La derecha francesa utiliza la nueva ley sobre inmigración para disputar el terreno perdido con la extrema derecha

Es una de las piezas legislativas más esperadas del segundo mandato de Emmanuel Macron y en el Gobierno francés son conscientes de su importancia. El examen de un proyecto de ley sobre la inmigración comenzó la semana pasada su tramitación parlamentaria después de ser aplazada en múltiples ocasiones desde que se anunciara por primera vez hace ya más de un año.

El texto supone la segunda ley sobre este tema bajo la presidencia de Macron, que lo considera como una preocupación central de los franceses y un elemento clave en el crecimiento electoral de la extrema derecha en la última década.

Desde 1945, Francia ha aprobado una nueva ley sobre cuestiones ligadas a la inmigración cada dos años, de media, acumulando un total de más de cien textos legislativos si se les suman decretos y circulares. Diferentes ONG y asociaciones han denunciado que el proyecto de ley supone un atentado sin precedentes contra los derechos básicos de los migrantes.

Regularización de trabajadores

El Ejecutivo ha defendido el nuevo proyecto de ley como un texto de equilibrio entre las alas derecha e izquierda del partido presidencial (Renacimiento), retomando la estrategia “en même temps” (al mismo tiempo) de Macron, una fórmula utilizada a menudo por el presidente para explicar la mezcla de elementos asociados a diferentes líneas ideológicas.

Para satisfacer al ala progresista prevé dos medidas principales: simplificar la regularización de trabajadores sin papeles y autorizar a trabajar a un mayor número de solicitantes de asilo. Para contentar al sector conservador de su partido y para convencer a la derecha gaullista de Los Republicanos (LR) –que dispone de mayoría en el Senado y de una minoría que puede ser decisiva en la Asamblea–, el texto presentado por el Gobierno plantea varias medidas restrictivas, como la supresión de varias protecciones contra la expulsión.

Por ejemplo, abre posibilidad de expulsar a los extranjeros llegados a Francia antes de los 13 años, algo que no es posible actualmente y que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha citado como el elemento que impidió ejecutar la orden de expulsión emitida contra el autor del reciente atentado en Arras.

El proyecto de ley también quiere acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo y de las obligaciones de expulsión, o supeditar la concesión de un permiso de residencia plurianual a “un nivel mínimo de francés”. “Tenemos que ser malos con los malos y buenos con los buenos”, ha dicho Darmanin.

Pero ese equilibrio que defiende el Ejecutivo de momento no parece contar con apoyos suficientes. En el centro de los debates está el artículo 3 del proyecto de ley, que modifica el proceso de regularización de trabajadores, al que la derecha se opone y que una parte de la izquierda considera indispensable.

Desde 2012, la regularización es una potestad de los prefectos (figura similar a los delegados de Gobierno en España), en base a una serie de criterios enumerados en una circular de 2012 llamada 'circular Valls' por el entonces primer ministro.

Los datos oficiales apuntan a que cada año se regularizan por esta vía unas 30.000 personas, de las que entre 7.000 y 10.000 lo hacen por motivos laborales. Para conseguir los documentos necesarios para la regularización por ese camino, los trabajadores en situación irregular deben demostrar que llevan al menos tres años en Francia, que disponen de 24 nóminas y deben estar acompañados por su empleador.

La propuesta del Gobierno es que los trabajadores en situación irregular puedan iniciar ellos mismos los trámites para obtener residencia “de pleno derecho” durante un año, a condición de que lleven al menos tres residiendo en Francia y que hayan trabajado en un oficio “en tensión” (es decir, con dificultades para conseguir personal) durante al menos ocho meses en los dos últimos años.

Oposición en la derecha

La derecha ha repetido que considera este artículo como “laxo” y una línea roja. “No podemos querer expulsar a más gente y, al mismo tiempo, regularizar masivamente a los sin papeles”, ha declarado el presidente del grupo LR en el Senado, Bruno Retailleau.

La formación conservadora es mayoritaria en la cámara alta –donde el partido de Marine Le Pen solo tiene tres representantes– y ha optado por utilizar esa mayoría para tratar de ganar terreno a la extrema derecha en uno de sus temas predilectos.

Además, el actual ministro del Interior –antiguo protegido de Nicolas Sarkozy, que dejó el partido Los Republicanos para unirse a Macron en 2017– es considerado como un posible rival de cara a las próximas elecciones presidenciales y sus antiguos compañeros de partido no parecen inclinados a pactar con él.

En este contexto, LR ha aprovechado la tramitación en el Senado para endurecer el proyecto de ley que debe salir de esa cámara con un carácter más restrictivo y represivo del que había planteado el Gobierno. Entre las medidas aprobadas la semana pasada, la instauración de “cuotas” definidas con un debate anual en el Parlamento para fijar límites máximos de inmigración y el endurecimiento de las condiciones de reagrupación familiar, dos propuestas a las que el ministro del Interior no se ha opuesto.

