La citación judicial a la activista Helena Maleno en relación a una investigación penal sobre “tráfico de seres humanos” a partir de sus llamadas a Salvamento Marítimo ha puesto esta semana sobre la mesa lo que las ONG especializadas en derechos humanos llevan tiempo denunciando: quienes defienden los derechos de migrantes y refugiados, dicen, se enfrentan a un número creciente de “ataques” y a un “patrón de criminalización” en todo el mundo.
“Es un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras y con los ataques contra las personas migrantes, vistas como 'invasoras”, explicó Michel Forst, relator especial de la ONU sobre los defensores de derechos humanos, en una entrevista en eldiario.es.
En la frontera sur española, los activistas dieron este verano la voz de alarma ante las amenazas de muerte recibidas por Maleno. “Criminalizar y presionar a las personas defensoras de los derechos humanos es una vieja práctica política”, señalaron en un comunicado firmado por más de 200 entidades. También recordaban otros casos de activistas españoles cuya actividad había sido puesta en entredicho, como las integrantes de la organización Harraga o José Palazón, de PRODEIN.
Las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo lo han gritado después de enfrentarse en los últimos meses a acusaciones de “favorecer la inmigración ilegal” que vinieron desde la Agencia de fronteras de la UE, Frontex, o el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido; a la pretensión de Italia de aumentar su control sobre los rescates o al incremento de los ataques de los guardacostas libios. “Estamos aquí como respuesta ante unas muertes que llevan produciéndose desde hace años y para las que la UE no daba respuestas”, reiteran.
Según una investigación reciente del Instituto de Relaciones Raciales, los países europeos “están usando leyes dirigidas a traficantes y contrabandistas para criminalizar a aquellos que actúan por motivos humanitarios”. Los autores documentaron el proceso judicial de 45 “actores humanitarios” individuales bajo leyes de inmigración o contra el contrabando en los últimos dos años. El aumento de la “criminalización”, advierten, “puede estar alimentando a la extrema derecha”.
Estos son algunos casos de defensores de derechos de los migrantes cuya labor humanitaria ha sido puesta bajo sospecha de “colaborar con el tráfico de personas”:
Un cura eritreo que salva miles de vidas, investigado
Desde 2003, Mussie Zerai recibe las llamadas desesperadas de migrantes que se encuentran en embarcaciones a punto de naufragar entre las olas del Mediterráneo. Él trata de calmarles y explicarles cómo usar las coordenadas del GPS en sus teléfonos satelitales. Después, según ha contado en varias ocasiones, este sacerdote eritreo indica la posición a los guardacostas italianos, encargados de coordinar los rescates, y a ONG con misiones de salvamento como Médicos Sin Fronteras.
En 2015 estuvo nominado al Nobel de la Paz por esta labor de socorro, con la que se calcula que ha salvado más de 5.000 vidas. Pero el pasado agosto, la fiscalía de Trapani, en la isla de Sicilia, inició una investigación en la que se le acusaba de “incitar a la inmigración ilegal”. Zerai negó tal acusación y apuntó que “podría constituir una verdadera campaña de difamación” contra él y sus compañeros de la agencia humanitaria Habeshia, de la que es fundador.
“No tengo nada que ocultar, siempre he actuado a la luz del día y con plena legalidad”, explicó Zerai en un comunicado. “Las intervenciones están destinadas a salvar vidas humanas”, reiteró. “Cuando sé que la vida de una persona está en peligro, mi deber es ayudar a salvarla”.
El 19 de septiembre, Zerai respondió a las preguntas del fiscal y aportó algunas pruebas en su defensa, según han indicado fuentes de su ONG a eldiario.es. La investigación judicial no ha silenciado la voz de Zerai, que en todo este tiempo ha continuado denunciando las condiciones en las que se encuentran los refugiados en Europa. Su número de teléfono, escrito en paredes de las cárceles libias, sigue siendo el alivio de quienes están a punto de naufragar en el Canal de Sicilia.
“Él continúa con su compromiso como siempre lo ha hecho, no hay razón para detener la labor de salvar vidas. En el último año, las peticiones de auxilio desde el mar han caído, pero las solicitudes desde los centros en Libia, o de los campos de concentración donde están atrapados por los traficantes, están aumentando”, apuntan desde Habeshia.
