La muerte de más de 2.000 personas que intentaban pedir asilo, vinculada con las devoluciones en caliente de la UE

Los estados miembros de la Unión Europea han llevado a cabo operaciones ilegales durante la pandemia para devolver “en caliente” a al menos 40.000 migrantes que habían llegado a las fronteras europeas. Estas expulsiones están relacionadas con la muerte de más de 2.000 personas, según ha revelado The Guardian.

Con el apoyo de la agencia de fronteras de la UE (Frontex), los países europeos son responsables de una de las mayores operaciones de expulsiones masivas de las últimas décadas. Entre las tácticas ilegales empleadas para rechazar sistemáticamente a miles de migrantes, incluidos niños que huyen de guerras, se encuentran agresiones y el maltrato durante el arresto o traslado de las personas devueltas.

El análisis de The Guardian ha sido elaborado a partir de informes publicados por agencias de Naciones Unidas y de una base de datos con los incidentes registrados por las ONG. Según las organizaciones humanitarias, las prácticas de expulsión se han hecho más frecuentes y brutales tras el inicio de la pandemia.

Según uno de los principales expertos italianos en inmigración y derechos humanos, Fulvio Vassallo Paleologo, “los últimos informes sugieren un aumento en las muertes de migrantes que intentan llegar a Europa y, al mismo tiempo, un incremento en la colaboración entre países de la UE y países extracomunitarios, como Libia, por lo que han fracasado varias operaciones de rescate”.

Vassallo, quien imparte la asignatura Derecho de Asilo en la Universidad de Palermo, opina que “en este contexto las muertes en el mar desde el comienzo de la pandemia están directa o indirectamente relacionadas con el planteamiento de la UE de cerrar todas las entradas a Europa y la creciente política de externalización del control migratorio hacia países como Libia”.

La publicación de estas conclusiones coincide con el inicio de una investigación abierta por la Agencia Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) contra Frontex por acusaciones de abusos, conductas impropias y operaciones ilegales con el objetivo de impedir que los solicitantes de asilo lleguen a las costas de la UE.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 alcanzaron Europa casi 100.000 migrantes por tierra y por mar, frente a los casi 130.000 de 2019 y a los 190.000 de 2017.

Políticas más duras

Pese a la caída en las cifras, Italia, Malta, Grecia, Croacia y España han intensificado desde enero de 2020 su línea dura en política migratoria. Desde que comenzaron los controles parciales o totales de fronteras para contener el brote de coronavirus, estos gobiernos han estado pagando a países extracomunitarios o contratando a barcos privados con el objetivo de interceptar embarcaciones en peligro en alta mar y llevar de vuelta a los pasajeros a centros de detención. Se repiten una y otra vez las denuncias de personas abandonadas en el mar, o golpeadas, robadas, y desnudadas en las fronteras.

La policía de Croacia, que patrulla la frontera exterior más larga de la UE, intensificó en 2020 la violencia sistemática y las devoluciones de migrantes hacia Bosnia. Casi 18.000 migrantes han sido rechazados por Croacia desde el inicio de la pandemia, según las cifras del Consejo Danés para los Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés). Durante el último año y medio, The Guardian ha recogido los testimonios de migrantes supuestamente azotados, robados, desnudados y agredidos sexualmente por agentes de la policía croata. Algunos afirman que los agentes les pintaban cruces rojas en la cabeza diciéndoles que era la “cura contra el coronavirus”.

Según el informe anual que este martes publicó la Red de Vigilancia por la Violencia en las Fronteras (la BVMN, por sus siglas en inglés, es una coalición de 13 ONG que documenta las devoluciones ilegales en los Balcanes occidentales), en casi el 90% de los testimonios que se recogieron durante 2020 en Croacia hay informes de abusos y uso desproporcionado de la fuerza, un 10% más que durante 2019.

En abril, The Guardian publicó la historia de un supuesto abuso sexual contra una mujer afgana, retenida a punta de cuchillo por un policía fronterizo croata durante un registro de migrantes en la frontera con Bosnia.

Según Nicola Bay, director del DRC para Bosnia, “pese a que en los últimos meses la Comisión Europea se ha involucrado con las autoridades croatas, no se ha visto prácticamente ningún avance, ni para investigar las denuncias reales, ni para el desarrollo de mecanismos independientes de vigilancia de fronteras”. “Cada una de estas devoluciones representa una violación del derecho internacional y de la UE, cuando hay violencia y también sin ella”, dice.

Devoluciones desde Grecia con “palizas excesivas y prolongadas”

Según datos de la BVMN, desde enero de 2020 Grecia ha rechazado a unos 6.230 solicitantes de asilo que habían llegado a sus costas. En el 89% de las expulsiones, dice el informe, “la BVMN ha observado el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza”. Una cifra alarmante que demuestra cómo se ha convertido en norma el uso desproporcionado y por tanto ilegal de la fuerza.

“Entre los ejemplos extremadamente crueles de violencia policial documentados durante 2020, hay palizas excesivas y prolongadas (a menudo sobre cuerpos desnudos), inmersión en agua, abuso físico de mujeres y niños, y la utilización de barras de metal para infligir lesiones”.

En los testimonios recogidos, los migrantes describen cómo les ataban las manos a los barrotes de las celdas y les ponían cascos antes de las palizas para evitar que se vean los moratones.

En abril, se presentó una demanda contra el Estado griego ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acusando a Atenas de abandonar a decenas de migrantes en el mar solo con botes salvavidas y después de que algunos hubieran sido golpeados. Según la demanda, las patrulleras griegas remolcaron a los migrantes hasta aguas turcas y los abandonaron en el mar sin comida, agua, chalecos salvavidas ni forma de pedir ayuda.