Limitar el acceso a la sanidad

Darmanin se ha mostrado favorable a otra medida planteada por su antiguo partido para reformar el sistema de ayuda médica estatal (AME), que consideran demasiado generoso con los inmigrantes en situación irregular. El sistema actual en Francia, que data del Gobierno Jospin en el año 2000, reconoce el derecho al acceso a la sanidad y el reembolso de los gastos de asistencia médica y hospitalaria a los extranjeros que hayan permanecido en Francia durante al menos tres meses, como el resto de ciudadanos.

LR ha votado en el Senado un artículo para limitar ese acceso a ayuda médica de urgencia, creando una división en el seno del Gobierno: el ministro del Interior se ha mostrado favorable, pero otros miembros se han opuesto públicamente, empezando por el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau. “El objetivo de la asistencia sanitaria es intervenir antes de que la situación sea demasiado grave, sobre todo en el caso de las enfermedades infecciosas”. Y citó el caso de España “que intentó la misma reforma [que propone LR] y tuvo que dar marcha atrás”.

En la misma línea, una tribuna publicada en Le Monde firmada por 3.000 profesionales de la salud expresaba su preocupación por las consecuencias de la modificación. “Los extranjeros sin papeles no tendrían más remedio que acudir a los centros de salud y a los servicios de urgencias, que ya se encuentran bajo gran presión, y se verían una vez más obligados a soportar las consecuencias de decisiones políticas alejadas de nuestras realidades”, denuncian.

Las ONG, en contra

En un comunicado conjunto, diferentes ONG y asociaciones han pedido a los parlamentarios que rechacen este texto y tengan “el valor de adoptar una política que respete los derechos fundamentales y la dignidad” de los inmigrantes.

“Este proyecto de ley va a provocar la generalización de la sospecha, acoso administrativo, inseguridad y el miedo. Es la 29ª ley de asilo e inmigración desde 1980. Necesitamos políticas públicas inclusivas y respetuosas con los derechos y la dignidad de las personas, que promuevan la cohesión social en lugar de exacerbar las tensiones de nuestra sociedad. Este debate tiene que incluir a las personas afectadas, de las que a menudo se habla a las que nunca se escucha”, dice Camila Ríos, portavoz de las asociaciones Armas de UniR y SINGA París. 

“La gran mayoría de este proyecto de ley pretende excluir a las personas del derecho de residencia y expulsarlas del país. Y para ello utiliza conceptos vagos y problemáticos como 'amenaza al orden público' o falta de 'respeto a los principios republicanos', que reforzarán la arbitrariedad de este tipo de decisiones graves”, denunció Aboubacar Dembélé, del Colectivo de trabajadores sin papeles de Vitry en el mismo comunicado.

Posibles apoyos en la izquierda

Mientras Los Republicanos endurece el texto y repite que votará en contra de cualquier intento de flexibilizar las regularizaciones, el ala izquierda del partido de Macron (en su mayoría venidos de los partidos socialista y ecologista) amenaza con no votar la ley cuando llegue en diciembre a la Asamblea, que tendrá la última palabra sobre el texto.

En septiembre, ese ala progresista de la mayoría publicó en Libération una tribuna conjunta con miembros de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes). Un total de 12 diputados de Renacimiento firmaron el texto junto a ecologistas, socialistas y comunistas –entre ellos el líder del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel y el presidente del grupo socialista en la Asamblea, Boris Vallaud–, exigiendo el mantenimiento del artículo 3. Entre los firmantes no había ningún miembro de Francia Insumisa, que se opone en bloque a la ley que plantea el Gobierno.

El presidente de la Comisión de Leyes, Sacha Houlié, ex del partido socialista y uno de los primeros apoyos de Macron en 2017, ha defendido que el Gobierno podría encontrar los votos que necesita para aprobar el texto –en su versión inicial– entre las fuerzas progresistas, aunque de momento ni el presidente ni la primera ministra han dado ningún paso en este sentido.

La vía del referéndum

Por otro lado, Los Republicanos aspira a inscribir en la Constitución muchas de las medidas que defienden para el proyecto de ley, mediante un referéndum sobre la inmigración, haciendo suya una antigua reivindicación del partido de Marine Le Pen. “Queremos decidir cada año a quién vamos a acoger, con cuotas votadas por el Parlamento, e introducir el asilo en la frontera”, declaró a Le Monde el presidente del partido conservador, Éric Ciotti.

Durante mucho tiempo, Emmanuel Macron se había manifestado en contra de un referéndum de este tipo –que necesitaría una reforma constitucional– pero en los últimos meses ha cambiado el tono. En una carta enviada el pasado fin de semana a los dirigentes de los partidos, el jefe de Estado francés propone ampliar el alcance de las consultas, abriendo el ámbito de aplicación a “proyectos de ley relativos a cuestiones llamadas 'de sociedad', como el acompañamiento en el final de la vida, pero también reformas más amplias que afectan a varios aspectos interrelacionados, como es el caso de las cuestiones migratorias, que tienen que ver con asuntos centrales del Estado, económicos, sociales o incluso diplomáticos”.