El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha solicitado la revocación o suspensión del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados debido al “ataque que está sufriendo el poder judicial” en este país.
En un comunicado, la Abogacía ha transmitido su preocupación por la “purga sistemática” que están sufriendo jueces, fiscales, médicos, periodistas, profesores y abogados tras el golpe de Estado, y ha señalado que “no se puede considerar a Turquía como un país seguro”.
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha mandado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que le pide que “los refugiados establecidos en Turquía sean reubicados” en otros países, así como la “revocación o suspensión” del acuerdo firmado en marzo de 2016, por el que se creó un fondo de 3.000 millones de euros (152 millones procedentes de España) que la UE donaría a Turquía, a cambio de que “controlase” el flujo de llegadas de refugiados.
“La destitución de aproximadamente 2.800 magistrados, alrededor de una cuarta parte del personal de la Magistratura, supone de hecho la paralización de los tribunales y un ataque directo a la independencia del Poder Judicial, pilar básico del Estado de Derecho y garante de la protección de los derechos humanos de todas las personas, ahora totalmente intervenido y bajo el control del Gobierno de Erdogan”, ha asegurado la presidenta.
El pacto, duramente criticado en diversas protestas ciudadanas y por numerosas ONG y partidos políticos, entró en vigor el pasado 20 de marzo, fecha a partir de la cual cualquier migrante o refugiado que pisa suelo griego es devuelto a Turquía, donde es incorporado a la larga lista de personas pendientes de reasentamiento en algún país europeo. Antes, permanecen encerrados en campos de detención en las islas helenas, privados de libertad y en condiciones “inhumanas”.
La propia ONU consideró que el pacto “no era consistente con la legislación internacional”, dado que la expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos. La UE, entonces, justificó el acuerdo argumentando que se estudiaría cada caso particular “individualmente”. Añadieron que Turquía podía considerarse un “tercer país seguro” para los refugiados, pese a las continuas denuncias de ONG que mostraban violaciones sistemáticas de los derechos humanos entre las fronteras del país euroasiático.
El Golpe de Estado del pasado 15 de julio y la posterior “purga” de Erdogán –quien además suspendió temporalmente la Convención Europea de Derechos Humanos en su territorio–, ha puesto aún más en entredicho la capacidad de Turquía para ser considerado un país seguro para los refugiados que la Unión Europea envía allí de manera sistemática desde hace cuatro meses.
Según la Abogacía española, el control del Gobierno turco sobre el poder judicial implica una “falta de independencia” y la “paralización de los tribunales”. “En este contexto, el cumplimiento por parte de Turquía de sus obligaciones legales en materia de refugiados no puede darse por hecho y enviar refugiados a Turquía desde Grecia sólo puede considerarse una temeridad para la libertad, la integridad y la vida de los refugiados”, concluyen.