Empezaron denunciando las muertes en el Mediterráneo. La asociación Stop Mare Mortum nació fruto de la indignación despertada tras la muerte de cerca de 900 personas en un naufragio en la costa italiana. Meses después, la llegada de personas desesperadas a bordo de pequeñas zódiacs a Grecia les movilizó a las islas, donde han apoyado y documentado la situación de emergencia que viven quienes continúan a la espera de ser reubicados a otro Estado europeo.
Estuvieron muy cerca de los afectados, recopilaron perfiles vulnerables y los compartieron con el anterior Gobierno pero, dicen, no recibieron respuesta. Llegó septiembre de 2017 y se confirmaron todas las sospechas: los Estados miembros incumplieron las cuotas de refugiados a las que se comprometieron en 2015, el único acuerdo que lograron alcanzar para afrontar situación humanitaria sufrida por los recién llegados a las islas griegas.
Didac Amat estuvo presente en este proceso. Como parte del equipo jurídico de Stop Mare Mortum, vio en los tribunales una de las últimas posibilidades para forzar al Ejecutivo español a cumplir con sus obligaciones de acogida. La asociación interpuso en 2017 un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno. Este miércoles, el Supremo les ha dado la razón.
¿Por qué deciden interponer un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno por el incumplimiento de cuotas?
Stop Mare Mortum es una asociación que surge de los movimientos sociales, que luchaba para evitar las muertes en el Mediterráneo. Cuando tiene lugar la llegada masiva de refugiados a Grecia se plantea qué se puede hacer para ayudar. Entonces, empezamos a pedir al Estado español que diese un paso adelante para reubicar a quienes alcanzaban las islas griegas.
Entre tanto, el Consejo de la UE alcanzó dos acuerdos para reubicar a un total de 160.000. Nosotros, que teníamos a un equipo en Grecia, empezamos a trabajar para intentar ayudar al Gobierno a cumplir con su responsabilidad. Entregamos a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) un listado de perfiles reubicables vulnerables, pero nunca nos contestaron.
Esa gente vivía en condiciones inhumanas en Grecia, pensamos que solo nos quedaba esta herramienta legal. Era la última alternativa.
¿Satisfechos con la sentencia?
Valoramos muy positivamente la sentencia porque parte de un movimiento social, no sale de ningún bufete de abogados. Somos activistas que llevamos años denunciando la situación de los refugiados llegados a Grecia e Italia y las muertes en el mar. Equipos de juristas han trabajado junto a la sociedad civil y finalmente hemos conseguido una sentencia que dice que el Estado Español ha incumplido la cuota que le corresponde de acogida.
También concluye que otros Estados han incumplido con sus obligaciones de reubicación pero, tal y como reconoce el Supremo, esto no exime la responsabilidad del Estado español y le obliga a mantener el número total de plazas que le corresponde, que es de 19.449. Esta es la cifra que nosotros defendíamos desde el principio aunque la propia Comisión Europea y el Gobierno apostaban por otra.
¿A qué se debe ese desfase entre las cifras? Como dice, la Comisión Europea y el Gobierno de España hablaban de una cuota de reubicación de cerca de 17.000 plazas. Ustedes defendían 19.449.
Es una cuestión de interpretación de los términos de los acuerdos del Consejo de la UE. Lo dejaban abierto, un tanto ambiguo, y el tribunal ha interpretado a nuestro favor. Había unos criterios de reparto de 160.000 personas desde Italia y Grecia, y a cada estado le correspondía un porcentaje. Se tomaron dos decisiones. Una, en junio y la otra, en septiembre.
La una se refería a la otra, sin dejar clara la cuota total correspondiente a cada país. Tenías que ir sumando las distintas cifras especificadas en ambos acuerdos. La comisión interpretaba una cifra de cerca de 17.000 personas para España, que corría a su favor y los movimientos sociales interpretaban esta cifra más elevada. El Supremo ha fallado a nuestro favor y, de hecho, la cifra ni siquiera fue discutida por el abogado de Estado.
