Este miércoles es un día especial, un día en el que recordamos, explícitamente, los derechos de las personas migrantes. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo.
Se me ocurren muchos aspectos sobre los que podría escribir: los motivos para decidir migrar, las dificultades del proceso migratorio, las diferencias entre migrantes de países ricos y países pobres o incluso las evidencias de lo que aportan al progreso económico, social y cultural de cada país. Pero permítanme que me detenga en un tema muy concreto, en lo que ha significado la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) “para la sostenibilidad del sistema sanitario español”, aprobado en el Congreso de los Diputados en abril de 2012.
Este RDL introduce dos aspectos novedosos: la incorporación del copago sanitario y la exclusión del colectivo de migrantes en situación administrativa irregular del sistema sanitario público. Esto provoca, de facto, un cambio radical en el concepto de nuestro sistema, pasando de un sistema de acceso universal a un modelo basado en el aseguramiento, dependiente, por tanto, de si se trabaja o no.
Posición frente al Real Decreto
En Médicos del Mundo (MdM) hemos asumido como misión la defensa del derecho universal a la salud de todas las personas, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y excluidos, tanto en situaciones de emergencias (por ejemplo la más reciente de Filipinas), como en España (donde llevamos trabajando 24 años).
Desde MdM consideramos que ésta es una reforma que no se justifica desde ningún punto de vista. Desde una perspectiva de derechos humanos es injusta, porque la salud no es un lujo, es un derecho reconocido mediante acuerdos internacionales; desde la ética médica es incoherente, porque conculca el código deontológico y el juramento hipocrático; desde una perspectiva de salud pública es peligrosa, porque las enfermedades transmisibles no entienden de barreras administrativas; finalmente, desde una vertiente económica es ineficaz, porque no hay ni una sola evidencia científica que demuestre el beneficio económico de la introducción de medidas de copago, o de la exclusión de colectivos del sistema público de salud. En cambio, sí hay multitud de estudios que demuestran que estas medidas generan, a corto-medio plazo, un incremento de costes por incremento de visitas a urgencias y hospitalizaciones por retrasos diagnósticos y peor control de enfermedades crónicas.
Además, es destacable un aspecto importante de este RDL ya que se apoya en (y aumenta) la confusión existente entre dos colectivos completamente distintos: migrante irregular y turista sanitario. La persona migrante sin papeles suele ser una persona joven, sin enfermedades, procedente de América o África, y cuyo motivo de migración suele ser buscarse un medio de subsistencia y progresar como persona. Además, múltiples estudios sanitarios demuestran que este colectivo utiliza mucho menos el sistema nacional de salud que la población española, en contra de la creencia general. Por otro lado, el turista sanitario habitualmente es una persona de edad, con medios económicos, del entorno europeo y que sí acude específicamente a España atraído por el prestigio de nuestro sistema sanitario y su accesibilidad. La factura sanitaria que supone este turismo sanitario está cifrada en 917 millones de euros en 2011 y las dificultades de cobro son exclusivamente burocráticas. Lamentablemente, este RDL no aporta ninguna solución a este problema administrativo.
La aplicación de este RDL está generando que muchas personas migrantes sufran en España una doble exclusión. Por un lado, del mercado laboral por la pérdida de su trabajo tras llevar muchos años en España, y ahora la sanitaria por haberse quedado sin papeles.
El impacto de la crisis y de los recortes
Desde MdM consideramos que el balance tras un año de implantación del RDL no puede ser más desolador: caos administrativo, desinformación, ruptura de los protocolos preventivos y de enfermedades infecciosas, miedo, aumento de las desigualdades y penalización de los colectivos vulnerables. Y muertes, también muertes.
A estas realidades habría que remarcar dos aspectos especiales: por un lado que este tipo de medidas excluyentes, como es el RDL, favorecen el desarrollo de actitudes xenófobas, y por otro el impacto que supone para las mujeres migrantes en términos de salud sexual y reproductiva, así como en la imposibilidad de detección y atención de situaciones de violencia de género.
Desde la entrada en vigor del RDL estamos trabajando para mostrar la realidad que se esconde detrás de su aplicación. Realizamos tareas de mediación, asesoramiento, derivación y acompañamiento de las personas afectadas, trabajamos en red con otras ONGs, movimientos sociales y sociedades sanitarias profesionales y realizamos tareas de denuncia ante las Administraciones Públicas en todos los casos de vulneración del derecho a la salud que detectamos.
Desde septiembre de 2013 hemos lanzado la campaña Nadie Desechado, poniendo de relieve la extensión de los recortes a otros muchos colectivos de la sociedad española, pudiendo afectarnos a cualquiera de nosotros/as. Esta campaña incluye una recogida de firmas de oposición a este RDL. De momento llevamos recogidas más de 40.000 y les animo desde aquí a que se sumen a la iniciativa.
Permítanme recordar una frase recientemente expresada en el Europarlamento: “creo que todo el mundo, independientemente de su estatus de residencia, tiene derecho a una asistencia sanitaria universal accesible, y esto debe de mantenerse en toda Europa”. No lo ha dicho MdM (aunque lo suscribimos), lo ha afirmado Don Antonio López-Istúriz White, secretario general del Partido Popular Europeo.
Solo me resta, para concluir, ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando para volver a tener un sistema sanitario Universal, donde no haya ninguna persona desechada.