El barco de rescate de una ONG alemana, confiscado
La ONG alemana Jugend Rettet, que hasta agosto se dedicaba al salvamento de migrantes y refugiados en el Mediterráneo central, también figura en la investigación del fiscal de Trapani, quien les acusó de acoger en su barco a personas “entregadas directamente por los traficantes”. Dos días después de negarse a firmar el código de conducta con el que Italia pretendía controlar las operaciones de rescate de las ONG, su nave, Iuventa, fue confiscada por las autoridades en el marco de esta investigación.
Han pasado tres meses y su embarcación permanece atracada en el puerto siciliano. Los integrantes de Jugend Rettet, en su mayoría jóvenes, denuncian la “criminalización del rescate marítimo” y explican que han presentado un recurso al Tribunal Supremo de Casación de Roma que será resuelto a principios de diciembre. “Aún no hay acusaciones específicas contra la organización o sus miembros”, indican en su página de Facebook. En 2016, según sus cifras, salvaron 6.526 vidas.
Asimismo, en el marco de esta indagación de los fiscales de Trapani sobre los presuntos “contactos” entre ONG y traficantes, fuerzas de seguridad italianas llevaron a cabo el pasado octubre un registro en la nave 'Vos Hestia', de Save The Children, con el fin de “documentar las actividades de búsqueda y rescate y comunicaciones ligadas al tráfico de migrantes”.
“No hay nada, ningún expediente abierto”, señaló David del Campo, director de Cooperación Internacional de la rama española de la ONG, en declaraciones a Europa Press. La ONG anunció el fin de sus labores de rescate en el Mediterráneo, aunque desvinculó la decisión del operativo policial. “Reiteramos firmemente que siempre hemos actuado de conformidad con la ley durante la misión de rescate y confirmamos, de nuevo, que la organización no está siendo investigada”, explicó la organización en un comunicado.
Bomberos españoles acusados de tráfico en Lesbos
Fueron como voluntarios para colaborar en las tareas de rescate en el mar Egeo cuando estalló la llamada “crisis de los refugiados” y acabaron detenidos por las autoridades griegas, bajo sospecha de tráfico ilegal de personas. Casi dos años después de aquel momento, los tres bomberos sevillanos de Proem-aid arrestados en la isla de Lesbos se encuentran a la espera del juicio, que se celebrará en mayo de 2018.
Desde que regresaron a España han insistido en que su labor voluntaria y la de otras organizaciones “no puede ser criminalizada”. Con este objetivo, han llevado miles de firmas para solicitar a la Comisión Europea “que no se pueda sancionar penalmente” a las personas que ayudan a refugiados y migrantes por razones humanitarias. Su organización también ha puesto en marcha este otoño la misión de rescate Maydayterraneo frente a las costas libias.
Condenado por ayudar a refugiados a cruzar la frontera
Su caso ha sido muy mediático en Francia. El pasado 8 de agosto, Cédric Herrou fue condenado a una multa y cuatro meses de prisión por ayudar a los refugiados a cruzar la frontera con Italia. Según la justicia francesa, el agricultor había ayudado a unos 200 migrantes, sobre todo sudaneses y eritreos, a entrar de forma irregular en el país y albergaba a algunos en su granja en el valle de Roya, en los Alpes. “Les resulta muy complicado llegar a Francia. Es un viaje que los hiere a nivel físico y psicológico”, argumentó Herrou en una entrevista con eldiario.es.
Tras la condena de cárcel, exenta de cumplimiento, el agricultor anunció que volverá a ayudar a refugiados y migrantes. “No me arrepiento de nada, lo hice con placer y continuaré luchando”, aseguró a la salida del juzgado, según recogió la Agencia Efe.
Perseguidos por ser defensores de migrantes en México
Pero las investigaciones judiciales de activistas que defienden los derechos de los migrantes no solo se producen en Europa. En México, dos sacerdotes encargados de La 72, un refugio para refugiados centroamericanos, han sido denunciados por el Instituto Nacional de Migración (INM) ante la fiscalía por un presunto delito de tráfico de seres humanos. El equipo del albergue, según explicaron, recoge a los migrantes en la carretera para acogerlos y evitar que se enfrenten a riesgos como violaciones sexuales, robos, palizas y desapariciones forzadas.
“Las autoridades de los tres niveles de gobierno (...) utilizan el sistema penal para frenarnos, intimidarnos y acosarnos”, señaló Tomás González, uno de los acusados. En el país norteamericano, muchos de estos activistas viven entre agresiones y amenazas de muerte que, según los expertos, buscan desacreditar su labor. En abril de 2016, vigilantes privados armados dispararon a la pequeña oficina en la que Martín Martínez brinda apoyo y asistencia legal a migrantes que viajan de forma clandestina en un tren de carga, según denunció el activista.