La noticia llegó como una intimidación esperada. El anuncio este miércoles de la decisión de Donald Trump de suprimir la financiación pública a las llamadas ciudades santuario, donde las autoridades locales no cooperan con las federales para deportar a migrantes indocumentados, ha reafirmado la posición de sus alcaldes.
“Hemos escuchado atentamente las afirmaciones del presidente Trump y quiero asegurar que ninguna de ellas cambiará nuestra condición de ciudad santuario. Una ciudad más segura es aquella que no permite que sus ciudadanos vivan con miedo, y todos, independientemente de su situación administrativa, tienen el derecho a estar protegidos”, asegura el alcalde de San Francisco, Ed Lee.
A sus palabras se sumaron también el alcalde de Seattle, Ed Murray, que afirmó que “no se dejarán intimidar por el mensaje autoritario de la Administración”, o el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quién recalcó estar preparado para “desafiar legalmente” el decreto de Trump. “La orden ejecutiva del presidente va en contra de nuestros valores, pero el golpe de una pluma no cambia a la gente de la ciudad de Nueva York”, añadió de Blasio en su cuenta de Tuiter.
Trump no lo tendrá fácil. Si quiere recortar la financiación federal a estas ciudades, deberá aplicar la medida en más de 300 municipios y ciudades de todo el país, entre los que se encuentran algunas de las principales potencias económicas de EEUU, como Nueva York o Los Ángeles. En la lista destacan también San Diego, San Francisco, Seattle, Miami, Houston, Austin, Dallas, Minneapolis, Phoenix o Denver, donde viven la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados del país.
¿Cómo funcionan las ciudades santuario?
ciudades santuario? La historia de un inmigrante en situación irregular en Estados Unidos varía en función de las fronteras entre las que se encuentre.
Una simple multa de tráfico puede traer como consecuencia en las ciudades “no santuario” que la policía retenga a la persona en prisión para proceder a su deportación si comprueba que no tiene los papeles en regla, pese a que la ilegalidad cometida sea una falta leve y no tenga nada que ver con su condición de inmigrante irregular.
Es lo que el CIS (Center for Immigration Studies) considera “cooperación entre las autoridades locales y las federales en materia de inmigración”, y es una de las principales medidas que algunas de las llamadas ciudades santuario han decidido obviar.
Atendiendo a los datos, el último informe del Immigrant Legal Resource Center mostró que de las 168 ciudades santuario estudiadas, 69 se negaban a mantener a inmigrantes detenidos en comisaría por su situación administrativa con la intención de deportarles, pese a que así se lo solicitan las autoridades federales.
“Vamos a priorizar la persecución y deportación de inmigrantes indocumentados que también han violado nuestras leyes. Después de que estos criminales pasen tiempo en prisión por los crímenes cometidos, serán devueltos a sus países”, ha afirmado Donald Trump este miércoles, sin especificar qué tipo de delitos tendrán en cuenta para acelerar las deportaciones.
Por qué son legales
Las llamadas ciudades santuario afirman estar cumpliendo la legalidad porque la ley federal de inmigración no requiere que las autoridades locales colaboren con los agentes federales en la tarea de perseguir la inmigración. Por lo tanto, en ningún caso desobedecen dicha normativa, sino que se limitan a no cooperar con la misma en las áreas donde tienen competencia.
Quienes se oponen a lo que hacen estas ciudades argumentan que lo que la ley sí prohíbe es que las autoridades locales nieguen información a los agentes federales sobre el estatus migratorio de sus ciudadanos. Sin embargo, las ciudades santuario no incumplen este punto directamente, porque lo que hacen es no preguntar ni recoger información sobre los papeles cuando no lo consideran pertinente.
Como asegura en su informe Deshaciendo el mito de las ciudades santuario la subdirectora de America's Voice, Lynn Tramonte, “las leyes no requieren que los agentes locales pregunten a quienes cometen un delito, o a las víctimas del mismo, por su estado migratorio”.
Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York, ha instado a Trump a revocar la medida porque, según asegura, el presidente “carece de autoridad constitucional para recortar la financiación de los estados que han actuado legalmente para proteger a las familias de inmigrantes”.
