El Gobierno amenaza al Open Arms con multas de hasta 901.000 euros si rescata en el Mediterráneo

Prohibido rescatar. El 27 de junio, un día después de poner rumbo de nuevo al Mediterráneo central desde Nápoles, el barco humanitario Open Arms se enfrentaba a los primeros efectos de su decisión de desafiar el bloqueo del Gobierno español. En una carta, el director general de la Marina Mercante advertía al capitán de las consecuencias ante “su pretensión de retomar los rescates”, según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es. El aviso del Ministerio de Fomento es claro: si la ONG salva alguna vida se enfrenta a posibles sanciones de hasta 901.000 euros.

No era el primer aviso, pero sí el único firmado por Benito Núñez Quintanilla, el máximo representante de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. En al menos tres ocasiones, Fomento había enviado el mismo texto en los diferentes despachos de salida –el procedimiento administrativo por el que se comprueba que un buque cumple con todos los requisitos exigidos por las normas legales para navegar–.

La carta avisa de que “no se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento, en tanto no se cuente con la conformidad de la autoridad responsable de la región de búsqueda y salvamento (zona SAR) donde se navegue, y siempre bajo la coordinación de dicha autoridad”. También, les impiden “efectuar navegaciones con el propósito” de llevar a cabo tareas de salvamento “u otras actividades que deriven con toda probabilidad en tales operaciones” si no cuentan con permisos de las autoridades correspondientes, es decir, Italia o Malta. Estos países mantienen sus puertos cerrados al desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo.

Núñez Quintanilla matiza a continuación que las operaciones de salvamento que “sean de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque, estarán sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa internacional o nacional” sobre salvamento en el mar. La clave está en qué entiende el Ministerio de Fomento por un rescate “ocasional” o uno que derive en multa. El derecho marítimo obliga a auxiliar a personas en peligro en el mar a toda embarcación que se las encuentre.

Por otro lado, el escrito también asegura que las autoridades españolas podrán ordenar al buque “su regreso a puerto español para hacer efectiva la paralización si persiste en la conducta de acometer operaciones de búsqueda y salvamento sin dar cumplimiento a lo exigido normativamente”.

Según el texto enviado al buque, dentro de las posibles consecuencias de posibles “incumplimientos durante la navegación del buque” se encuentran “multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros” por infracciones “contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo”, respectivamente. El responsable de la Marina Mercante también abre la puerta a la “suspensión del título profesional español”, que recaería sobre el capitán de la embarcación durante estas semanas, Gonzalo Gómez, “en los supuestos de infracciones graves o muy graves contra la seguridad marítima”.

Este capitán con más de 10 años de experiencia asegura que nunca había recibido una carta similar. “He visto despachos restrictivos, que me recordaban las limitaciones del buque, de sus certificados... pero textos así, redactados por mi propia administración y con ese tono, nunca”, sostiene. “A mí me parece una amenaza innecesaria que denota que no saben cómo controlar la situación. Como capitán profesional, me parece humillante que mi administración no me respalde, apoye y ayude y, por el contrario, me ponga en problemas”.

Para Ricardo Gatti, jefe de la misión, los seis puntos que enumera la misiva “expresan la posición oficial del Gobierno español”. El miembro de Open Arms lee un mensaje entre líneas en las advertencias gubernamentales: “Ni te atrevas a tocar el tema migratorio. El tema migratorio es un conflicto que les da mucho miedo porque no saben cómo enfrentarlo, y temen a la derecha”, asegura Gatti.

Las medidas activadas para controlar a activistas y organizaciones ligadas a la defensa de los derechos de los migrantes, incluyendo los movimientos migratorios, no es algo nuevo en Europa. El último ejemplo es Carola Rackete, capitana del barco de la ONG alemana Sea Watch, en libertad tras dos días de arresto domiciliario por entrar en aguas territoriales italianas y atracar sin autorización en el puerto de Lampedusa, para desembarcar a los 40 migrantes rescatados en el Mediterráneo 16 días antes.

“Llevan décadas externalizando las fronteras. Hay una escalada de violencia hacia las personas migrantes y hacia quienes intentan defender sus derechos”, afirma tajante Gatti, a bordo del Open Arms. “Rescatar es una obligación que está amparada en diferentes normativas internacionales”, insiste el jefe de la misión que desafía las órdenes del Ejecutivo español.

A pesar de las amenazas, el capitán del Open Arms asegura sentir “cierta piedad del director general de la Marina Mercante”. “Lo único que denota con este escrito es su debilidad. Pienso que seguramente podríamos entendernos si nos sentásemos como marinos los dos. Supongo que tiene presiones políticas de los políticos que tenemos”, apunta Gómez.

Fuentes del Ministerio de Fomento consultadas por eldiario.es sobre la posición del Gobierno ante un posible nuevo rescate de la ONG se limitan a hacer referencia al escrito enviado por la Marina Mercante. “Ha informado al Open Arms de que todas las navegaciones que pretenda realizar quedan supeditadas a las permitidas por los certificados del buque, su clasificación y finalidad”, apuntan desde el departamento dirigido por José Luis Ábalos.

El pasado mes de enero la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente de Fomento, denegó por primera vez el permiso de salida al Open Arms para zarpar hacia aguas internacionales próximas a Libia con el objetivo de salvar vidas de migrantes en peligro. Según justifica la autoridad marítima, desde el cierre de los puertos europeos, “el buque se está viendo forzado a navegar durante varios días, cruzando el Mediterráneo, para desembarcar a las personas rescatadas en el mar muy lejos del lugar de rescate”, un hecho que “se aparta de los procedimientos relativos a las operaciones de salvamento reguladas por la normativa internacional”. Otro buque de rescate, el Aita Mari, ha obtenido la misma negativa a su objetivo de salvar vidas en este área.

A pesar de las nuevas advertencias, el Open Arms continúa navegando. Este domingo su tripulación dio apoyo a dos embarcaciones en apuros que se encontraban en la zona SAR maltesa. Quizá, a lo largo de los próximos días, sea fundamental para evitar una nueva desgracia en el Mediterráneo. Gómez, Gatti y todos los demás tripulantes y voluntarios estarán atentos al mar. Mientras, en algunos despachos, intentarán que no naveguen más.