Naciones Unidas considera que el Gobierno debe “modificar la práctica” de las devoluciones automáticas de migrantes en Melilla y Ceuta. Esta petición, que se produjo apenas un mes después de la condena de Estrasburgo por dos devoluciones ilegales, la ha realizado el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU al término de su primera visita a España el pasado octubre.
Los expertos de la ONU han instado a España “a no realizar devoluciones sumarias conocidas como 'devoluciones en caliente' sin una evaluación previa e individualizada sobre el riesgo de tortura al retornar a su país de origen”, según indican en un comunicado del que informó la Agencia Efe.
“Esto facilitará el procedimiento de asilo y de protección internacional”, afirma Felipe Villavicencio, quien encabezó la delegación en su visita a España del 15 al 26 de octubre.
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ya mostró su preocupación en mayo de 2015 por la falta de “una evaluación previa del riesgo de retorno” en estas prácticas. Estas advertencias se unen a las reiteradas peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que ha solicitado varias veces al Gobierno el “cese inmediato y definitivo” de las devoluciones automáticas.
Estas expulsiones van en contra de los diferentes acuerdos internacionales de los que España forma parte que protegen el derecho al asilo y prohíbe las expulsiones colectivas y el principio de no devolución. Están prohibidas porque, durante las mismas, las personas expulsadas no son identificadas por los agentes ni se les permite la asistencia letrada o de un intérprete y, por tanto, se les impide de facto la oportunidad de pedir asilo.
Las devoluciones en caliente acabaron incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. A través de una disposición adicional, se introducía en la normativa española el concepto de “rechazo en frontera”. En la práctica, la aplicación de esa nueva figura jurídica suponía la ejecución de las mismas devoluciones inmediatas y sin garantías que se venían practicando desde hace más de 15 años.
Por otro lado, los expertos también han pedido fortalecer la entidad que vigila los lugares de detención. El subcomité se reunió con representantes del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) y su consejo asesor y visitó 30 lugares de privación de la libertad en las ciudades de Madrid, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Málaga, Algeciras, Cádiz, Jerez y Melilla.
Tras su visita, el subcomité presentará un informe confidencial al Gobierno de España, incluyendo sus observaciones y recomendaciones en relación a la prevención de la tortura y los malos tratos de personas privadas de la libertad. El órgano de la ONU animó a España a que, al igual que otros Estados, haga público el informe, ya que su difusión favorecerá un diálogo nacional transparente para la implementación de sus recomendaciones.
“Aunque reconocemos el trabajo del MNP, estamos preocupados por su poca visibilidad y por la falta de independencia funcional y financiera del MNP respecto de la Defensoría del Pueblo”, declaró Villavicencio. “Nos preocupa también el reducido número de funcionarios permanentes y la necesidad de incorporar a otros especialistas para fortalecer su composición interdisciplinaria, entre otras observaciones”, añadió.
El viaje se produjo en el marco de las visitas que regularmente realiza este órgano de la ONU a los países que han ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), algo que España hizo en abril de 2006.