Efectos de la supresión de la ayuda federal
Las ciudades santuario reciben dinero de departamentos federales diferentes, y cabe la posibilidad de que la amenaza no afecte a aquellas partidas no relacionadas con asuntos migratorios. Es probable que Trump sí pretenda cortar el grifo con aquellos fondos que provienen de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior.
Las primeras estimaciones recogidas en un análisis de Reuters cifran en unos 2.270 millones de dólares la cantidad que previsiblemente se eliminará de los fondos públicos federales que reciben anualmente las diez principales ciudades santuario.
¿Supone un recorte importante? El porcentaje que representa el recorte con respecto del total de los fondos de cada ciudad varía notablemente. Como se observa en esta gráfica, mientras que Nueva York podría perder con la medida más de 700 millones de dólares, Washington sólo vería afectadas sus arcas con un recorte de 20 millones.
Es importante considerar otras variables que entran en juego, como el total de los fondos de cada ciudad, el tamaño de la misma o sus presupuestos. Teniendo en cuenta que los fondos federales representan en Washington casi un tercio del presupuesto total de la ciudad, la aparentemente pequeña retirada de fondos podría dejar a la Administración ante un reto difícil.
No ocurrirá así en otras ciudades santuario como Santa Fé, donde apenas se notaría el impacto de la medida sancionadora de Trump: recibirán un 2% menos de su financiación total. Su caso, sin embargo, ha puesto sobre la mesa el debate acerca del impacto económico que tendría en estas ciudades la aceptación de medidas que aumentarán las deportaciones, cuando sus industrias las sustenta, en gran medida, el trabajo de las personas inmigrantes.
“Dependemos enormemente del trabajo de los inmigrantes en la industria del turismo, en la economía del cine y las empresas de hostelería. Los 'nuevos inmigrantes' juegan un papel fundamental y proporcionan las aptitudes que necesitamos para ofrecer estos servicios y que han hecho de Santa Fé un lugar tan genial”, aseguró su alcalde en una entrevista con The Rolling Stone.
El problema de la seguridad nacional
Trump argumenta que sus esfuerzos por perseguir la inmigración ilegal con este tipo de medidas pretenden “garantizar la seguridad nacional”. Si bien las autoridades de las ciudades santuario comparten este objetivo, no creen que esta sea la mejor manera de lograrlo.
“Para hacer nuestro trabajo debemos contar con la confianza y el respeto de las comunidades a las que servimos. Fracasamos si la gente tiene miedo a su policía y no sale cuando la necesitamos. Necesitamos la total cooperación de víctimas y testigos, y eso no proviene de personas que ven a su policía como agentes de inmigración”, aseguró ante el Comité Judicial del Senado Tom Manger, jefe de policía del condado de Montgomery.
El debate saca a la palestra el problema de la desprotección de las víctimas de abusos cuando son inmigrantes en situación irregular. Según Amnistía Internacional, cuando los extranjeros desconfían de la policía por temor a ser deportados, se dan las condiciones idóneas para que los delincuentes se aprovechen tanto de las víctimas como de los testigos.
Las ciudades santuario, frente a Obama
El recrudecimiento de la violencia en el triángulo de Centroamérica en los últimos años ha disparado las cifras de personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, Honduras o Guatemala. Sus solicitudes han pasado de 8.052 en 2010 a 56.097 en 2015, según datos de Acnur, un aumento del 597% en apenas cinco años. Entre ellos hay menores no acompañados que buscaron refugio en EEUU y no lo encontraron. Muchos fueron deportados.
La intensificación de las expulsiones comenzó durante el mandato de Obama, cuya Administración deportó a más de 2,5 millones de personas hasta 2015. De sus intentos por aumentar el control en la frontera sur y las medidas para repatriar a inmigrantes indocumentados con antecedentes, las ciudades santuario –que habían surgido en los años ochenta– cobraron fuerza y aumentaron en número y popularidad.
Hoy, la Administración de Trump perpetuará leyes que “desprotegen a potenciales refugiados y criminalizan a migrantes”, según han comprobado las organizaciones de derechos humanos en los últimos años. Ante esto, las ciudades santuario se multiplican y resisten: “Mientras Trump construye un muro, nuestras ciudades construirán un puente”, concluye el alcalde de Seattle, Ed Murray.