El mostrador tras el que Olga vende arepas y empanadas está decorado como si fuera un santuario. Harina de maíz “Pam”, Totó la Momposina, Carlos Vives y los indígenas Wayuu de la Guajira colombiana, dan la bienvenida al restaurante “Mi tierra querida”, en Buenos Aires. Es un negocio familiar que sirve desayunos y almuerzos típicos de Colombia. Olga tiene la mirada contundente y es como la mamá de todos. Mientras condimenta una “bandeja paisa”, observa a los nuevos comensales de la entrada y le chiva a su hijo la cuenta de la mesa dos. La especialidad de la casa son los tamales, preparados tal y como se hacían en la región en la que creció Olga y de la que tuvo que huir hace más de 20 años.
Todo empezó en los años 90, la familia de Olga vivía en el campo donde criaban ganado y cultivaban la tierra. Un grupo de militares merodeaban por el terreno, estaban interesados en la zona. De buenas a primeras les acusaron de narcotráfico y las fincas de la familia quedaron confiscadas. Más tarde sabrían que esos hombres no eran lo que parecían. La familia sorprendida por la acusación, pero, sobre todo, extrañados por el proceder de ese grupo de uniformados que les echaron por la fuerza, se marcharon a la capital. Desde allí, la familia empezó el reclamo y entendió que los responsables de la apropiación eran paramilitares, aunque en Colombia las fronteras de los grupos armados a veces no son tan obvias.
Tantearon todas las vías posibles, incluso su padre llegó a escribir una carta al presidente del gobierno contando la situación que estaban atravesando y solicitando la devolución de lo que era suyo. Hasta que la impotencia se convirtió en frustración y su padre no aguantó, murió un poco por enfermedad un poco a causa del despojo. Las extorsiones y las amenazas sólo estaban comenzando.
Así empezó la huida de Olga y su familia que, como ocho millones de personas, tuvieron que abandonar sus casas, perdiendo sus tierras, su trabajo y su sustento económico, para escapar de la violencia y buscar protección en otras regiones de Colombia.
Según el último informe anual de ACNUR, Colombia fue el país que más desplazamientos internos forzosos registró en 2019 a causa del conflicto armado que lleva más de medio siglo en el país. También es el segundo en el mundo que más refugiados recibe después de Turquía, sobre todo a partir de la crisis de Venezuela de los últimos años.
En lo que va de año 1.500 personas han sido afectadas por desplazamientos masivos. En la huida dejan sus tierras, se calcula que hay entre 6 y 7 millones de hectáreas apropiadas o abandonadas a causa del conflicto, según Marco Romero, director de la Consultoría de Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
14 años de huida en Colombia
“Durante 14 años estuvimos recorriendo el país”. Se instalaban en una ciudad o en un pueblo pequeño, alquilaban casa hasta que recibían nuevas amenazas o sentían algo extraño que les hacía desplazarse de nuevo.
La mayoría se establece en otros pueblos o ciudades, pero la reubicación en otro lugar no es fácil, muchos no encuentran trabajo, algunos sufren otro episodio de violencia y tienen que salir del país. Según el informe del Gobierno Colombiano y el Consejo Noruego para Refugiados, “Las víctimas del conflicto armado colombiano en el exterior: una caracterización” publicado en septiembre, cerca del 70% de los que salieron fuera del país, tuvo uno o más desplazamientos dentro de Colombia.
Ellos habían denunciado la apropiación ilegal de sus tierras. “Pero como habían sido supuestos militares quiénes se habían quedado con nuestras fincas, el Estado se pasó muchos años tratando de devolver legalmente aquello que había sido arrebatado de forma ilegal por servidores públicos”.
Con el paso del tiempo el Estado restituyó sus fincas. “Cuando las devolvieron ya estaban arruinadas, ya no servían, además no podíamos volver a la región si queríamos salvaguardar nuestras vidas, así que las malvendimos”, dice Olga mientras calienta unas arepas de huevo. “Además, teníamos muchas deudas, debíamos todos los servicios de esos catorce años que estuvieron usando nuestras fincas y que no pagaron”.
Para vender las fincas, la familia publicó el anuncio en el periódico. “Empezaron de nuevo las amenazas y extorsiones, acudimos a la policía para poner la denuncia y ellos nos dijeron que no podían protegernos, que nos fuéramos del país”, cuenta.
