El Gobierno, el Partido Popular y el presidente de Canarias se han sentado a negociar el reparto de menores migrantes. Este lunes se ha celebrado de manera discreta una reunión entre las partes con el objetivo de desbloquear la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería. “Se están realizando una serie de reuniones técnicas, con total discreción, para estudiar varios documentos y llegar a un acuerdo para una solución rápida para los menores migrantes”, confirman fuentes próximas a la negociación.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego; el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; y el presidente canario, Fernando Clavijo, celebaron este lunes un encuentro calificado de “técnico” para avanzar en un acuerdo político sobre el traslado de menores migrantes.
Las mismas fuentes no dan más detalles sobre el desarrollo de la nagociación, e insisten en que el objetivo era mantener la discreción sobre el contenido de los encuentros para evitar “tensiones y exabruptos” y lograr un pacto que descongestione la reforma de la Ley de Extranjería. “Se celebraán todas las reuniones que sean necesarias hasta alcanzar un acuerdo”, añaden. La reactivación de las negociaciones sobre el cambio normativo que permita agilizar el traslado de menores migrantes estaba pendiente del diagnóstico del Ministerio de Juvetud e Infancia sobre el número de plazas mínimo que debe tener cada comunidad autónoma, a partir del cual se discutiría sobre los detalles de la financiación, que será uno de los puntos clave a abordar en el proceso.
Mientras no cesa el ritmo de llegadas de migrantes a Canarias y se espera un aumento en las próximas semanas ligado a la época del mar de las calmas, el Archipiélago no cuenta con un plan b para reforzar la acogida de menores en caso de que la emergencia se multiplique. “Más allá de las carpas -habilitadas en varios puertos de las islas y que han sido cuestionadas por la Fiscalía- y seguir habilitando recursos, no tenemos otro contingente”, reconoció la semana pasada el presidente canario, Fernando Clavijo. Con el tiempo cada vez más en contra, el Gobierno canario lo apuesta todo al cierre de un acuerdo entre el Ejecutivo central y el Partido Popular para reformar la Ley de Extranjería. Clavijo dijo entonces que aspiraba a alcanzar dicho pacto y aprobar el cambio normativo por la vía del decreto-ley “en un plazo de tres semanas”.
Las partes implicadas se sientan en un momento en el que aún existen diferencias de calado sobre el abordaje del cambio normativo y la financiación correspondiente. El PP pide la financiación por parte del Estado de todas las plazas abiertas una vez se supere el 100% de la ocupación. Y, una vez sorteado el 150%, los populares solicitan no solo su financiación sino también la gestión de la acogida por parte del Estado, algo que en julio el Gobierno lo consideró inasumible al entrar en colisión con el reparto de competencias.
A las dificultades para alcanzar un acuerdo por las cuestiones de fondo se añaden el incremento de las tensiones entre el Gobierno canario y el central, agravadas tras la aprobación de un nuevo protocolo de acogida de menores migrantes en el Archipiélago que ha acabado paralizado por la Justicia de forma cautelar.
El aumento de la tensión entre las partes, según reconoció Clavijo, ha sido parte de la estrategia para empujar las soluciones: “La relación (con el Gobierno central) es tensa. Dentro de la estrategia hay que mover el árbol. Si realmente no elevábamos el tono, la cosa no se iba a mover, el Estado estaba cómodo”. A ello se ha añadido una batalla judicial directa entre el Ejecutivo central y el autonómico, después de que el Consejo de Ministros haya acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la medida tras recibir la luz verde del Consejo de Estado.