El PP cuela un 'copia y pega' de su argumentario como dictamen de la comisión de contratos de la Xunta

Dos jornadas de trabajo bastaron al PP para elaborar un documento de 84 páginas con su propuesta de conclusiones de la comisión de investigación que abordó en el Parlamento de Galicia los contratos de la Xunta. El partido conservador redactó en solitario el documento, en el que plasma las mismas ideas que sus portavoces –en casi todas las sesiones la tarea la desempeñó Roberto Rodríguez, pero también tomó la palabra su compañero Alberto Pazos– defendieron ante este órgano. Un argumentario que se ve reflejado en el texto con críticas a los partidos de la oposición o afirmaciones calcadas de las declaraciones de responsables de la Xunta tras conocerse el informe del Consello de Contas que concluyó que el modelo privatizador elegido para construir el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo supuso un despilfarro de 470 millones de euros.

En su resumen de la información aportada por las 36 personas que comparecieron y los 118 documentos remitidos al Parlamento (que ocupan unas 40 cajas), el PP da por validadas sus posturas políticas en torno a los asuntos examinados, que eran, además del modelo de colaboración público–privada para el hospital de Vigo, los contratos de emergencia durante la pandemia y la acumulación de encargos a Eulen, la empresa de la que es directiva para el noroeste Micaela Núñez Feijóo, la hermana del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El apartado específico de conclusiones arranca con la afirmación de que “la comisión corrobora [...] que no hay ni una sola tacha de legalidad en el proceso de construcción del Hospital Público Álvaro Cunqueiro, ni en los procesos de contratación menor de la Xunta de Galicia, ni en la contratación de emergencia efectuada por la administración pública autonómica, y particularmente por el Servizo Galego de Saúde, durante la pandemia”.

El PP pretende cerrar con este texto una comisión de investigación que trató de evitar primero y que, una vez creada –al amparo de un punto del reglamento que permite abrir un órgano de este tipo con los votos de un tercio de los diputados, los que tiene el BNG– controló para sacar adelante un plan de trabajo que excluyó a Feijóo y su entorno familiar, pese a que fue el presidente de la Xunta durante la mayor parte del periodo analizado. Tanto el Bloque como el PSdeG han denunciado que el grupo popular, mayoritario en la Cámara, ha convertido la comisión en “un paripé”, con comparecientes, como varios jefes médicos y de personal del hospital vigués, que, por sus propias funciones, no podían arrojar luz sobre los procedimientos de contratación de la administración gallega y se centraron más en defender la necesidad, no cuestionada, de levantar unas nuevas instalaciones sanitarias en la ciudad.

La oposición ha criticado la actitud del PP en la comisión, con decisiones basadas en informes de los letrados de la Cámara que no se les habían dado a conocer; una gran cantidad de documentación que llegó apenas una hora antes de que empezasen las comparecencias, sin tiempo material para revisarla antes; un calendario apretado con hasta seis personas ofreciendo su versión en una misma jornada o debates sobre si se puede llamar o no sobrecoste a que el modelo elegido para el Álvaro Cunqueiro –una concesión en la que la empresa financió las obras, a cambio de un canon millonario que se sigue pagando, y explota los servicios no clínicos– costase, según el Consello de Contas, 470 millones de euros más que una adjudicación tradicional de las obras.

Esa cuestión la trasladan los populares a la propuesta de dictamen, que la oposición vuelve a afear que está hecha sin las aportaciones de BNG y PSdeG. Hubo dos reuniones: la primera, el viernes 13 de diciembre, la plantó como protesta la oposición y la segunda, el lunes siguiente, contó con la presencia de diputados nacionalistas y socialistas por la mañana. Por la tarde los populares presentaron su propuesta de dictamen. Ahora hay un plazo de cinco días hábiles para registrar alegaciones.

