Este lunes han comenzado en Bruselas las audiencias de los comisarios designados por el nuevo Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, en las están respondiendo a las preguntas de los miembros del Parlamento Europeo. La actual Comisaria Europea de Asuntos del Interior, Cecilia Malmström, ha sido designada para ganar el apoyo de una opinión pública europea cada vez más desconfiada sobre las controvertidas negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos (conocido como TTIP).
El viernes pasado se difundieron las respuestas de Malmström a las interpelaciones que los grupos parlamentarios habían presentado por escrito. Se le preguntó por el polémico acuerdo comercial previsto con los EE.UU. Inicialmente, en su respuesta apareció un ligero cambio de rumbo sobre uno de los asuntos más polémicos: los tratados comerciales y de inversión que contienen el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Es un sistema que da enormes privilegios a las grandes corporaciones y recurre a tribunales privados, ajenos a la justicia ordinaria, ante los que cualquier empresa multinacional o fondo de inversión puede demandar a un Estado por las pérdidas de beneficios derivadas de decisiones adoptadas por la administración en materia de política pública (aumentar el salario mínimo, protección ambiental, prohibición de sustancias cancerígenas, etc.).
En una primera versión Malmström escribe: “El presidente electo Juncker se ha comprometido en sus orientaciones políticas - y cito – ‘la Comisión va a negociar un acuerdo comercial razonable y equilibrado con los Estados Unidos de América (…) Ninguna limitación de la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros de la UE será aceptado en este contexto; esto significa claramente que no habrá un mecanismo de solución de controversias Inversor-Estado en ese acuerdo. Apoyo plenamente este enfoque del presidente electo y trabajaré en este sentido en las negociaciones”. Una frase sin ambigüedades que habría significado un ligero cambio de rumbo en las políticas de inversión de la UE respecto a los tribunales de arbitraje.
Hay mucha confusión sobre el anuncio de Malmström. El mismo viernes el grupo de los partidos socialdemócratas del Europarlamento publicó un comunicado en el que “aplaudieron la eliminación del ISDS de las negociaciones con EEUU”. Mientras la propia Cecilia Malmström no reconoció su propio escrito, a pesar de que el parlamentario Sven Giegold publicó la respuesta entera en su página web.
Pero Malmström dio un paso atrás. El domingo a primera hora, funcionarios del Parlamento Europeo enviaron una versión “corregida” de sus contestaciones. La diferencia estaba en una sola frase. Sólo un día antes de la audiencia, la secretaría de la Comisión de Comercio Exterior del Parlamento Europeo envió por correo electrónico una versión revisada del documento. En la primera versión había un “error”, dice el correo.
Es decir, la frase que hace referencia a la exclusión de los sistemas de arbitraje en el Tratado Comercial Transatlántico, no aparece mas en la nueva versión del documento. Todo indica que la presión del lobby de las grandes corporaciones y del resto de la Comisión Europea ha dado sus frutos. Con un procedimiento absolutamente inusual que cambia las respuestas a los cuestionarios por escrito, Malmström ratifica que defenderá, una vez más, los intereses corporativos.
Malmström respondió a través de Twitter que la primer versión enviada por el Parlamento Europeo no era la “definitiva” y que la parte sobre ISDS “no es válida”. Es una historia fascinante, que incluye mensajes por Twitter eliminados a posteriori, en la que Malmström ha intentado distanciarse de su primera declaración. Varios medios importantes de Alemania publicaron la noticia durante el fin de semana.
El tratado que se negocia en secreto con los EEUU será un tema central de la audiencia parlamentaria de hoy y de los próximos años. Se teme la pérdida de más de un millón de empleos directos, mayores recortes salariales, una ola de privatización de los servicios públicos y la eliminación de normas ambientales así como un ataque sin precedentes a los derechos de las y los trabajadores. Los privilegios para inversores y los tribunales de arbitraje son un punto clave en el TTIP.
El acuerdo de la TTIP amenaza con otorgar más derechos a las empresas, a través de una cláusula que contempla la denominada ‘solución de controversias entre inversores y Estados’
En caso de que se incorpore en el acuerdo, permitirá a las corporaciones reclamar una indemnización por daños y perjuicios ante tribunales de arbitraje que funcionan a puerta cerrada si consideran que sus ganancias se han visto negativamente afectadas por cualquier cambio en las normativas o políticas de un país. Esto representa una amenaza para las leyes concebidas para proteger a la sociedad y el ambiente. Las compañías que denuncien que sus inversiones – incluidas las expectativas de beneficios futuros– se han visto afectadas debido a medidas de la administración tendrían derecho a reclamar una indemnización a través de tribunales internacionales privados. Cualquier compañía estadounidense (o con una filial en los EE.UU.) que invierta en la UE podría recurrir a este privilegio reservado a los inversores para exigir que se las compense por medidas como prohibir el fracking o el consumo de transgénicos.
