Los Territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos son unos de esos lugares en los que el acceso de la prensa, de observadores internacionales de derechos humanos y de representantes políticos internacionales está casi vetado. No obstante, en los últimos años, esta tendencia se está viendo contestada por la importante labor de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de solidaridad con el pueblo saharaui. Distintos actores realizan tareas de observación en el terreno, comprobando los abusos a los que esta población se ve sometida y mostrándolos a la opinión pública y a la comunidad internacional.
Esto ha hecho que para la resolución del un conflicto que lleva estancado casi cuarenta años, la situación a la que se ve sometida la población saharaui del interior esté siendo determinante para los distintos actores internacionales que se ven involucrados en el mismo. Por todo esto, la publicación de informes e investigaciones sobre el estado de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, basados en un rigor empírico, aportando datos contrastados y fiables, son de gran relevancia para arrojar luz sobre el momento actual en el que nos encontramos en el conflicto y sobre las posibles vías que se deben seguir para su resolución. Una resolución que debe pasar, según dicta la legalidad internacional, por el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Uno de esos informes que permiten una pequeña dosis de optimismo, dentro de la oscuridad y de lo bochornoso del asunto, es el recientemente publicado por la Fundación Seminario para la Investigación de la Paz de Zaragoza, elaborado por el investigador Santi Gimeno y titulado Situación de los derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental: de 1999 a la actualidad. En él, se resumen los abusos y las violaciones de los derechos humanos que ha sufrido la población saharaui en los últimos catorce años, contextualizando estas prácticas con el estadio concreto en el que se encontraba el conflicto en cada momento, con la situación política de Marruecos, las iniciativas que estaba desarrollando la ONU o los movimientos que se han ido conformando entre la población saharaui habitante en los Territorios Ocupados. Cabe destacar que la investigación ha sido realizada con fuentes directas, contrastando los testimonios directos de saharauis con la bibliografía publicada sobre el tema.
De esta manera, el informe muestra, en primer lugar y tras aclarar que antes del 1975 el Estado español también desarrolló políticas represivas, un breve análisis sobre las prácticas contra saharauis llevadas a cabo durante la etapa del anterior monarca marroquí, Hassan II. Este periodo queda dividido, en dos etapas: los años de plomo, o los años que comprenden entre 1975 y finales de los ochenta, y la década reformista, los años noventa. De la primera etapa se informa sobre la existencia de todo tipo de abusos generalizados contra la población civil, incluyendo bombardeos, desapariciones forzadas y pillaje, siendo las mujeres saharauis, víctimas en muchos casos de violencia sexual, y los sospechosos de simpatizar con el Frente Polisario los sectores más vulnerables. Cabe destacar que una gran cantidad de casos de este periodo todavía no han sido reparados.
La década de los noventa supuso una práctica más selectiva, los secuestros se llevaban a cabo contra intelectuales y activistas por la autodeterminación y su duración solía ser más corta. Fue en el año 1999 cuando Mohamed VI subió al trono tras los funerales en honor a su padre celebrados el 25 de julio. Los líderes internacionales mostraron apoyo al nuevo rey y las imágenes de las lágrimas del monarca español, Juan Carlos I, por la muerte de Hassan II dieron la vuelta al mundo.
Reinado de Mohamed VI
El informe distingue seis etapas en el trato que los gobiernos marroquíes han dado a los derechos de la población saharaui durante el reinado de Mohamed VI: desde el año 1999 al 2003 se describen los acontecimientos relacionados con la Intifada, con la lucha por la reparación de las víctimas y familiares de las mismas de la etapa anterior y con los planes para la resolución del Enviado Especial de Naciones Unidas, James Baker. Durante los años 2004 y 2005 destaca la labor de la Instancia para la Equidad y Reconciliación, iniciativa que dejó marginada la cuestión saharaui. Desde el año 2005 al 2009, lo más relevante fue la Intifada por la autodeterminación del 2005, que derivó en la posterior represión y en un aumento de la atención que la comunidad internacional le otorgó a lo que ocurría en el Sáhara Occidental.
En los años 2009 y 2010 se producirían ataques a la libre circulación de activistas saharauis, los cuales estaban consiguiendo atraer la atención internacional a su causa. De especial importancia fue la huelga de hambre mantenida por Aminetu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, tras su expulsión de El Aaiún por parte de las autoridades marroquíes y con el beneplácito del Gobierno español presidido por Rodríguez Zapatero. En el año 2010, el campamento Gdeim Izik y su posterior desmantelamiento y la represión surgida de él constituyó un hito de grandes dimensiones en la historia del movimiento saharaui del interior. De igual manera, la difusión que Internet y las nuevas tecnologías brindaban a la población saharaui posibilitó un mayor conocimiento del tema a nivel internacional.
La situación actual está enormemente condicionada por una mayor presencia de actores internacionales en los territorios. Las visitas de Cristopher Ross, Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, así como de otros relatores relacionados con esta institución o de la influyente Fundación Robert Kennedy han abierto nuevas perspectivas con las que observar el conflicto. Sin embargo, la Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) no renovó su misión incluyendo la vigilancia de los derechos humanos, como en un principio pretendía el Gobierno de Estados Unidos, debido a las presiones que en los debates desarrollados en el seno de la ONU llevaron a cabo Marruecos, Francia y España.
Por último, el informe propone algunas posibles tendencias que se verían en el desarrollo del conflicto a corto plazo. La inestable situación en la zona acrecentada por el conflicto de Mali, la mayor atención por parte de organismos internacionales a los abusos marroquíes, la mayor definición y progresión de las asociaciones saharauis que se van conformando como interlocutores hacia el exterior o el desarrollo de los derechos sociales, económicos y culturales de la población saharaui son algunos factores a tener en cuenta y que pueden desequilibrar el conflicto en los próximos tiempos.
El informe es, en definitiva, un documento de sumo interés para conocer cuál es la situación de los derechos humanos en los Territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos. Su lectura ayuda a comprender un fenómeno sobre el que poco se ha escrito todavía, a pesar de que en los últimos años se hayan abierto nuevas líneas de trabajo sobre el tema. Aprovecho para citar aquí el informe El Oasis de la memoria: Memoria histórica y violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental de Carlos Martín Beristaín, publicado el año pasado, que siguiendo la metodología de otras comisiones de la verdad, realiza un análisis sistematizado de las violaciones cometidas desde 1975 a través del testimonio de más de 250 víctimas.
La resolución del conflicto saharaui pasa, cada vez más, por cómo se consiga integrar la situación de los derechos humanos en el interior dentro de las negociaciones y evoluciones políticas que se den en el tema. Por ello, es muy interesante que se den a conocer análisis de este tipo entre la opinión pública internacional, en especial la española. No olvidemos que el Estado español sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y que su postura es importante para poner fin al olvido al que ha sido sometido este pueblo durante tantos años.