Eran las 12:30 de la mañana cuando el avión del Ejército nigeriano lanzó la primera bomba sobre el campo de desplazados de Rann el pasado 17 de enero. Cinco minutos después, impactó un segundo proyectil. El bombardeo se produjo mientras muchas de las personas hacían cola en el reparto de mantas. El primer recuento ascendió a 52 muertos. Los contó Alfred Davies, coordinador de Médicos Sin Fronteras en el país africano. Su mayor frustración, dice, fue presenciar cómo una docena de heridos morían por no haber tenido “suficientes recursos” para salvarlas.
“Rann era su refugio seguro. El ejército debía protegerlos y en lugar de ello, les bombardeó”, relató Davies a las pocas horas. Casi un año después, en noviembre, un asalto a mano armada en Bangassou, República Centroafricana, obliga a MSF a suspender sus labores en la zona tras haber sufrido una treintena de ataques en los últimos meses.
Los conflictos “se enquistan” y estallan nuevos focos de violencia contra la población civil. Cada vez son más las dificultades para atender a las víctimas y las organizaciones humanitarias se ven “más sobrepasadas que nunca”, sin capacidades suficientes para desempeñar tareas que surgen, dicen, de “la dejación de responsabilidades” por parte de los Gobiernos. Es el “retrato crudo” que dibuja el informe presentado este martes por el Instituto de Estudios de Conflictos y Ayuda Humanitaria (IECAH) y MSF. Un año más, sentencian, el balance es negativo.
La ola de violencia en República Centroafricana y la guerra contra Boko Haram en Nigeria no cesaron en 2016 y 2017, el bienio analizado en el documento. Tampoco lo hizo el conflicto en Sudán del Sur, el país del que más personas han huido en este periodo: 1,6 millones. Persistieron también las crisis en Etiopía y Somalia y las guerras en Siria, Irak y Yemen. Se agravó la ola de violencia en Kasai, en República Democrática del Congo. Y, en verano de este año, estalló el éxodo de refugiados rohingyas que huyen de la persecución por parte de las fuerzas de seguridad birmanas que se ha cobrado al menos 6.700 vidas en estos meses.
Como resultado, un total de 65,6 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares de manera forzosa en 2016. Estos conflictos crónicos y los efectos más extremos del cambio climático, como las sequías, se han traducido en un aumento del hambre tras más de una década de descenso, con más de 815 millones de personas afectadas. Las necesidades crecen y, con ellas, la “incapacidad para responder” a las emergencias denunciada por las organizaciones.
“Crisis de identidad” del sector
Todo ello unido a la mayor inseguridad para desempeñar su labor de salvar vidas debido a los ataques “recurrentes” al personal y a las infraestructuras, en definitiva, los “cambios de las reglas” de las guerras, que las hacen “cada vez más complejas”, han sumido al sector en una “crisis de identidad” en los últimos años, alertan los autores. Y, como consecuencia de esta “confusión”, explican, las organizaciones sufren “más presiones” para alinearse con los Gobiernos, que a su vez “abusan” de los actores humanitarios, “usándolos como un sustituto de la inacción política” y presentando “numerosas operaciones militares como motivadas por causas humanitarias”.
Así, alertan, “la instrumentalización de la acción humanitaria y el abuso de esta dentro de las políticas de seguridad se han consolidado” en 2016 y 2017. “Lo que los humanitarios tomamos como referencia, como el hecho de que no se puede atacar a la población civil o de que debemos acoger a aquellos que huyen, se deconstruye por los muros de Trump y por el acuerdo de la UE con Turquía y otros menos explícitos pero más perversos como el acuerdo con Libia”, ha defendido Joan Tubau, director general de MSF España, durante la presentación del informe.
En este sentido, la irrupción del presidente de EEUU ha sido uno de los cambios más relevantes en el tablero de juego internacional que, a juicio de los investigadores, van a determinar el futuro de la ayuda humanitaria. “Ni la diplomacia, ni la cooperación al desarrollo son sus prioridades. Ha aumentado el presupuesto en defensa y, en su lucha contra el DAESH (Estado Islámico) o Corea del Norte, quien cumpla es bueno sin importar las violaciones de derechos que conlleve”, ha afirmado Jesús Núñez, codirector del IECAH.
Asimismo, un año más, los autores critican el papel de los países de la Unión Europea en la acogida de personas refugiadas tras el incumplimiento casi generalizado de las cuotas pactadas hace dos años en Bruselas. Y apuntan también a los acuerdos con países vecinos para frenar la llegada de migrantes a las costas, a lo que se une, lamenta MSF, la “narrativa de beligerancia” que han mantenido en los últimos meses algunas autoridades contra las ONG que salvan miles de vidas en el Mediterráneo central.
Ligero aumento de la financiación
En este contexto, los fondos destinados a la ayuda humanitaria a nivel mundial crecieron por cuarto año consecutivo, esta vez con un ligero incremento del 6% en 2016, hasta alcanzar cerca de 27.300 millones de dólares. No obstante, el 40% de los llamamientos urgentes de financiación que Naciones Unidas lanza a los países donantes no fueron cubiertos durante el periodo analizado. Por otro lado, la mayor parte de estos fondos se destinaron a un reducido número de crisis: Siria, Yemen, Irak, Sudán del Sur y Etiopía recibieron más de la mitad de la financiación, el 54%, frente a otros conflictos que han quedado “olvidados”.
En el caso de España, las organizaciones han detectado un “tímido proceso de recuperación” después de años en los que la ayuda humanitaria ha sido “una de las políticas públicas más recortadas”. De acuerdo con el documento, de los 46,5 millones de euros que se desembolsaron en 2015, el año pasado se destinaron 54,2 millones, un aumento que se debe principalmente a la contribución de la cooperación descentralizada, es decir, la de ayuntamientos y comunidades autónomas. “Tan mal están las cosas en este sector (...) que lo vemos como un dato positivo”, afirman.
Sin embargo, los autores se muestran preocupados por la reducción del porcentaje de la ayuda humanitaria española respecto a la partida total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), hasta el 1,33%, lejos de la media del 7% en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En este sentido, también advierten de la existencia de la ayuda “inflada”, esto es, operaciones como las cancelaciones de deuda que no se invierten de forma “genuina” en AOD, pero se incluyen en el monto total. España está a la cabeza de Europa en “ayuda inflada”, según CONCORD (Confederación europea de ONG para el desarrollo).