Internos que deben permanecer en el patio “desde el desayuno a la cena”, sin acceso al baño; policías antidisturbios por todas partes y unas decisiones judiciales que “generan dudas”. La cárcel de Archidona, utilizada como “CIE provisional”, ha suspendido el examen del Defensor del Pueblo. Francisco Fernández Marugán ha denunciado las “numerosas carencias” por las que, asegura, la Dirección General de Policía no están respetando las “reglas mínimas” de los Centros de Internamiento para Extranjeros.
“Con independencia de que las condiciones arquitectónicas del centro sean mejores que las de cualquier CIE, las carencias detectadas no permiten considerar que los servicios sean similares a los de los centros de internamiento”, han concluido desde la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado, tras la visita realizada por Fernández Marugán los pasados días 23 y 24 de noviembre.
Según ha detectado el Defensor del Pueblo en funciones, “los internos permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena”. Durante este tiempo, más allá de a la hora de la comida, los migrantes encerrados “no pueden pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños”. Fernández Marugán critica que “esta ausencia de horario y actividades favorecen los incidentes entre los internos”.
El Defensor también pone el foco en el personal encargado de “la gestión directa” con los migrantes encerrados en Archidona. Tal y como ha podido comprobar, se trata de policías pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial (UIP), es decir, son antidisturbios “con su uniformidad e instrumentos habituales”. A su juicio, esta medida “no favorece” la normalidad en el centro penitenciario, algo que ya había denunciado la ONG Andalucía Acoge.
Además, destaca la falta de una “atención sanitaria suficiente”, de información acerca de las “normas mínimas de funcionamiento del centro” o la “ausencia de horario y actividades”, entre otras.
En este sentido, Fernández Marugán considera que, “la premura en la puesta en marcha de este centro supone que no todos los servicios, incluso algunos elementales, estén operativos”.
Las visitas de los familiares se están realizando en locutorios cerrados con mamparas aislantes de cristal, mediante un teléfono, donde, según el Defensor, “la privacidad no está garantizada”. Se trata de la misma denuncia esgrimida por los familiares de muchos de los internos, que después de viajar de Francia a Málaga, se encontraron con que solo podían ver a sus hijos, maridos, o amigos en estas condiciones, como ha publicado eldiario.es.
Más allá de las condiciones, Fernández Marugán también llama la atención sobre la propia decisión de trasladar a los recién llegados a un centro penitenciario. En esta línea, la institución expresa sus “dudas sobre la idoneidad de su empleo para este fin, dado que las mismas habían sido designadas ya como centro penitenciario”.
Aunque, según matiza, para la Defensoría del Pueblo “resulta relevante que dicho centro no haya iniciado su actividad penitenciaria”.
Sobre las autorizaciones judiciales a las que se aferra Interior para defender el traslado de los migrantes a Archidona, Fernando Marugán pone el foco en que “en los autos de autorización de internamiento emitidos por órganos judiciales de diferentes localidades (Alicante, Almería, Cartagena, Elche, Lorca o Vera) no consta el lugar exacto en el que se produjo la detención de cada una de estas personas cuando la norma establece que el juez competente es el del lugar de la detención”.
Además, el Defensor alerta sobre que, excepto en los autos firmados desde un juzgado de Elche, los magistrados no mencionan el carácter penitenciario del centro adonde autorizan el traslado. “El centro en los diferentes autos recibe diversas denominaciones lo que genera dudas al Defensor sobre la información facilitada a los distintos órganos jurisdiccionales”.
Por todas estas “carencias” detectadas, la institución realiza una serie de recomendaciones, entre ellas, sustituir a los agentes antidisturbios por “funcionarios policiales de las brigadas que habitualmente prestan servicios en los CIE”; el “inmediat al reconocimiento médico de todas las personas internadas en el centro”, así como establecer asistencia médico-sanitaria las 24 horas.
También solicita garantizar el acceso de los internos a sus objetos personales, “garantizar que las visitas de familiares de realicen sin separación física por mamparas” y “establecer convenios con los colegios de abogados y ongs para hacer efectivo el derecho a la orientación jurídica y social”, entre otras muchas tareas pendientes de un centro que, como destaca, tiene unas “mejores infraestructuras que un CIE” pero ello no se refleja en las condiciones mínimas escondidas tras sus muros y rejas.