Intuían que una vez que salieran de Colombia sería muy difícil volver, por eso intentaron el último destino, una ciudad en el Caribe. Parecía el lugar perfecto, nadie los conocía, no tenían cuenta en el banco ni habían dejado ningún rastro, “éramos personas que no existíamos más”. Al principio fue como lo habían pensado, vivieron algunos años al lado del mar, hasta que decidieron interponer una demanda administrativa ante el Estado sobre todos los atropellos que habían sufrido. “Aparecimos en una base de datos y creemos que a partir de ahí supieron dónde encontrarnos y todo se precipitó”.
Nuevo destino para encontrar un refugio: Venezuela
Una noche, unos hombres golpearon la puerta de su hermano exigiendo el dinero que habían recibido de la venta de las fincas. “Esa noche huimos”. Su hermano, su cuñada y sus hijos cruzaron esa misma noche la frontera con Venezuela.
A ella le tocó esperar, dos de sus hijos no tenían pasaporte. Los días se dilataban. Habían conseguido refugiarse en otra ciudad, la espera se hacía larga. Hasta que un día, por fin, llegaron los pasaportes y se reunieron con el resto de la familia en Venezuela.
“Allí solicitamos refugio, ACNUR nos acompañó en el proceso, con el dinero de las fincas y de nuestros negocios en Colombia compré una casita en Venezuela donde vivíamos todos”. Pero en Venezuela la situación tampoco fue fácil para ellos. “Nos extorsionaba la policía y hubo un momento que escaseaba el alimento, ACNUR nos recomendó que, si podíamos, nos fuéramos a otro país”.
Otra vez tuvieron que dejar el hogar que apenas estaban construyendo. Vendieron la casa para comprar los billetes hacia Argentina. Volvieron a Colombia para coger el vuelo a su nuevo destino: Argentina. En ese momento, supieron que no volverían por mucho tiempo.
No se sabe con exactitud cuántas personas tuvieron que dejar el país a causa del conflicto armado en Colombia. El Registro Único de Víctimas considera 25 mil casos, aunque parece haber consenso en que la cifra sería mayor. ACNUR recoge al menos 190 mil desplazados con necesidad de protección internacional, otros colectivos creen que la cifra sería superior, alrededor de medio millón de personas.
La mayoría de los desplazados de Colombia se refugian en América Latina. Venezuela, Ecuador o Panamá, los países frontera, son los principales receptores. Otros, motivados por los avances en materia de protección, fueron más al sur: Chile, Argentina y Uruguay. Hoy en día el 80% de los refugiados mundiales están en la región, aseguran desde ACNUR.
En Argentina, Olga empezó trabajando en un almacén de lencería. Ella llevaba el almuerzo al trabajo, muchos de los compañeros del lugar eran también de Colombia y echaban de menos la comida de su país. Fue así como Olga empezó a vender platos de comida a tiendas vecinas, después lo hizo de manera ambulante y más tarde en ferias.
“En Colombia no solía cocinar, pero cuando llegué a Argentina extrañaba muchas cosas, entonces empecé a recordar cómo se cocinaba en mi región”. Al ver que su comida gustaba y no se vendía mal, empezó a soñar con abrir un restaurante de comida colombiana.
Desde que está en Argentina es muy activa en diferentes espacios políticos para la defensa de los derechos de los colombianos exiliados y de las mujeres. Las organizaciones fueron parte del chaleco salvavidas que encontró en Argentina. “Cuando me separé de mi marido por violencia de género, pude hacerlo gracias a los compañeros del movimiento. Ellos fueron los que me ayudaron a salir de esa situación y mi sostén, porque mi ex-marido se quedó con nuestro pequeño emprendimiento de comida y tuve que rehacer mi proyecto de vida, soy madre cabeza de familia y tengo que mantener a tres hijos menores de edad sin el aporte económico de su padre”.
El asilo que no llega
En Argentina también solicitaron el refugio ante la Comisión Nacional Para los Refugiados (CONARE). Durante más de cinco años estuvieron yendo cada cierto tiempo a renovar la solicitud, ante la falta de respuesta, tramitaron la residencia según el proceso migratorio común.
“Aunque ya teníamos DNI y la CONARE nos recomendaba no seguir con el procedimiento, nosotros seguimos solicitando el asilo en Argentina. Después de unos años nos cansamos de la burla. Es mi derecho ser refugiada, aunque tenga DNI”.
