Monica Sud, una californiana que solía hacer sus compras en la cadena de supermercados Costco presentó una demanda en agosto contra la empresa por vender gambas producidas en Tailandia, un país en el que esta industria ha sido frecuentemente relacionada con esclavitud y otros abusos laborales, y no informarle de ello. “Los consumidores de California están financiando sin saberlo el trabajo esclavo”, aseguraba Niall McCarthy, uno de los abogados de Sud, en un comunicado.
La demanda presentada por Sud causó sorpresa por ser la primera de este tipo. Poco después se abrieron dos casos más en los tribunales de California, contra Nestlé, Mars y Hershey, por el supuesto uso de trabajo esclavo en sus proveedores y se espera que haya nuevas denuncias en los próximos meses.
Las nuevas demandas tienen su germen en el Ley sobre Transparencia en las Cadenas de Producción del Estado de California, una regulación aprobada en octubre de 2010 que entró en vigor en enero de 2012. Según esta legislación, “todo vendedor y fabricante que opere en este Estado y que tenga unos ingresos anuales globales que superen 100 millones de dólares debe divulgar [...] sus esfuerzos para erradicar la esclavitud y la trata de personas de su cadena de producción directa por bienes tangibles ofrecidos a la venta”.
La ley sólo obliga a dar información sobre la cadena de producción, no a tomar medidas para que esté libre de esclavitud u otros abusos, por lo que no abre la puerta a presentar demandas por malas prácticas. “La ley aparentemente solo requiere que los negocios hagan las declaraciones reglamentarias requeridas, incluso si un negocio hace poco o nada para salvaguardar su cadena de producción y lo admite”, escribe el abogado J. David Bournazian del bufete Troutman Sanders en su página web.
Los consumidores han encontrado al menos un arma en la información que las empresas han facilitado en sus páginas webs y la están utilizando para denunciarlas por publicidad falsa. “El sufrimiento humano no puede ser ignorado para mejorar el balance económico de una empresa”, denunciaba el abogado de Sud.
La segunda acción judicial llegó pocos días después con un objetivo más jugoso: la multinacional Nestlé, demandada por el uso de trabajo esclavo en la cadena de producción del pescado utilizado para fabricar la comida para gatos Fancy Feast. Tras la denuncia, Nestlé negó que hubiera trabajo esclavo en su cadena de producción, pero en noviembre la multinacional suiza publicó un informe de la ONG Verité en el que se describían prácticas propias de la esclavitud utilizadas por sus proveedores en Tailandia: pagos de tasas de reclutamientos, retención de salarios y de pasaportes y escasos mecanismos para comprobar la edad de los trabajadores, entre otros.
En septiembre, de nuevo Nestlé, esta vez junto a Hershey y Mars, recibió otra demanda por su cacao procedente de Costa de Marfil, otro país con numerosas denuncias de esclavitud y trabajo infantil.
Consumidores en los tribunales por primera vez
No es la primera vez que la esclavitud moderna llega a los tribunales norteamericanos, pero en ocasiones anteriores habían sido las propias víctimas las que habían presentado las demandas, no los consumidores. “Es un nuevo tipo de demanda y nadie sabe qué es lo que van a decidir los tribunales”, asegura Eric Gottwald, director legal de la ONG International Labor Rights Forum.
Hasta ahora las demandas habían sido presentadas fundamentalmente bajo el paraguas del Alien Tort Statute, o Ley de reclamación por agravios contra extranjeros, que dejaba la puerta abierta a iniciar una acción civil en Estados Unidos por un delito cometido fuera del país si este violaba “las leyes de la nación o de un tratado de los Estados Unidos”.
Sin embargo, en 2013, en un caso contra Royal Dutch Petroleum por reprimir movimientos sociales opuestos a sus proyectos en Nigeria, el Tribunal Supremo consideró que la Alien Tort no podía ser aplicada en crímenes perpetrados fuera del territorio estadounidense, cerrando así una de las principales vías de acción judicial a disposición de las víctimas de abusos de las multinacionales. Hoy en día sigue abierto el conocido caso contra Nestlé, ADM y Cargill presentado por antiguos niños esclavos de las plantaciones, pero pocos tienen esperanza de que las empresas sean condenadas.
Otras vías para denunciar abusos
Otra puerta acaba de abrirse. El presidente estadounidense Barack Obama firmó el 25 de febrero la ley HR 644 por la que se ilegaliza la importación de cualquier producto fabricado con “trabajo de presos o trabajo forzado”. Con esta legislación será posible presentar nuevas denuncias, aunque tendrán que ir acompañadas de pruebas fehacientes de que el producto importado ha sido fabricado con trabajo esclavo.
“El problema va a ser la puesta en práctica de esta ley. El peso de la prueba recae en los abogados para que demuestren que se ha fabricado con trabajo esclavo. Y ya sabemos lo complicado y peligroso que es probar eso”, explica Gottwald. Otro problema, asegura el abogado de ILRF, es la desidia que han mostrado tradicionalmente las autoridades aduaneras a la hora de inspeccionar las importaciones. “El éxito dependerá en lo agresivo que sea el control en aduanas”, afirma.
Europa avanza poco a poco hacia la misma transparencia. En 2014 la Unión Europea aprobó una directiva que obliga a las empresa de más de 500 empleados a proporcionar “información relativa por lo menos a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno” y que será obligatoria a partir de 2017. En el Reino Unido entró en vigor en marzo de 2015 la “Ley sobre Esclavitud Moderna”, muy similar a la californiana.
Este tipo de demandas son un nuevo recurso a disposición de los consumidores para exigir prácticas más responsables a las empresas pero todavía está por ver cuál será su impacto sobre las políticas de las multinacionales. “Un posible efecto positivo [si se condena a las empresas] es que se ponga más cuidado con la cadena de producción”, asegura Gottwald. “Van a darse cuenta de que están siendo vigiladas más de cerca. Y eso puede tener un impacto positivo”.