A veces sus fuerzas también flaquean. Esos momentos en los que incluso los activistas que dedican su vida a una causa se replantean si de verdad merece la pena dejar tanto por el camino. “Ese instante fue el asesinato de mi madre”, recuerda Laura Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres, activista hondureña fallecida a tiros por su labor como defensora del medio ambiente. “Nos preguntamos: ¿cuál es el límite? No solo significó perder a una compañera, a una lideresa espectacular, sino el fracaso de muchos mecanismos de seguridad que considerábamos eficaces para protegernos: las redes, los premios, la repercusión mediática… ¿de qué sirve? ¿cuál es el límite del empresariado?”.
Entonces, las sospechas de los activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se materializaron en un nuevo revés: Nelson García, también miembro del COPINH, fue asesinado dos semanas después. “¿A dónde vamos?, nos preguntamos”, confiesa Zúñiga.
En aquellos días, centenares de mujeres indígenas de la atacada organización caminaron para exigir justicia en una marcha que alcanzó el Ministerio Público hondureño. “Cuando nos vimos juntas, a pesar de los riesgos, algo cambió. Ese es el punto en el que uno rompe con esa indignación y lo convierte en lucha. Cuando ese dolor se transforma en algo simbólico. Es ahí cuando las mujeres asumen: Berta soy yo”.
Ese momento en el que Berta, su causa, “se multiplicó”.
“Es una característica de los pueblos que buscan y necesitan resistir. Tienen el poder de convertir todos esos dolores e indignaciones en lucha”, explica Zúñiga, después de haber sufrido el asesinato de su madre y, como ella insiste en denominarla, “de una compañera de batalla”; tras encontrarse con los obstáculos impuestos por los juzgados y enfrentarse al proyecto hidraeléctrico de la empresa DESA, contra la que tanto luchó la activista asesinada.
“Aún no han sido capturados los autores intelectuales”
Tras dos años en los que los varapalos no han cesado, sus luchas tampoco. Una de ellas se encuentra en los tribunales. El caso del asesinato de Berta Cáceres espera la celebración del juicio oral, entre numerosas denuncias de irregularidades emitidas por la defensa y la familia de la líder indígena. “Fuimos marginadas de ese proceso. A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras no pudimos tener acceso. No pudimos participar”.
Ante la falta de respuesta a la petición de una investigación independiente, los familiares y el COPINH crearon un grupo de expertos internacionales (GAIPE) para estudiar los hechos. Sus conclusiones quedaron reflejadas en un informe que documentaba la implicación de agentes estatales y la hidroeléctrica DESA en el asesinato de Berta Cáceres.
“El juicio inicia con una gran carencia. Hay ocho personas detenidas pero, entre ellas, no están los autores intelectuales. ¿Dónde están?”, se pregunta Zúñiga. “El Ministerio Público tiene el informe desde hace más de un año. Con estas investigaciones que hemos procesado podemos decir que hay suficiente información para que haya nuevas capturas, pero no se producen”, apunta la hija de la activista asesinada. Tienen los nombres, pero de momento no quieren revelarlos: “Estamos a la espera de que lo haga la Fiscalía”.
“Nos preocupa lo mal que se ha procedido en la investigación y que ello afecte a la justicia. Tememos que se pierda el foco. Que alguna condena de las personas detenidas, de los autores materiales, sea leída a nivel internacional como que son suficientes. Como si eso fuese hacer justicia”, señala Zúñiga. “Entonces, seguirían libres quienes planearon el asesinato de mi mami, lo que aumenta el riesgo para las comunidades y las organizaciones sociales que seguimos luchando contra el proyecto hidoreléctrico de Agua Zarca”.
Mientras la justicia no llega, la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, uno de los países más peligrosos para ser activista, continúa siendo una quimera. Este es su segundo frente. La situación de represión gubernamental despertada para acallar las protestas generadas tras las elecciones de noviembre, acusadas de fraude, aumenta los riesgos ligados a la protesta social, según ha denunciado Amnistía Internacional.
Los riesgos y la desprotección, reconoce Zúñiga, son aún mayores que dos años atrás, cuando su madre fue asesinada. “Es muy triste. Toda la visibilidad que hubo tras su muerte pensamos que iba a poner un anticuerpo. Hoy vemos un escenario bien difícil de lucha. Difícil en cuanto a los enemigos, pues la represión es mayor. Pero sí que hay un escenario de creación de redes entre los diferentes pueblos, de acompañamiento para la lucha por la verdad y justicia”, indica Zúñiga.
Las personas integrantes del COPINH, explica, siguen recibiendo constantes amenazas. “La situación es bien difícil, pero se entiende y siempre se asume un riesgo: en las comunidades, a la hora de movilizarse… Siempre”. Una de las últimas en sufrir un ataque, indica, ha sido su propia hermana, Berta Zúñiga Cáceres. “En junio del año pasado, Berta sufrió un atentado mientras conducía, en el que una persona intentó sacarla con otro auto de la carretera. Iba con otra persona de la coordinación del COPINH y se salvaron por muy poco”, relata la activista.
“Ahí se siente el nivel de vulnerabilidad en el que estamos. A ello se suma la criminalización generada desde los medios, que publicaron que mi hermana había atacado a un campesino”, indica la hija de Berta Cáceres. “No solo sufrimos amenazas directas, sino todo el entramado que hay alrededor de los defensores y defensoras. Eso no es extraño en la cotidianidad de Honduras. Por eso, para que haya seguridad, es importante cambiar las bases sobre las que se asienta el Estado”.
La activista insiste en recordar esa “otra cara de la realidad hondurña”: la generada desde dentro de las comunidades indígenas, con el impulso de esa indignación que, indica, se transformó en lucha, organización y unión de diferentes comunidades tras el asesinato de Berta. “El crecimiento de la represión tiene que ver con el crecimiento de los defensores y defensoras. Por el aumento de la denuncia y del acompañamiento. Hay tanta gente protestando que el Estado no sabe cómo pararlas y se produce esta represión”, concluye.