El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, rechazó hoy el carácter obligatorio que la Comisión Europea (CE) ha querido imponer al reparto de demandantes de asilo en la Unión Europea (UE), y consideró que la medida solo agravaría el problema en el Mediterráneo.
“Nosotros estamos en contra de la obligatoriedad claramente, en la medida en la que va en contra, entre otras cosas, de las conclusiones del Consejo Europeo del 23 de abril”, señaló Fernández Díaz a su llegada a la reunión de ministros de Interior que se celebra hoy en Luxemburgo.
El titular español dijo que los líderes europeos dejaron claro en que las medidas que se adopten para solucionar la crisis en el Mediterráneo deben basarse en el principio de que es “una situación transitoria, excepcional y de emergencia”, así como mantener la vigencia de los acuerdos de Dublín y estar sometidas a la voluntariedad de los Estados miembros.
“Creemos que una decisión establecida por los jefes de Estado y de Gobierno no puede ser modificada si no es por los mismos jefes de Estado y de Gobierno”, continuó. “Toda política de estas características, desde la solidaridad y la responsabilidad, debe tener evidentemente un carácter voluntario”, añadió.
Fernández Díaz destacó también que “si solo se actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas (...) no vamos a resolver el problema”. El ministro apuntó en concreto a políticas de cooperación operativa con los países de origen y tránsito como medida más adecuada, puesto que permitiría que las fuerzas de seguridad de esos estados estén suficientemente formadas para luchar contra las mafias criminales y “segurizar” sus fronteras.
“Lo que vamos a hacer con esta propuesta no es resolver el problema, sino distribuir el problema entre diversos Estados de la Unión Europea”, sostuvo.
“Es más, nos tememos que esa iniciativa pueda generar un efecto llamada y que con la mejor intención no solo no contribuir a resolver el problema sino en su caso incrementarlo”, agregó. El ministro reiteró que una medida como el reparto de demandantes de protección puede “generar un efecto llamada” y considero que solo incrementaría la actividad de las “mafias criminales” que trafican con personas.
Este argumento ha sido muy criticado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y varias ONG, que piden responsabilidad a los países europeos ante la mayor crisis de desplazados en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Las causas de los desplazamientos son, apuntan, en gran medida la violencia.
Según la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, “el 80% de la inmigración que llega a Europa es potencial beneficiaria de asilo”.
“Méritos” de España en el retorno de inmigrantes
También indicó que es “fundamental” que haya una “política europea de retornos” –refiriéndose a las políticas de expulsión de inmigrantes– y afirmó que “toda agenda migratoria que no vaya acompañada de una política de retornos esta condenada al fracaso”.
En cuanto al papel de España y a si está dispuesta a aceptar a los 4.288 solicitantes de asilo que le corresponden según la clave de distribución sugerida por Bruselas, el ministro comentó que España ya hace un esfuerzo de solidaridad y responsabilidad a diario.
“Solo en el último quinquenio España ha expulsado o denegado la entrada a más de 100.000 personas que pretendían entrar irregularmente en España y por tanto en la UE”, subrayó.
Además, Fernández Díaz dijo que más de 4 millones de personas, más de la mitad de las cuales son de países no comunitarios, ya viven y están plenamente integrados en España, donde aseguró que “no hay brotes significativo ni partidos significativos que defiendan afortunadamente posturas racistas o xenófobas”.
En cuanto a los demandantes de asilo, fundamentalmente sirios, Fernández Díaz indicó que el pasado año España gestionó 10.000 solicitudes, lo que, en su opinión, demuestra que España está contribuyendo “de manera muy activa”.