Esmirna, con una población de más de tres millones de habitantes, es uno de los puntos de Turquía en los que se acumulan más solicitantes de protección internacional. Según las estadísticas gubernamentales, residen allí más de 110.000 refugiados que sobreviven en condiciones muy precarias.
La ciudad también alberga dos centros de deportación en los que, según defensores turcos de derechos humanos, se encierra a personas en situación irregular y a refugiados que son expulsados de las islas griegas a Turquía tras el acuerdo bilateral con la Unión Europea de marzo del año pasado.
“Los espacios de internamiento están en condiciones inhumanas, peor que las prisiones”, alerta en una conversación con eldiario.es el abogado Deman Güler, copresidente de la Plataforma de Juristas por la Democracia, una asociación que lucha por la defensa de los derechos humanos en Turquía.
“Mucha gente permanece encarcelada allí entre seis meses y un año entero sin ningún tipo de derecho”, añade el letrado. “Cuando ya están dentro, los refugiados quedan incomunicados: no se les permite hacer llamadas telefónicas, no pueden recibir visitas y tampoco se les garantiza el derecho a tener el servicio de un abogado”, prosigue.
El pacto establecido hace un año y medio entre la UE y el país otomano permite expulsar a los solicitantes de asilo y migrantes que lleguen a Grecia bajo la premisa de que Turquía es un país seguro para ellas, algo criticado por numerosas ONG. “El procedimiento es así: Frontex deporta hacia las costas turcas a los demandantes de asilo a los cuales se ha denegado su solicitud en Grecia”, explica a eldiario.es una abogada que representa a personas refugiadas en riesgo de expulsión y que prefiere no dar su nombre.
“Una vez en Turquía, si no son de nacionalidad siria, la policía traslada directamente a la gente a centros de deportación”, señala la fuente. No obstante, Amnistía Internacional también ha documentado la devolución a Turquía de algunos solicitantes de protección sirios sin darles acceso al asilo.
“Hay menores no acompañados encarcelados”
El centro de expulsión de Isikent, a las afueras de Esmirna, es un edificio gris que se camufla entre naves industriales en un polígono. Aunque el inmueble es pequeño, dentro podría haber más de 200 refugiados y migrantes encerrados a la espera de su deportación, según los letrados entrevistados por este medio.
“El edificio tiene cuatro sótanos donde los refugiados, sometidos a los abusos de la policía, viven en condiciones deplorables”, sostiene una abogada que ha sido la representante legal de un refugiado kurdo de nacionalidad siria internado en el centro. “La gente se amontona en salas pequeñas en las que pueden llegar a dormir hasta 10 personas y la policía solo les permite salir al aire libre cinco minutos al día”, añade la entrevistada, que prefiere mantener el anonimato por cuestiones de seguridad.
Cuando la abogada se acerca a la fachada del centro de deportación de Isikent, tres niños pequeños la saludan efusivamente desde una ventana, encerrados entre barras. “En los recintos de internamiento hay criaturas con sus familias e incluso menores no acompañados que están encarcelados”, corrobora la jurista.
“Según establece la ley, en Turquía se puede internar a los niños si están con su familia, pero los menores que están solos y solicitan protección internacional no deberían ser arrestados”, puntualiza la jurista que representa a personas refugiadas en riesgo de expulsión. Sin embargo, la defensora critica que el Gobierno turco no cumple la legislación: “Tenemos referencias de muchos casos de menores refugiados que han sido detenidos en centros de expulsión sin ningún tipo de derecho”.
Según denuncia, “hace siete meses, en Esmirna había al menos 100 niños que estaban internados”. Por otro lado, la jurista también recalca que los menores encerrados dentro de los centros de deportación no reciben educación ni protecciones especiales. “Su situación es igual que la de los adultos: los niños pueden estar encarcelados durante un año entero hasta que les expulsan o bien les dejan libres”, precisa.
En un comunicado en su página web oficial, la Dirección General de Migraciones turca da por hecho que hay niños encerrados en los centros de repatriación, pero que los menores no acompañados y las familias se recluyen en espacios distintos del resto de internos donde hay ciertos servicios garantizados.
El organismo también asegura que el Gobierno turco ofrece educación para los niños, atención sanitaria y permisos para el acceso de abogados o familiares que quieran visitar a los reclusos. Según todos los letrados consultados, la Administración turca “no cumple con las garantías más básicas” en la mayoría de centros de expulsión.
“La policía abusa de ellos de manera impune”
Abdul-Karim Ayash, un joven kurdo de nacionalidad siria, estuvo encerrado en el centro de Isikent al menos tres meses. Su detención se produjo en un control callejero en Esmirna, cuando dos agentes policiales “le acusaron sin pruebas” de formar parte de las milicias kurdas del YPG, según explica la que ha sido su representante legal.