Ya son más de 570 casos en los que empresas transnacionales han llevado a los gobiernos ante este tipo de tribunales secretos en base de las cláusulas de protección a la inversión de la UE, sin tener que pasar por los tribunales ordinarios. Estos tribunales no forman parte del sistema judicial convencional, sino que se establecen de forma específica para dirimir casos de inversión. Los árbitros suelen mostrar una marcada preferencia por los inversores y carecen de conocimientos especializados sobre temas tales como el cambio climático, la salud o el fracking. Y al final son los contribuyentes los que acaban pagando la factura, lo que supone más recortes en servicios sociales. La Comisión Europea siempre ha negado estas denuncias.
Los vínculos de Malmström con la industria armamentística
No hay que olvidar que Malmström ha supervisado el trabajo de Frontex, una agencia que ha ayudado, por ejemplo, a Grecia a abusar del derecho de asilo y a España a cometer graves violaciones a los derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla. En su responsabilidad cae que se hayan mantenido un régimen de fronteras exteriores militarizado de la UE que ha provocado que miles de migrantes perdieron sus vidas en las aguas del Mediterráneo. Además, durante su mandato, la Comisión Europea ha caído más y más en los brazos de los grupos de presión de la industria armamentística que ganan miles de millones de euros con los sistema de vigilancia en las fronteras de la UE. Según la periodista Kajsa Ekis Ekman, en el periódico sueco Dagens ETC, la industria armamentística se jacta de su estrecha colaboración y “relaciones de trabajo” con Malmström.
Uno de los lobbies más grandes de la industria de seguridad europea, la European Organisation for Security (EOS), que representa a corporaciones como Thales (Francia), Indra (España), Saab (Suecia) y la multinacional Airbus Defence and Space, tiene como estrategia “crear relaciones con los responsables políticos de la Comisión Europea” y “asegurar que la UE adopte regulaciones que apoyen a la industria de defensa y seguridad”. EOS ha organizado varios seminarios con la Comisaria de Interior, e incluye en sus credenciales tener una “relación de trabajo muy estrecha” con Malmström.
El año pasado, sólo una semana después de la tragedia de Lampedusa, en la murieron más de 360 personas, Malmström presentó el proyecto EUROSUR con el objetivo de reducir el número de migrantes que no son detectados al entrar de forma “clandestina” en la UE. Ella impulsó durante años la llamada política contra la “inmigración ilegal”, un término repulsivo para describir la vida de millones de personas que están forzados a buscar una vida mejor, y que no es un delito. EUROSUR incluye el uso masivo de drones equipados con cámara que vigilarán las costas del norte de África. Una operación, financiado con dinero público, para continuar la política de la UE de militarizar las fronteras.
Menos conocido es que EUROSUR es parcialmente financiado por los grandes fabricantes de armamento. Disfrazado de proyecto de investigación, recibió enormes sumas de dinero público de la UE. Cuando el proyecto EUROSUR iba a adquirir drones, por ejemplo, se presentaron 13 empresas a demostrar sus sistemas. Sólo para los ensayos, las empresas obtuvieron de entre 10.000 y 198.000 euros, según datos de la agencia Frontex. Uno de ellas era la corporación Israel Aerospace Industries (IAI), la misma compañía que fabrica el armamento con el que ha sido masacrada la población de Gaza. IAI recibió dinero de la UE para más de 69 “becas de investigación”. Y, Gaza es su laboratorio.
Cuando el periodista David Cronin preguntó a Malmström porqué iba a contratar a IAI para “vigilar las costas de Europa”, ella respondió que era “coincidencia” y que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos denunciaron el caso como quebrantamiento del Tratado de Lisboa, que prohíbe ayuda financiera a actores que violen el derecho internacional, como es el caso de Israel.
La industria militar y seguridad privada presiona a la Comisión Europea y los Estados miembros para vender drones, sistemas de vigilancia, robots, etc. Y, hay puertas giratorias entre responsables de la Comisión Europea, la agencia Frontex y directivos de las grandes corporaciones armamentísticas. Ilkka Laitenen, militar finlandés y director ejecutivo de la agencia Frontex, es también miembro de la ejecutiva en “Security and Defence Agenda”, un centro de pensamiento fundado por las empresas de armamento y la OTAN.
Y, para terminar, un caso español, muy vinculado a este sector: Miura Private Equity, un fondo de inversión suscrito mayoritariamente por inversores institucionales europeos y norteamericanos, entre los que se incluyen fondos de pensiones, controla la empresa de seguridad Proytecsa, especializada en productos de seguridad de última tecnología y que está relacionado con la instalación de las vallas letales en Ceuta y Melilla, para cuyas obras ha recibido millones de euros de fondos públicos.