Pero el asilo nunca llegó. Este es uno de los problemas que detectan desde la Red de Víctimas del Conflicto en América Latina y el Caribe. “Argentina tiene una de las leyes más avanzadas en materia de protección, pero hay pocos recursos para su implementación por lo que la demora en la resolución de los casos es alta”, explica Mauricio integrante de la organización.
Otro de los fenómenos que perciben desde la Red es que a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, la comunidad internacional considera que Colombia es un país sin conflicto por lo que las víctimas no tienen necesidad de protección internacional. “Pero no es así, en Colombia aún no se solucionaron los problemas de fondo por eso la violencia persiste”, continua Mauricio.
En 2016 el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que pretende acabar con la guerra en el país y reparar a las víctimas del conflicto que hoy suma unos 10 millones de personas. Entre otras medidas, el Acuerdo contempla la restitución de las tierras despojadas y el derecho a una reparación económica. Se crearon instituciones para que las víctimas accedieran al sistema de Verdad, Justicia y Reparación como la Jurisdicción Especial por la Paz y La Comisión de la Verdad.
Aun con el avance legislativo, “Colombia ha permanecido ajena a sus refugiados”, dicen las organizaciones de víctimas. “Los marcos normativos reconocen que hay desplazados fuera de Colombia y algunos contemplan la protección y la ayuda por parte del Estado, pero poco o nada está llegando a las víctimas”, comenta Marco Romero (CODHES).
Olga, como muchos, ni siquiera forman parte del Registro Único de Víctimas, el principal organismo estatal que lleva el conteo de las víctimas y uno de los primeros pasos para solicitar la reparación. “A mí me rechazaron porque constaba como doble declarante”.
“Incluso nos da hasta miedo solicitar la indemnización, porque detrás de una compensación monetaria se pueden reactivar las amenazas”, comenta el hermano de Olga, que también participa de la conversación.
“¿Cómo vamos a volver?”
Cuando se les pregunta por la posibilidad de volver a Colombia, la negativa es rotunda. No han vuelto, ni siquiera lo contemplan, es como si de algún modo, la imposibilidad se hubiera adueñado también de sus proyecciones. “La falta de garantías por parte del estado colombiano hace difícil retornar, porque aún no hay paz, los asesinatos a líderes sociales y las masacres están a la orden del día. ¿Cómo vamos a volver? Nos toca cambiar las cosas desde el exilio”, dice Olga.
Su hermano ya está tramitando la nacionalidad argentina. Ella aún no sabe, dice que le gustaría asentarse en otro lugar. “A veces pienso que me equivoqué de país de destino, me gustaría irme a otro país donde me concedan el asilo y así poder decirle a Colombia la situación por la que hemos pasado”. Su caso no es aislado, según el Informe de caracterización de las víctimas en el exterior, el 80% no tiene intención de volver a Colombia por cuestiones de seguridad, aunque la mayoría tiene dificultades económicas en el país donde vive, que se agudizaron con la pandemia.
Dicen que hay una Colombia fuera de Colombia. La que no puede volver pero que de alguna forma participa en la construcción de la paz de su tierra. Olga ofrece el segundo refugio, acaba de contratar a una mujer solicitante de asilo que llegó hace poco de Colombia.
“A raíz de lo que pasé en mi vida, entendí que tenía que defender los derechos humanos y visibilizar lo que está pasando en Colombia, la historia de un país que quiso la paz y no pudo”, dice. Al momento añade: “Aunque no pierdo la esperanza, toca pelear para que en algún momento Colombia lo consiga. Pero sólo será posible si a las víctimas nos devuelven lo que nos arrebataron, si se esclarecen los hechos, si se hace justicia con nuestros victimarios y si se dan las garantías para que no se repita”.
Abrir el restaurante de comida colombiana ayudó a encauzar su proyecto de vida, ya tiene en mente la expansión, animada en parte por paliar las nostalgias de otros colombianos. Al fondo del local, recién inaugurado, se lee un cartel que dice: “Colombia, tierra querida”, suena salsa y la familia prepara la comida del almuerzo. Olga dice que los sabores y los olores tienen memoria. “Cuando preparo los platos se activan mis recuerdos, me conecto con mi tierra y siento un poco menos el desarraigo”.