“La policía acusó a Abdul-Karim de terrorismo por el simple hecho de ser kurdo y lo encarceló directamente en el centro de deportación”, denuncia su abogada en aquel momento. Dentro del recinto de internamiento, “igual que el resto” de personas encerradas, el chico estaba “casi incomunicado por completo”, dice la defensora. El joven no podía recibir visitas de su familia ni hacer llamadas telefónicas.
La letrada consiguió acceder al centro de internamiento para hablar directamente con él después de superar muchas trabas. La visita duró unos pocos minutos. La abogada explica que quería ver personalmente al refugiado de Rojava después de que los agentes de seguridad de Isikent “lo agredieran a puñetazos” el día anterior.
“Abdul-Karim se quejó de las condiciones deplorables del recinto y la policía respondió a golpes”, denuncia la jurista, que precisa que la agresión “no es un caso aislado”, sino que es “la tónica general” en los centros de deportación. “El trato hacia los refugiados es horrible: la policía los agrede y abusa de ellos de manera impune”, lamenta la abogada, cuya última visita al refugiado se produjo hace un mes. Sin embargo, ya no le representa legalmente y asegura desconocer si aún sigue recluido.
Falta de información
En Turquía, las vulneraciones de los derechos más básicos en los recintos de internamiento son continuos, según los abogados, pero se desconoce con exactitud los abusos que se cometen en su interior. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado situaciones similares en otros centros de expulsión turcos, como el de la localidad de Erzurum. La ONG denunció en 2015 varios casos de “abusos físicos y malos tratos” en estos centros.
“Durante su estancia se les impidió contactar con el mundo exterior, incluidos abogados o familiares”, señalaba entonces la ONG, que un año después del acuerdo entre la UE y el país vecino, ha manifestado su “honda preocupación sobre lo que les ocurre a quienes son devueltos a Turquía dado que ningún observador independiente tiene acceso” a estas instalaciones.
“No tenemos información clara de qué sucede en los centros de deportación porque el Estado turco es totalmente opaco en su gestión y nos deniega el acceso”, señala un letrado. Los abogados sostienen que estos obstáculos impiden que los refugiados “tengan constancia de sus derechos, que solo conocen a través de los letrados”.
Una vez arrestados por la policía, los internos también corren el riesgo de sufrir una odisea por los distintos recintos de Turquía, señalan. “A menudo, la gente cerrada en los recintos de expulsión es trasladada de un lugar a otro sin previo aviso”, comenta Deman Güler, copresidente de la Plataforma de Juristas por la Libertad. “Muchas veces no tenemos capacidad para seguirles el rastro y hay personas que son deportadas antes de que puedas hacer nada”, se queja el abogado, que vio que varios solicitantes de asilo de Bangladesh eran “expulsados de Turquía días después de que no se le permitiera acceder” como letrado en el centro de internamiento donde estaban recluidos.
Según datos del centro de investigación Global Detention Project (GDP), que estudia los métodos de detención a personas migrantes en todo el mundo, el Estado turco tiene capacidad para recluir a más de 6.800 personas en las infraestructuras que tiene habilitadas por todo el país. Aún así, “el Gobierno turco nunca ha dado informaciones exactas de cuántos refugiados están encerrados y a la espera expulsión, pero creemos que el número es muy alto”, comenta Deman Güler.
Para el abogado y experto en derechos humanos, sin embargo, la práctica de encerrar a los solicitantes de asilo se ha incrementado desde el acuerdo bilateral con la Unión Europea de marzo de 2016. “El internamiento en centros de deportación y las condiciones deplorables que se sufren en su interior son un método para conseguir que los refugiados se rindan y soliciten el retorno voluntario a su país”, concluye.
El limbo legal de los refugiados en Turquía
Actualmente, las estadísticas del gobierno de Ankara indican que más de 3,5 millones de refugiados residen en Turquía. “Suponemos que la mayor parte de personas registradas proceden de Siria”, indica Güler. “Hay muchos refugiados de otras nacionalidades, pero los recuentos oficiales no exponen informaciones más concretas sobre su origen”, añade el abogado.
ACNUR, a través de datos recopilados en enero de 2017, estima que en territorio turco habría alrededor de 130.000 refugiados de Afganistán. No obstante, según su ley nacional de protección internacional, Turquía no concede asilo a refugiados que no provengan de Europa y solo se considera un país de tránsito donde se puede solicitar protección a Naciones Unidas para ser trasladado a otro país. “La gente procedente de países en guerra que no forman parte de la UE no recibe el estatuto de refugiado porque Turquía no ha aplicado por completo la Convención de Ginebra de 1951”, explica Güler.
“A nivel jurídico, el Estado turco establece dos sistemas diferentes para gestionar la situación legal de las personas establecidas en el país que huyen de conflictos armados”, comenta otra letrada. “Bajo los sirios recae una legislación que teóricamente les garantiza un tipo de protección temporal muy limitada”, especifica. “Pero la gente de Afganistán y los refugiados de otras nacionalidades que no sean sirias solo pueden llegar a obtener la consideración de solicitantes de asilo”, precisa.