El fallo del Tribunal le dice a España que, si quería reducir la cifra, podría haber solicitado una petición formal a la Unión Europea para disminuir la cuota que le correspondía. Las decisiones europeas son ambiguas y existe esa posibilidad. Suecia, por ejemplo, en su momento, cuando aumentaron las llegadas a través de su frontera pidió una suspensión porque no podía asumirlo. Pero, en el caso de España, nosotros pensamos que tiene la capacidad de hacerle frente. Son 19.000 en un país de 48 millones de habitantes. Para solicitar una reducción de la cuota, es necesario probar que estás en una situación de emergencia que no te permite hacer frente a tu compromiso.
Es el primer país contra el que tiene lugar una condena por el incumplimiento de las cuotas de refugiados. ¿Creían que tenían posibilidades?
Desde el punto de vista jurídico la obligación era clara, sí que estábamos convencidos de que había una posibilidad. Había que intentarlo. En otros países no se ha intentado, animamos a que otros colectivos sociales tomen los mismos pasos que nosotros. Estamos ante una condena nacional pero se trata de un problema comunitario que afecta a los derechos humanos de las personas migrantes.
¿Cuáles son los aspectos que más destacaría de la sentencia?
En primer lugar, el incumplimiento. En segundo lugar, queda clara la obligación del Gobierno para cumplir sus compromisos sobre derechos humanos, lo que puede leerse como una oportunidad para el nuevo Ejecutivo. Más allá de medidas simbólicas, como el caso del Aquarius, y asumir su parte de responsabilidad.
Se abre también una posible oportunidad para la política migratoria de la UE, el Supremo menciona la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, poniendo de relevancia el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades en materia de asilo. Es decir, el Tribunal recuerda que, en el momento en el que uno tiene emergencia, los otros estados tienen que responder ofreciendo ayuda.
Con el posible cierre de la ruta del Mediterráneo Central, con los últimos acuerdos y favoreciendo el apoyo a Libia; así como el cierre del Mediterráneo oriental, es muy posible que ahora aumenten más las llegadas por la frontera española. A España le interesa este principio de solidaridad.
Sánchez ha dicho que cumplirá el fallo. También Borrell, que ha lamentado que España, que “ha cumplido poco pero ha cumplido algo”, sea objeto de una sentencia frente a países del Este que “campan a sus anchas” y se niegan a acoger.
Al final la obligación jurídica es para todos. No respaldamos a los que incumplen, pero pedimos que España cumpla con su cuota de reparto. Nuestro trabajo es jurídico, no político, pero esta sería mi respuesta.
¿Puede sentar un precedente con respecto al resto de países de Europa?
La sentencia del Tribunal Supremo sienta un precedente: la legislación europea y los acuerdos alcanzados en el seno de la UE tienen que cumplirse más allá de los que afectan a la economía, también los que se refieren a los derechos humanos de la ciudadanía.
¿Qué pasa si el Gobierno no cumple la sentencia? ¿Existe un plazo de cumplimiento?
De acuerdo con la ley, el Gobierno tiene dos meses para iniciar el cumplimiento de la sentencia, si no lo hace, podremos iniciar un procedimiento de ejecución en el Supremo. Ahora tenemos una sentencia, estaremos pendientes de las actuaciones del Gobierno. Si no, se lo notificaremos al juez, que tiene capacidad para obligar a su cumplimiento mediante diferentes mecanismos. Tendría que empezar ya.
Le pedimos que ofrezca ya en este plazo las 19.000 plazas para reubicar a quienes esperan en Italia y Grecia. Hay gente que vive en condiciones infrahumanas mientras España incumple con la parte de obligación que le corresponde. Tomaremos las medidas legales que consideremos más oportunas.
El Supremo sí reconoce que se dieron una serie de obstáculos al cumplimiento de las cuotas que el Consejo no había previsto, aunque no por ello le exime de culpa. El anterior gobierno se justificaba diciendo que “no quedaban personas reubicables” en Grecia. ¿Se va a poder cumplir con la cuota?
El hecho de que no había personas reubicables no es cierto. Tenemos identificadas personas que bloqueadas en Grecia en malísimas condiciones. Nos hemos puesto a disposición de quien haga falta. El Supremo dice que no es excusa, porque hasta qué punto los Estados han contribuido a este cambio de circunstancias que ahora venden como un impedimento al cumplimiento de las cuotas. España empezó a ofrecer plazas tarde y muy poco a poco.
Hay gente que quiere salir de Grecia e Italia, te aseguro que la hay.