si no quieren que se conozcan irregularidades, el camino no es tapar a quien, en un buen ejercicio profesional, las denuncia y hace que trasciendan: el camino es no cometerlas. Las leyes no son selectivas, nos atañen a todos por igual y ningún puesto de trabajo, menos aun en las fuerzas del orden, puede suponer una carta blanca para salirse del sistema. Si quieren cambiar las leyes y endurecerlas más, que se pongan a trabajar en ello -disponemos de armas legislativas lícitas para hacerlo en los órganos competentes, somos un Estado de derecho que, a estas alturas, debería ofrecer una solución seria- y asuman las consecuencias económicas y políticas que pueda tener a nivel europeo, internacional y electoral. Pero basta ya de juego sucio y de doble moral, en las que unos se ven obligados a saltarse las normas que nos amparan y a otros nos convierten en enemigos públicos por actuar dentro de lo que marca la ley, denunciando lo que se sale de ella.
Bajo el amparo de la Delegación del Gobierno en esta ciudad autónoma, se está llevando una lucha encarnizada contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, la independencia periodística, el buen hacer de los profesionales de los medios de comunicación y los trabajadores y colaboradores de organizaciones no gubernamentales y a mí, Jesús Blasco de Avellaneda, me ha tocado ser el conejillo de indias. Es inconcebible que nos hayamos acostumbrado a decisiones aleatorias por parte de la Guardia Civil o de quien formule las instrucciones acerca de cuándo y cómo podemos informar sobre lo que ocurre en plena vía pública. No puede haber decenas de ciudadanos grabando con sus móviles la llegada de pateras y que obliguen a los fotógrafos a borrar imágenes de sus cámaras. No pueden alegar unas veces que defienden la identidad de los agentes, otras que se estorba en la operación policial y otras no decir nada y permitir la grabación... ¿Cómo puede ser? Con mi total conformidad en que su trabajo en la atención y traslado de estas personas a las dependencias españolas oportunas es lo fundamental, creo que deberíamos exigir un protocolo de actuación por el que regirnos y en el que figure por escrito cómo podemos compatibilizar, siempre de acuerdo a la ley, las labores policial y periodística para el correcto y libre ejercicio de ambas.
Todo esto lo digo porque se ve que en Melilla no somos capaces de alcanzar un nivel de cooperación, diálogo y libertad como el que debe haber en otras regiones españolas, en las que los periodistas informan puntualmente, con imágenes foto y videográficas de todas las llegadas de pateras a las costas. ¿Por qué en Melilla no existe esa transparencia que tan bien habla del Instituto Armado y que contribuye a que sean la institución mejor valorada entre los españoles? Preguntemos a los melillenses su opinión.
Las principales instituciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos de los periodistas no me han defendido porque sólo pueden hacerlo cuando el periodista es agredido, vejado, humillado y desposeído de sus bienes cuando está expresamente en el ejercicio de su profesión. Es cierto que en el momento de mi detención ilegal yo estaba conduciendo mi vehículo, pero no menos cierto es que portaba conmigo mi equipo de trabajo y que un periodista lo es las 24 horas del día, máxime un periodista freelance que debe estar siempre buscando la noticia para poder sobrevivir y, más aún, cuando la detención se produce por mi condición de periodista.
Desde la Asociación de Prensa de Melilla no se me ha apoyado porque su presidente, además de ser un empresario subvencionado por los poderes públicos, es también el jefe del gabinete de comunicación de la Delegación del Gobierno, algo incompatible con la defensa libre e imparcial de los intereses de la profesión periodística.
A mí me está tocando pagar los platos rotos de un sistema corrompido que no quiere que se aireen las irregularidades que se dan en torno al vallado fronterizo y a las políticas de inmigración, pero todos los periodistas que ese día estuvieron realizando su labor informativa e intentando cubrir la noticia del salto a la valla han sido interrogados por miembros de la policía judicial y se les ha puesto en el punto de mira dudando de su profesionalidad e intentando relacionar la rapidez con la que llegaron al lugar de los hechos con su posible pertenencia a las supuestas mafias que trafican con inmigrantes.
Hoy soy yo el que está perdiendo dinero, el que está siendo acusado injustamente y al que se le está haciendo daño con el único fin de silenciarme y hacer que pierda las fuerzas y la esperanza, algo que jamás van a conseguir. Pero, mañana puede ser otro u otros y no podemos consentirlo. No podemos dejar que sigan quitando cámaras y borrando fotos a los periodistas, acusándoles de todo tipo de injurias por el simple hecho de querer dar a conocer a la población un hecho noticiable, relevante y de interés público. No debemos consentir que aquellas personas que trabajan desde las ONG por los demás, sin ganar un sólo céntimo y arriesgándolo todo por los más necesitados e indefensos, sigan siendo acusadas de delitos gravísimos, de pertenencia a grupos mafiosos y de ir en contra de los intereses de España. Basta ya de imposturas y de cortinas de humo desde las instituciones melillenses y vamos a intentar ser personas y a tratar a los demás como seres humanos, a respetar la libertad de prensa y de expresión, a defender a los que necesitan protección y a luchar contra los que verdaderamente están en nuestra contra, y vamos a impartir justicia a todos los niveles.