La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha exigido la firma de un pacto de Estado para asegurar el derecho de asilo en España en un momento en el que, recuerda, este país ha atendido el 1% de las solicitudes de protección internacional de toda la Unión Europea, a pesar de ser uno de los Estados fronterizos.
Este ínfimo porcentaje, los constantes retrasos en las respuestas de las peticiones, los fondos insuficientes o los obstáculos impuestos al acceso al procedimiento son algunas de las críticas que, dice CEAR, evidencian la necesidad de blindar el compromiso con los refugiados.
Durante el 2016, España ha recibido 15.755 solicitudes de asilo, el mayor número de su historia, según los datos de Eurostat. No obstante, esta cifra supone un 1% con respecto a las peticiones recibidas en el total de la Unión Europea. “Teniendo en cuenta la magnitud del fenómeno este porcentaje supone una vergüenza en un país como España”, ha cuestionado Estrella Galán, secretaria general de CEAR durante la presentación del informe anual de la organización. La mayoría de personas que pidió protección el año pasado provienen de Venezuela, seguido de Siria y Ucrania.
En cuanto a las solicitudes aceptadas, la ONG cuestiona los “criterios empleados por el Gobierno a la hora de dar protección internacional” ya que, según ha afirmado Galán, “olvida a muchas nacionalidades cuyos conflictos o vulneraciones son menos mediáticos” dado que la mayoría de peticiones aprobadas procedían de personas de origen sirio.
Solo recibieron el estatuto de refugiado el 3,44%
Atendiendo a los datos de Eurostat, en 2016, el Gobierno otorgó algún tipo de protección internacional a 6.855 personas, de ellas, tan solo un 3,44% de ellas fue reconocido con el estatuto de refugiado, que ofrece mayores garantías. La mayor parte de estas personas viajaban desde Siria, Pakistán, Eritrea y Palestina. Por otro lado, el Gobierno aprobó la protección subsidiaria a 6.500 personas, de las que 6.150 eran originarias de Siria.
“Es positiva la protección internacional que el Ejecutivó otorgó a las personas refugiadas de Siria, pero es preocupante que negara ese mismo trato a quienes vienen de conflictos gravísimos, como los de Ucrania y Mali”, expone el informe. “España no es un país de refugio y no hay voluntad política para que haya un país de refugio, concluye Paloma Favieres, coordinadora del departamento judicial de CEAR.
La organización muestra preocupación ante la situación del sistema de asilo español que, según han indicado, se encuentra “saturado” debido principalmente a la “grave disfunción provocada por las 22.000 solicitudes de asilo” que se encuentran sin resolver en la actualidad. “22.000 historias de asilo que se encuentran en una espera insoportable”, señala la secretaria general.
Desde hace años, el Gobierno acumula retrasos en la respuesta de las peticiones que sobrepasa el periodo máximo de seis meses recogido en la Ley de Asilo. “Nos encontramos con personas que han terminado su itinerario completo de acogida como solicitante de asilo y todavía no ha obtenido una respuesta”.
Esta circunstancia unida a los bajos fondos provoca que, en palabras de Favieres, el procedimiento esté al “borde del colapso”. “El sistema de asilo español se está cofinanciando por las ONG”, asevera Galán. “Tenemos que poner nuestros fondos para sostenerlo porque sino es insostenible”, lamenta.
Otro de los fallos del sistema de asilo español, añaden desde la ONG, se encuentra en la dificultad de acceso al procedimiento en las fronteras de Ceuta y Melilla. Desde el año 2014, ambos perímetros cuentan con una oficina de asilo a la que, recuerda, no tienen acceso las personas de origen subsahariano. Pero tampoco los sirios llegan “de forma fácil” a esos puestos, levantados en la zona española de los pasos fronterizos, ya que deben atravesar el control marroquí de forma irregular.
“Esta medida estrella sigue siendo una mentira y un gran fracaso”, añade Galán. A lo que se suma, indica Favieres, las devoluciones en caliente de potenciales solicitantes de asilo que logran saltar las vallas de las ciudades autónoma y acceder a territorio español.
Por otro lado, recuerda la letrada de la organización, se une el aumento de la llegada de pateras a España, a lo que el Gobierno responde “con internamientos inmediatos en los Centros de Internamiento para Extranjeros”, lo que ha provocado el ingreso de solicitantes de asilo. Además, destaca que las solicitudes de la población procedente de Centroamérica, la mayoría relacionadas con la persecución de las pandillas, no suelen ser aceptadas.
Por todas las críticas desarrolladas a lo largo del documentoe, proponen la firma de un Pacto de Estado que incluya una serie de medidas como el desarrollo del Reglamento de la Ley de asilo, pendiente desde 2009; garantizar vías legales de entrada; resolver las solicitudes en el plazo estipulado por la ley; contemplar el enfoque de género en el procedimiento de asilo; rechazar la firma de acuerdos por parte de la UE con terceros países que no respeten sus derechos humanos; así como el cumplimiento de los compromisos en materia de reubicación y reasentamiento.