“Las pruebas demuestran la persistente negativa a defender los valores democráticos, los derechos humanos y el derecho internacional y europeo, tanto cuando se utilizan la pandemia de la COVID-19 y los controles de frontera nacionales para encubrir estas devoluciones, como cuando se crean cárceles al aire libre o se impide que los barcos entren en aguas griegas con disparos de advertencia hacia las embarcaciones”, dice el informe de la BVMN.

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades libias interceptaron y empujaron de vuelta a Trípoli a unos 15.500 migrantes, según datos del ACNUR. Lo hacen con apoyo italiano desde 2017, cuando Roma cedió a Libia la responsabilidad de supervisar las operaciones de rescate en el Mediterráneo. La polémica estrategia ha permitido la devolución forzosa de miles de personas a centros de detención libios en los que, según testimonios de primera mano, son torturados. Cientos de personas se han ahogado ante la inacción tanto de Libia como de Italia.

Según Matteo de Bellis, investigador en migraciones de Amnistía Internacional, “estas prácticas continuaron en 2020, con un papel cada vez más relevante de los aviones de Frontex que avistaban las embarcaciones en el mar y comunicaban su posición a los guardacostas libios”. “A la vez que Italia usaba la pandemia como excusa para declarar que sus puertos no eran seguros ante un desembarco de personas rescatadas en el mar, no tenía ningún reparo en que los guardacostas libios devolvieran a la gente a Trípoli”, dice. “Incluso cuando Trípoli estaba siendo bombardeada o cuando inmediatamente después del desembarco hacían desaparecer a cientos de personas por la fuerza”.

Ignorar llamadas de socorro

En abril, acusaron a Italia y Libia de ignorar deliberadamente la llamada de socorro de una embarcación de migrantes que corría peligro en aguas libias, donde las olas alcanzaban los seis metros. Unas horas más tarde, un barco de rescate de una ONG descubrió decenas de cuerpos flotando en las olas. Ese día 130 migrantes se perdieron en el mar.

En una investigación conjunta con Rai News y el periódico Domani, The Guardian tuvo acceso en abril a documentos de fiscales italianos en los que se detallaban conversaciones entre dos comandantes del cuerpo de guardacostas libio y un oficial del cuerpo de guardacostas italiano en Roma. Las transcripciones parecían evidenciar la inacción de los oficiales libios y sus dificultades para responder a las llamadas de socorro, tras las que hubo cientos de muertes. En los puertos italianos hay al menos cinco barcos de ONG bloqueados, con las autoridades alegando razones administrativas para retenerlos.

“Las operaciones de devolución se han convertido en rutina, de la misma manera que los abandonos en el mar en los que se ha permitido que cientos de personas se ahogaran”, dice un portavoz del servicio de atención telefónica para migrantes en peligro en el mar Alarm Phone.

“Hemos documentado muchos naufragios que nunca fueron oficialmente registrados, por lo que sabemos que el número real de muertos es mucho mayor. En muchos de los casos, los guardacostas europeos se han negado a responder. En vez de eso han optado por dejar que la gente se ahogara o interceptarla y llevarla de vuelta al lugar en el que habían arriesgado su vida para escapar. Aunque todas las autoridades europeas traten de quitarse responsabilidad, sabemos que la muerte en números masivos es resultado directo de sus acciones y sus inacciones. La responsabilidad de estas muertes recae sobre Europa”.

Malta: contratación de barcos privados o el rechazo en alta mar

A principios de 2020, Malta declaró cerrados sus puertos con el argumento de la pandemia. Ha continuado con la devolución de cientos de migrantes mediante dos estrategias: la contratación de barcos privados para interceptar a los solicitantes de asilo y obligarlos a volver a Libia; o rechazándolos y dándoles indicaciones para que vayan hacia Italia.

Según De Bellis, “entre 2014 y 2017, Malta pudo contar con Italia para que asumiera la responsabilidad de coordinar los rescates y permitir los desembarcos”. “Pero cuando Italia y la UE retiraron sus barcos del Mediterráneo central, para dejarlo en manos de Libia, Malta quedó más expuesta”, explica.

“En respuesta, desde principios de 2020, el Gobierno maltés ha estado desarrollando estrategias para evitar ayudar a los refugiados y migrantes que corren peligro en el mar, como las devoluciones ilegales hacia Libia usando barcos de pesca privados, el desvío de las embarcaciones en vez del rescate, la detención ilegal de cientos de personas en transbordadores mal equipados frente a las aguas maltesas, y la firma de un nuevo acuerdo con Libia para evitar que la gente llegue a Malta”.

En mayo, The Guardian tuvo acceso a una serie de mensajes de voz que confirmaban la estrategia de los barcos privados llevada a cabo por el gobierno maltés, implementada a instancias de sus fuerzas armadas para interceptar a los refugiados durante su travesía y devolverlos a los centros de detención libios.

El respaldo de Estrasburgo en España

En febrero de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue acusado de “ignorar por completo la realidad” tras dictaminar que España no estaba violando la prohibición de hacer expulsiones colectivas porque las solicitudes de asilo podían presentarse en el puesto oficial de frontera. Apoyándose en esta sentencia, el Tribunal Constitucional confirmó los “rechazos en frontera” siempre que se aplicasen ciertas garantías.

La semana pasada, el servicio de salvamento marítimo español encontró los cuerpos de 24 migrantes procedentes de África subsahariana. Se cree que murieron de deshidratación mientras intentaban llegar a las Islas Canarias. En 2020, según el ACNUR, 788 migrantes murieron intentando llegar a España.

The Guardian se puso en contacto con Frontex para pedirle comentarios. La agencia de control de fronteras había dicho anteriormente que “cooperaría plenamente” con la OLAF.