Las principales instituciones vascas y asociaciones relacionadas con la migración han suscrito el Pacto Social Vasco, un acuerdo que pretende garantizar la unidad social, institucional y política ante este fenómeno y blindar la comunidad autónoma frente a la xenofobia y el racismo.
El acto de presentación de este pacto ha estado presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y al mismo han asistido, entre otros, los presidentes de las tres diputaciones, los alcaldes de las capitales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Ararteko (defensor del pueblo) y representantes de todos los partidos políticos, excepto el PP que se ha desmarcado de este consenso que ve “voluntarista”.
Este pacto, titulado “Ofrecer lo que desearíamos recibir”, recoge en su preámbulo que hasta el momento Euskadi ha respondido de un modo “unido y solidario ante el reto migratorio”, pero advierte de que “no está libre de la amenaza de un populismo xenófobo que tiene la ambición de estructurarse y expandirse a lomos de la demagogia”.
Los objetivos del pacto tienen una proyección “ética, preventiva y proactiva” para dar respuesta “solidaria y responsable” a las necesidades de los migrantes, “configurar una unidad” que haga “estériles” las pretensiones de los populismos xenófobos y para que la migración forme parte de un proceso de “crecimiento y progreso” de la propia sociedad vasca.
Los firmantes del documento, que sigue abierto a la adhesión de más organismos y colectivos, se comprometen a ofrecer los recursos necesarios para dar la respuesta humanitaria adecuada a migrantes en situación de vulnerabilidad, así como a la llegada de los que estén en tránsito o sin documentación regularizada.
También promoverán los cauces que amplíen las posibilidades de una “inmigración regularizada y que tenga en cuenta la realidad de los países de origen, el proyecto de la persona migrante y las necesidades que en Europa plantea el reto demográfico”.
En materia de menores y jóvenes extranjeros no acompañados, el pacto establece que se dispondrán de los recursos necesarios para ofrecer una respuesta “compartida, equitativa y adecuada a las obligaciones legales, al cumplimiento del principio del interés superior del menor y a un proyecto de integración socio laboral” de los jóvenes.
Durante su intervención, el lehednakari ha dicho que este pacto “plantea las condiciones universales de dignidad básica” que le gustaría recibir a cualquier persona si fuera migrante.
Urkullu ha recordado que “proliferan discursos que presentan al migrante como una amenaza”, algo que ha calificado de “falsedad cargada de racismo y populismo para extraer rendimiento partidista de la agitación del miedo”.
Tras afirmar que como consecuencia de esto “los ideales y valores europeos” están experimentando un “inesperado cuestionamiento”, ha puesto en valor que este pacto “une ante cualquier pretensión de obtener ventaja política mediante la utilización de mensajes xenófobos”, porque hay un compromiso de mantener una unidad social, institucional y política para que se haga “efectivo el peso de la mayoría democrática”.