Las devoluciones en caliente “vulneran el derecho a la petición de asilo o de protección internacional” de los migrantes en Ceuta y Melilla, defendía el Partido Socialista en 2015. Desde la oposición, Pedro Sánchez se posicionó en la primera línea de batalla contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluía la regularización del “rechazo en frontera”. El PSOE, además de prometer el final de estas prácticas en su programa electoral, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra su legalidad, pendiente de resolución en el Alto Tribunal.
Desde su llegada a La Moncloa, el Gobierno de Sánchez ha diluido los argumentos defendidos entonces para acabar con las devoluciones en caliente hasta hacer suyas las justificaciones con las que el Ejecutivo de Mariano Rajoy trataba de ampararlas. El escrito enviado por la Abogacía del Estado al Tribunal de Estrasburgo, adelantado por El País, ha confirmado el giro de 180º del PSOE en relación a las criticadas expulsiones inmediatas de migrantes en Ceuta y Melilla.
Tras la moción de censura y la subida al poder de Pedro Sánchez, el nuevo Gobierno ha tenido que decidir cuál es su posición sobre las devoluciones en caliente ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, tras el recurso presentado por el Partido Popular a la sentencia que condenaba a España por dos expulsiones inmediatas realizadas por la Guardia Civil en 2013.
El Ejecutivo ha optado por defenderlas. “No hay una expulsión sino una prevención de entrada”, ha explicado la Abogacía del Estado en el documento enviado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “No lograron superar la línea policial” por lo que, añaden, no entraron “en la jurisdicción española”.
El argumento resulta familiar. La hipótesis conocida como la “frontera flexible” construía una de las principales líneas de defensa de las devoluciones en caliente por parte del Partido Popular. En base a ello, el suelo español no empezaba a los pies de la valla hispano-marroquí, sino que su inicio estaría ligado a la línea imaginaria formada por los agentes de la Guardia Civil.
La primera vez que Jorge Fernández Díaz, entonces titular de Interior, desarrolló esta idea ante el Congreso de los Diputados, causó la perplejidad entre los parlamentarios de la oposición y el rechazo de juristas especializados.
Bajo esta teoría, el Gobierno de Rajoy consideraba que los inmigrantes que saltaban la valla no llegaban a suelo español hasta que no superaban la “totalidad del dispositivo antiintrusión”, que incluía el despliegue policial. Según su argumentario, no habría una 'devolución en caliente' sino un 'rechazo en frontera'. A su juicio, los migrantes no habrían entrado a España a pesar de sortear la alambrada fronteriza.
Esta fue una de las ideas plasmadas en el escrito enviado por la Abogacía del Estado a Estrasburgo durante el Gobierno del Partido Popular para defender su posición en el marco de la denuncia contra las devoluciones en caliente de dos personas llevadas a cabo en Melilla en 2013. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó entonces a España y concluyó la ilegalidad de estas prácticas en la sentencia recurrida.
Según explican fuentes de Interior, el Gobierno ha mantenido el texto del recurso interpuesto por el anterior Ejecutivo. “Se pidió a Estrasburgo la decisión de proponer la revisión del recurso, pero el texto presentado no se ha modificado”, afirman desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska. El Ejecutivo tenía la posibilidad de cambiar su planteamiento y solicitó el aplazamiento para estudiar su posición, pero mantuvo la defendida por el Partido Popular.
Desde Interior aseguran que el Ejecutivo “continúa con la intención de abandonar las devoluciones en caliente” pero ha tomado la decisión de mantener el recurso del PP para “esperar a la decisión de la Gran Sala”. Su objetivo es conocer su argumentación con el objetivo de “tener el marco jurídico adecuado” con el que, en su caso, modificar la ley que trata de amparar estas prácticas.