En sus conclusiones, los ponentes del PP –Roberto Rodríguez y, como suplente, Julio García Comesaña– insisten en que “el Consello de Contas nunca dijo que existiese sobrecoste”. El informe, efectivamente, recoge que, una vez hecho el encargo de las obras con la fórmula público–privada, la construcción costó lo previsto. Lo que dice ese documento, insisten, es que licitar la obra, por un lado, y los servizos por otro “daría resultados similares a un menor coste, lo que en ningún caso es un sobrecoste”. Añaden que, de la información obtenida en la comisión, se extrae que “la colaboración público–privada era la única opción viable en un contexto de crisis económica extrema y de incapacidad para recurrir a la deuda pública”. La postura replica los mismos términos en los que se expresó la Xunta tras conocer el análisis de Contas en verano.

La propuesta de dictamen repasa también los informes que había solicitado el bipartito de PSdeG y BNG que dirigió la Xunta entre 2005 y 2009 a PriceWaterhouseCoopers y a Garrigues sobre los modelos posibles para levantar el nuevo hospital de Vigo. Cita las observaciones de varios de los comparecientes, pero omite las de la que fue conselleira de Sanidade en aquel gobierno de coalición, María José Rubio, quien afirmó que se había dado el mandato a la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) de hacer el contrato y que el Consello de la Xunta llegó a aprobar un plan económico y financiero que preveía un desembolso de 420 millones de fondos públicos. El texto redactado por el PP se remite a la intervención de la conselleria de Facenda con la llegada de Feijóo al Gobierno gallego en 2009, Marta Fernández Currás, y concluye que no había “ninguna documentación ni informe técnico ni económico”.

Críticas a la oposición en las conclusiones

Otra de las conclusiones de los populares es que la comisión “dejó en evidencia la diferente vara de medir del BNG, y también del PSdeG, respecto a los distintos procedimientos y modalidades de contratación: la defienden cuando ejercen responsabilidades de Gobierno y la demonizan cuando desarrollan labores de oposición”. Se refieren a las críticas a los contratos adjudicados a dedo a empresas relacionadas con familiares de altos cargos. Las denuncias de la oposición se han centrado en casos de acumulaciones de encargos con algunas firmas, como Eulen o la del hermano de la secretaria xeral de Presidencia.

La formación conservadora incluye en su resumen incluso una observación sobre lo que consideran un “punto de inflexión” en la postura del BNG durante las reuniones preparatorias de la comisión: “Ese cambio de criterio, también discursivo, tomó forma definitiva cuando el BNG fue incapaz de responder a la pregunta de si algún familiar o persona del entorno directo de Ana Pontón ha tenido contratos menores con alguna administración pública gobernada por el BNG”. La referencia son las insinuaciones repetidas en las últimas semanas por miembros del PP y por el propio presidente de la Xunta, que no han llegado a concretar ni a respaldar con documentos.

Recomendaciones: contratos menores acordes a la ley

El documento finaliza con 10 recomendaciones. Empieza pidiendo a la administración autonómica que no se sustituya el estudio de viabilidad completo por el de viabilidad económico-financiera (una de las cuestiones que afeó Contas sobre el Álvaro Cunqueiro), que se apliquen las sugerencias del Consello de Contas sobre contratación en el Sergas, que las compras en sanidad se hagan pensando en posibles carencias de productos esenciales, que se apueste por las adquisiciones centralizadas de los productos recurrentes y que se fomente la contratación electrónica.

En cuanto a los contratos menores, que se adjudican a dedo, animan a “seguir empleándolos” de acuerdo con la normativa vigente: “Siempre y cuando la cuantía se corresponda con la prevista legalmente y se circunscriba a aquellos supuestos tasados por la legislación”. También piden que se siga trabajando en la transparencia y añaden una sugerencia en primera persona: “Seguiremos avanzando en la adopción de medidas de mejora de los procedimientos de contratación menor y en la implantación de técnicas que faciliten la explotación adecuada de los datos que se ofrecen en la Plataforma de Contratos”.