La ONG Human Rights Watch ha criticado en un informe al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la manera en que el miembro del Gobierno se refirió a los refugiados. Según Zoido, es necesario “concienciar” a las ONG “de que se está para ayudar” y no “para favorecer la inmigración irregular”.
Además, ante la petición italiana al resto de Estados miembros de la UE de acelerar la reubicación de solicitantes de asilo, el ministro justificó la lentitud con la que el Gobierno está llevando a cabo los traslados afirmando que España también tiene “una presión importante”.
En su crítica, la organización contrapone la presión migratoria entre Italia y España: “Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7.724 personas alcanzaron las costas españolas entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2017. Aunque los datos palidecen en comparación con las 85.150 personas desembarcadas en Italia durante los primeros seis meses de 2017, el ministro del Interior español Juan Ignacio Zoido citó una 'presión importante' en los puertos españoles”.
Finalmente, el titular de Interior tuvo que pedir disculpas a las organizaciones sociales ante el malestar que causaron sus insinuaciones, pero insistió en que “no podemos correr el riesgo de contribuir con algún mensaje ambiguo que pueda crear un posible efecto llamada” de inmigrantes.
Las malas condiciones de los migrantes
Human Rights Watch añade a su denuncia de las condiciones y los abusos a los que se ven sometidos los migrantes en España una nueva investigación que la ONG ha publicado este lunes. En ella, revela cómo los migrantes que llegan por mar a costas españolas se encuentran en malas condiciones y deben enfrentarse a diferentes obstáculos para solicitar asilo.
La ONG comenta que los migrantes están “durante días en celdas oscuras y húmedas en las comisarías de policía y, casi con toda seguridad, se les colocará automáticamente en centros de detención de inmigración a largo plazo, pendientes de una deportación que tal vez nunca suceda”.
“Las celdas policíacas de tipo jaula, que también son oscuras, no son un lugar para retener a los solicitantes de asilo y los migrantes que llegan a España”, señala Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch en Europa y Asia Central. “España está violando los derechos de los migrantes, y no hay pruebas de que esto sirva de disuasión a otros”, sentencia la experta.
Colchones en el suelo y cárceles sin ventilación
Entre el 16 y el 25 de mayo, Human Rights Watch visitó los centros de detención de inmigrantes de Algeciras y Tarifa, las instalaciones portuarias policiales de Motril y Almería y la comisaría central de Málaga. La Policía Nacional dio permiso a la organización para visitar sólo las áreas administrativas y externas de los dos centros de detención y hablar con el personal, pero no para visitar las celdas ni hablar con los detenidos.
La ONG denuncia que en los lugares visitados ha encontrado “grandes y mal iluminadas celdas con finos colchones en el suelo”, en Motril y Almería, una “cárcel subterránea sin luz natural ni ventilación” en Málaga y mujeres y niños separados en una celda con literas en Motril. Apuntan que “los detenidos permanecen encerrados en todo momento, y sólo se retiran para chequeos médicos, huellas dactilares, entrevistas y, en Almería y Málaga, para ir al baño, porque no hay ninguno dentro de las celdas”.
Asimismo, los hombres no reciben cepillos de dientes porque les acusan de poder utilizarlos “como armas”, según ha comprobado la ONG. Los migrantes detenidos dijeron a Human Rights Watch que “no tenían reuniones individuales con un abogado bajo custodia policial y que se les había dado poca o ninguna información sobre la solicitud de asilo”. En este sentido, la ONG dice haber “documentado en Ceuta y Melilla lo que parece ser una política para desalentar las solicitudes de asilo”.
Los niños, por su parte, cuando no están acompañados, son generalmente trasladados a centros especiales, mientras que aquellos que viajan con familiares son detenidos en Motril y Almería. Un observador de HRW afirma que “los niños jugaban en el agua sucia de los baños en las celdas del centro de detención portuaria de Motril” –el comentario se hizo en abril, cuando nueve niños fueron detenidos allí con sus madres durante tres días–.
Alternativas a la detención
“Existen alternativas a la detención y deben utilizarse con mayor eficacia”, exige Human Rights Watch. La ONG dice que la legislación española permite a las autoridades utilizar medidas no privativas de la libertad, como la retirada de documentos, los requisitos de presentación de informes y la obligación de vivir en un lugar determinado para garantizar que una persona pueda ser localizada y, así, ejecutar una orden de devolución o expulsión.
“Ya sea por negligencia o por diseño, España no trata a los solicitantes de asilo y a los migrantes que llegan por mar con humanidad y dignidad”, lamenta Sunderland. “Las autoridades españolas deben actualizar urgentemente las instalaciones policiales y garantizar la información completa, el acceso al asilo y la debida supervisión judicial de todos los migrantes y solicitantes de asilo que lleguen a sus costas”, concluye la experta.