El Gobierno no aplica las escasas mejoras que aprobó para los CIE en 2014

“Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son espacios sin ley”. La frase repetida hasta la saciedad por colectivos y ONG que tratan de vigilar el respeto de los derechos humanos en su interior no se aleja de la realidad. La normativa llegó tarde y envuelta en multitud de críticas pero incluía una serie de mejoras “mínimas”, según las organizaciones sociales. Transcurrido un año y tres meses de la aprobación del reglamento que regula los CIE, no se han aplicado estas novedades ni tampoco muchas de las resoluciones de los juzgados encargados de controlar el respeto de los derechos de los internos.

Diferenciación entre control policial y asistencia

El reglamento, muy limitado al no incluir la jurisprudencia de los juzgados encargados del control, establecía una diferencia básica en la gestión del CIE -centros no penitenciarios donde son internados extranjeros a la espera de su expulsión-. Aunque estos seguirían dependiendo de la Dirección General de Policía, la normativa incluía la exigencia de diferenciar entre la seguridad del centro y la labor asistencial.

En este aspecto, la normativa es clara. “En la organización y actividad diaria de los centros deben diferenciarse dos ámbitos bien distintos y que, a su vez, responden a finalidades diferentes (…). Por un lado, la seguridad de los centros se atribuye al Cuerpo Nacional de Policía. Por otro, la faceta asistencial que debe ser asumida por personal especializado ajeno a la policía, concretamente empleados públicos dependientes de la Administración”.

Para alcanzar esta meta, el reglamento añadía nuevas figuras en su estructura, que deberían incorporarse en cada uno de los siete CIE existentes en España: un administrador encargado de las labores asistenciales, así como una “junta de coordinación” entre ambas áreas (social y policial). Esto aún no existe, según han confirmado las organizaciones sociales que trabajan en el interior de estos centros.

Más allá de la diferenciación de ámbitos, la mayoría de los CIE no ofrecen servicios sociales. Solo cuentan con ellos los centros de Madrid y Barcelona. eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía para conocer las razones de la tardanza a la hora de aplicar la nueva normativa pero no ha recibido respuesta.

Servicios sanitarios ¿públicos?

El reglamento contempla que los servicios médicos dependan de un médico del sistema de salud público. “En cada centro existirá un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado, que estará auxiliado en sus cometidos por, al menos, un ayudante técnico sanitario o diplomado o graduado universitario en enfermería”, reza la normativa. No se ha cumplido. En el CIE de Aluche, por ejemplo, la gestión de los servicios sanitarios corre a cargo de una empresa privada, Clínica Madrid.

Además, menciona el reglamento, los CIE contarán con una atención médica y farmacológica “permanente y de urgencia”. Tampoco: en Tarifa, Algeciras, Fuerteventura, Tenerife, Las Palmas, Murcia, Valencia y Barcelona los internos solo pueden acudir a los servicios sanitarios por la mañana, según el estudio realizado por la ONG Pueblos Unidos. En el centro de Madrid, no hay ningún médico durante las noches de lunes a viernes. Durante el fin de semana, solo están presentes por la mañana.

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Recoge tus cosas: te vas a tu país

Cuando surge una denuncia concreta sobre algún CIE, el Gobierno suele acudir a la vigilancia independiente efectuada por los llamados juzgados de control. Cada ciudad tiene estipulado uno o varios magistrados que, supuestamente, velan por el respeto de los derechos de los internos. Sin embargo, todavía hay exigencias de los magistrados que no se cumplen, según denuncian las ONG especializadas. Una de ellas: el derecho del interno a saber cuándo y cómo será expulsado.

“Un problema importante con las resoluciones de los juzgados de control es desobediencia por parte de algunos CIE”, afirma Cristina Manzanedo, responsable del área jurídica de Pueblos Unidos. “Los avisos con antelación de las deportaciones o facilitar una llamada gratuita a su país de origen, [para que su familia o amigos puedan recogerle o saber que vuelve] se cumple de forma desigual”, añade. Varios testimonios recabados por eldiario.es afirman que son comunes las notificaciones de expulsión incompletas o con datos incorrectos. Este medio ha tenido acceso a cartas en las que aparecen horas de salida diferentes para un mismo vuelo de deportación.

“No sé a qué hora sale porque en su carta aparecía una hora y en la de sus compañeros, otra. En unas dice que el vuelo va directo a Senegal. En otras, especifica que hace escala en Nigeria”, contó Sheila horas antes de del inicio de la deportación de su novio. No sabía a qué hora partía ni a qué hora llegaba al país africano. Estuvo en vilo hasta que recibió una llamada, ya desde Dakar, de la persona con la que comparte su vida desde hace cuatro años.

Más peticiones judiciales: móviles en los CIE

Los móviles están prohibidos en el CIE. Los relojes también. Prácticamente todos los objetos personales de las personas internadas son requisados por la policía. Con suerte, se los devolverán en España, a su salida del centro. Eso siginificaría que no han sido expulsados. Los deportados no recibirán sus pertenencias hasta su llegada a su país de origen, tras el aterrizaje.

Los internos no pueden llamar a sus familiares cuando les place, cuando lo necesitan, si no que deben esperar las largas colas que suelen rodear a los escasos teléfenos públicos con los que cuentan estos centros. Llamar desde el exterior a, por ejemplo, el CIE de Aluche (Madrid) es desesperante. Comunica de forma constante y lograr una respuesta al otro lado del teléfono se convierte en odisea. En Valencia, sin embargo, es más sencillo recibir una contestación.

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Pero ¿por qué no pueden llamar cuando quieren a través de sus teléfonos? El juez encargado del control del CIE de Barcelona se hizo la misma pregunta. La respondió con un auto en el que ordenó a finales de mayo a la dirección del centro que se permita el uso de móviles -sin conexión a internet- a los inmigrantes y que no se les retire el reloj a su entrada.

Consideró que su utilización no supone una “perturbación del orden del centro”, sino que “alivia la soledad y angustia de los internos” al permitir su comunicación con familiares. Sobre los relojes, además de exigir que dejen de retirarlos, pide que se coloquen relojes de pared porque actualmente no hay y los internos acaban “perdiendo la noción del tiempo”.