Un joven marroquí logra entrar a nado en Ceuta, pero en cuestión de minutos vuelve al otro lado de la frontera. No ha habido trámite alguno, nadie le ha preguntado si es menor de edad o por qué se ha echado al mar. Es una de las devoluciones automáticas con las que se han topado constantemente quienes han pisado suelo español en el marco de la crisis con Marruecos. Según ha constatado elDiario.es, tales devoluciones se están llevando a cabo sin ningún tipo de formalidad antes de que las personas sean reconducidas de nuevo a la frontera.
Las cifras oficiales elevan a 5.600 las personas retornadas al país vecino, un número que incluye tanto las devoluciones en caliente como a quienes han regresado voluntariamente. Este miércoles por la mañana, el mayor tránsito ya se producía hacia Marruecos, ya que muchos están volviendo por su cuenta. Según el Gobierno, unos 8.000 migrantes han logrado acceder a Ceuta desde el pasado lunes –entre ellos unos 1.500 menores–, pero el flujo de llegadas ha caído tras el incremento de la presencia policial en el lado marroquí y las continuas devoluciones.
El Ministerio del Interior defiende que esta práctica tiene cobertura legal porque son “rechazos en frontera”. Este martes, el presidente Pedro Sánchez –que en la oposición rechazó las devoluciones en caliente– dijo que la “prioridad” es “garantizar el control de la frontera” y “proceder a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente”.
Sin embargo, las devoluciones inmediatas –que se han ejecutado en Ceuta y Melilla durante casi dos décadas– han sido seriamente cuestionadas por la falta de procedimiento y garantías, ya que las personas expulsadas no son identificadas por los agentes ni se les permite la asistencia letrada o de un intérprete y, por tanto, se les impide de facto la oportunidad de pedir asilo o expresar cualquier otra cuestión, como ser menor de edad o víctima de trata, o recurrir su devolución.
“Tenemos la orden de llevarlos a todos de vuelta. Da igual que sean menores y el punto al que lleguen de la playa. Si son niños muy claros, a veces se les separa en grupos y los entregamos a la Guardia Civil, pero tampoco sabemos muy bien cuál es el protocolo a seguir”, explicaba un soldado del dispositivo de Ceuta a este medio el martes.
“No están permitidas ley”
Numerosos organismos, ONG y expertos llevan mucho tiempo alertando de la ilegalidad de estas prácticas, contrarias a acuerdos internacionales de los que España forma parte, que recogen el principio de no devolución, contemplan el derecho a pedir asilo y prohíben las expulsiones colectivas y sin garantías.
Las críticas han vuelto a resonar a raíz de las llegadas a Ceuta. Felipe González Morales, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, ha dicho en un tuit que es “indispensable que se informe sobre el procedimiento empleado para la devolución de migrantes por España a Marruecos”.
Las organizaciones especializadas Andalucía Acoge, CEAR, Federación SOS Racismo, Iridia y Red Acoge han recordado que “las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por ley”.
“Reiteramos que estas devoluciones que se están haciendo son devoluciones que no cumplen con la legalidad, no cumplen los estándares internacionales”, dice Paloma Favieres, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Amnistía Internacional (AI) también ha constatado cómo se estaban haciendo “devoluciones sumarias y colectivas” a través de las vallas que separan Ceuta de territorio marroquí sin las debidas garantías. “Este tipo de devoluciones, en las que no hay ningún tipo de procedimiento, hacen imposible la detección de personas vulnerables y el posterior control judicial de la actuación policial, por lo que no se asegura que se respetan derechos como la tutela judicial efectiva, o el derecho a recibir una adecuada información, a asistencia letrada y a pedir asilo”, dice Virginia Álvarez, responsable de Política Interior e investigadora de AI.
El procedimiento debe ser individualizado
El procedimiento debe ser, además, individualizado. “Estas devoluciones se están produciendo sin un análisis individualizado, sin garantizar el análisis de determinadas vulnerabilidades que pueden afectar, por ejemplo a menores”, dice Favieres.
Este miércoles, varios chicos, visiblemente menores, han sido devueltos después de rodear el espigón fronterizo y llegar a la playa ceutí a nado, a pesar de que toda expulsión forzada de menores extranjeros no acompañados está prohibida. Su devolución ha sido presenciada por varios periodistas y ha sido documentada en varios vídeos y en diversas imágenes.