Las primeras devoluciones del Gobierno de Sánchez
El pasado 26 de julio, el primer salto coordinado a la valla de Ceuta tras la moción de censura colocó al Ejecutivo frente al primer examen sobre su compromiso de acabar con las devoluciones en caliente. El resultado se conoció escasas horas después de la entrada de 602 personas a la ciudad autónoma: 27 migrantes fueron expulsados de forma inmediata. Sin ser identificados ni permitir su acceso a asistencia letrada ni intérprete, precisamente las condiciones que, según criticaba el PSOE en 2015, impedían de facto su acceso al asilo.
Interior reconoció entonces no haber ordenado a la Guardia Civil el cese de estas prácticas porque “toda decisión tendría que llegar bajo el acuerdo con la Unión Europea”. Las primeras devoluciones en caliente durante el Gobierno de Sánchez forzaron al ministro del Interior ha explicar su posición real con respecto a la promesa de acabar con ellas.
La respuesta de Grande-Marlaska ya sonaba a Fernández Díaz: “No se ha cometido ninguna irregularidad en base a la legislación vigente. Han sido devoluciones en frontera, sin que se haya pisado el sueño español”, afirmó el actual ministro.
La “legislación vigente” a la que se refería Grande-Marlaska no es otra que la aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, la misma que el PSOE ha llevado al Constitucional. En 2015, el Gobierno del Partido Popular incluyó una disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana que pretendía regular las llamadas “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla.
Las devoluciones en caliente, sin embargo, no empezaron durante la etapa de Mariano Rajoy. Con Zapatero al frente del Gobierno, las expulsiones inmediatas se producían de forma sistemática en el marco de su política fronteriza en Ceuta y Melillla.
Vulneran tres artículos de la Constitución, según PSOE
La polémica incorporación de las devoluciones en caliente en la legislación empujó al PSOE a posicionarse en su contra. Los diputados socialistas apoyaron el recurso de inconstitucionalidad presentado por la mayoría de grupos parlamentarios contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluía la disposición adicional sobre el “rechazo en frontera”. Pedro Sánchez también prometió su derogación en sus últimos programas electorales y volvió a recordar su compromiso en una reciente entrevista con eldiario.es.
En su recurso de inconstitucionalidad, el PSOE sostenía que la disposición adicional tercera de la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula la figura de los “rechazos en frontera”, incumplía tres artículos de la Constitución Española. “El principio de legalidad y la seguridad jurídica” (Art. 9.3), aquel que establece que “los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa” (106) y “la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión” (Art. 24.1).
El recurso, que continúa pendiente de resolución, concluye que la aplicación de los rechazos en frontera “impide que pueda garantizarse la aplicación del principio de no devolución” por el que, añade, “los Estados tienen obligación de asegurarse del trato al que se exponen los migrantes que devuelven a sus países de origen o de procedencia”. La primera firma del documento era la de Pedro Sánchez.
Rechazo de las ONG
Las ONG especializadas en migración han lamentado el cambio de posición de Pedro Sánchez. “Nos parece una falta de coherencia impresionante”, sostiene José Luis Rodríguez Candela, abogado especializado en Extranjería de Andalucía Acoge. “Precisamente los argumentos que presentó el PSOE en el recurso de inconstitucionalidad coinciden con los defendidos por las ONG ante Estrasburgo: la necesidad de individualizar cada caso”, sostiene el letrado.
“Nos parece sorprendente que quien ha firmado el recurso ante el Constitucional ahora mantenga los razonamientos idénticos del recurso del PP”, añade Rodríguez Candela, que recuerda al Ejecutivo su promesa de acabar con la Ley que ampara las expulsiones inmediatas en Ceuta y Melilla.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), condenan la decisión de seguir adelante con el recurso a la condena de Estrasburgo. Para la abogada Paloma Favieres, el informe de la Abogacía del Estado “responde a la lógica” de Sánchez“ de mantener los acuerdos europeos en materia migratoria y seguir una línea de acción consensuada con los Gobiernos comunitarios. ”El Ejecutivo debería primar la legalidad jurídica por encima de los pactos políticos“, ha cuestionado la letrada de CEAR. ”La sentencia de Estrasburgo lo dejó claro con argumentos impecables: se vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos“.