“La situación que se está dando con los niños es especialmente preocupante. Deben ser puestos inmediatamente a disposición de los servicios de protección de menores de la ciudad autónoma”, señala la portavoz de CEAR.
Save The Children ha recordado que “cualquier devolución inmediata de niños, niñas y adolescentes” es ilegal. “Se trata de una práctica que no vela por el interés superior del menor. Debemos asegurar que se realice una valoración individual y personalizada de los perfiles más vulnerables que necesitan protección”, dice Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de la ONG especializada, que pide una adecuada atención psicosocial con personal especializado que “valore las necesidades de protección de la infancia, las mejores soluciones para su situación personal, así como los posibles riesgos en origen y garantizar así sus derechos”.
El Constitucional exige una serie de condiciones
Tras un intenso debate y haciendo suyos algunos argumentos de la Corte de Estrasburgo, el Tribunal Constitucional avaló el pasado noviembre la normativa en la que se apoya el Ejecutivo para ordenar estas prácticas.
Sin embargo, el Alto Tribunal exigía su aplicación en “entradas individualizadas” con “pleno control judicial” y en “cumplimiento de las obligaciones internacionales”.
Tras la sentencia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y más de 80 organizaciones sociales advirtieron al Gobierno de que el Constitucional no estaba amparando las expulsiones en frontera tal y como se están aplicando en la actualidad, ya que las fuerzas de seguridad de las ciudades autónomas devuelven de manera inmediata a los migrantes sin identificarlos ni estudiar sus casos particulares, lo que imposibilita la aplicación de cualquiera de las garantías planteadas por el Alto Tribunal.
Lo mismo ha ocurrido ahora en Ceuta, recalca Favieres. “En este caso, en hacerse en ausencia de procedimiento, las devoluciones no cumplen con los requisitos que establece el Constitucional y por tanto no son ajustadas a derecho”, dice la portavoz de CEAR, quien también menciona el protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas de extranjeros.
Los magistrados del Constitucional enumeraron estos requisitos para la correcta aplicación de la disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana que regula el “rechazo en frontera” en las vallas de Ceuta y Melilla, una polémica figura introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en la legislación española en 2015 y la misma que están aplicando los agentes en la ciudad autónoma estos días.
La propia disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana incluye la salvaguarda de respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional, sin embargo, en la práctica, las devoluciones en caliente no cumplen los límites impuestos por la legislación internacional, según ha asegurado en anteriores ocasiones Acnur.
Vuelta de la teoría de la “frontera flexible”
Gobiernos de distintos colores llevan casi dos décadas devolviendo en caliente a personas migrantes en Ceuta y Melilla. Primero las negaban, luego reconocieron que “en casos puntuales” incumplían la ley, hasta que finalmente el Ejecutivo de Rajoy intentó darles cobertura legal introduciendo el concepto de “rechazo en frontera” en la llamada “Ley Mordaza”. En la práctica, la aplicación de esta nueva figura jurídica no supuso ningún cambio: suponía la ejecución de las mismas devoluciones inmediatas y sin garantías que se venían practicando.
Una de las principales líneas de defensa del Gobierno del PP fue la hipótesis conocida como la “frontera flexible”, según la cual el suelo español no empezaba a los pies de la valla hispano-marroquí, sino que su inicio estaría ligado a la línea imaginaria formada por los agentes de la Guardia Civil, por lo que no se produciría una “devolución” sino un “rechazo” en frontera.
Esta teoría cobró impulso tras la muerte de 14 personas en la frontera de Ceuta el 6 de febrero de 2014, en un intento de entrada disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo. Aquel día, también fueron devueltos ilegalmente 23 hombres y mujeres.
Cuando el Gobierno de Rajoy regularizó la figura del “rechazo en frontera”, Pedro Sánchez se posicionó en la primera línea de batalla contra la norma. El PSOE, junto con otros grupos parlamentarios, presentó el recurso de inconstitucionalidad resuelto por el Alto Tribunal. Sin embargo, a su llegada a La Moncloa, su gobierno ha defendido estas expulsiones, que nunca han dejado de llevarse a cabo.